LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - Apenas 400 euros anuales separan el SMI del sueldo más habitual en España ,. / LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - La moratoria antidesahucios, en el aire con 60.000 lanzamientos de inquiokupas pendientes,. / LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - El Show de Bertín recibe - Sonia Priego, más conocida como 'La Húngara ,.

 

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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS  - Apenas 400 euros anuales separan el SMI del sueldo más habitual en España  , fotos,.

 

Apenas 400 euros anuales separan el SMI del sueldo más habitual en España,.

Las nóminas se igualan por abajo: la distancia entre ambas rentas ha pasado del 40% al 3%,.

 

 La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,.

 

 Los bajos salarios se han instalado en el mercado de trabajo, lo que unido a la inestabilidad que llevan hoy asociados los contratos, incluidos los indefinidos, han hecho de la precariedad laboral una pieza estructural de la economía. «Cuanto más crece el salario mínimo (SMI), menos lo hacen los salarios del resto de trabajadores y más se consolida un fenómeno cada vez más evidente: el de la gran igualación hacia abajo del conjunto de los sueldos». Es una de las principales conclusiones del informe «Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico» elaborado por el Instituto Juan de Mariana, en el que se reclaman medidas que estimulen la productividad.

 

 

 

El trabajo del servicio de estudios tilda el discurso del Gobierno de «simplista» cuando defiende que subir el SMI es «cuestión de justicia social» y que su incremento continuado no acarrea ningún impacto negativo. Explican que, por el contrario, el indicador ya está rozando en España la renta más frecuente. «Y eso -dicen- lejos de ser una victoria, es una señal inequívoca del estancamiento salarial que está experimentando el grueso de la población».

Aseguran los autores del informe que cuando Pedro Sánchez llegó al poder, el SMI se mantenía en el entorno de los 10.000 euros en términos reales, mientras que el sueldo más común se acercaba a los 18.000 euros una vez descontada la inflación. Es decir, que un trabajador percibía 8.000 euros más al año que un asalariado que cobraba el SMI. La situación cambió a partir de 2018, con el goteo de aumentos, que hasta 2023, recuerdan, generaron un encarecimiento del 26% en el coste laboral básico -un 32% entre 2009 y 2023-.

Sus cuentas reflejan que el salario modal, o más habitual, cayó en 2023 a apenas 13.800 euros, mientras que el SMI escaló hasta rozar los 13.370 euros, «lo que convirtió una diferencia de casi 8.000 euros anuales en una brecha de apenas 400 euros», dice el estudio.

Este escenario lleva al Instituto Juan de Mariana a asegurar que «el resultado de la política de rentas que ha impulsado con determinación el presidente Pedro Sánchez y la ministra del ramo Yolanda Díaz es que el salario más habitual del país es ya prácticamente el salario mínimo. La distancia del 40% que llegó a existir entre ambas rúbricas se sitúa ahora en el entorno del 3%», señala.

Pérdida de poder adquisitivo

Al hilo de estos resultados, argumentan los autores del trabajo que «los salarios del tramo central de la distribución —lo que comúnmente se describe como clase media y clase trabajadora— han perdido poder adquisitivo, a base de quedar esencialmente estancados en un contexto de baja productividad, inflación elevada y escaso dinamismo económico. Todo ello -afirman- mientras el salario mínimo ha subido con fuerza a golpe de decretazo».

No pasan por alto el impacto que las sucesivas subidas del SMI han tenido en el empleo. Recuerda el Instituto que el Banco de España alzó la voz para alertar de la reducción del empleo que habría provocado esta política de rentas. Y que sólo el aumento del 22% que se aplicó en 2019 provocó la destrucción de hasta 174.000 empleos. Sin embargo, precisa que el Ejecutivo continuó aumentando el coste laboral, «de modo que la exclusión laboral provocada por este tipo de política fue a más en los ejercicios siguientes». En 2024 el centro de estudios estimó que, al incorporar los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en el cálculo, el número de empleos destruidos por las alzas del SMI fue del entorno de los 210.000, con la estimación de que la cifra alcanzaría los 270.000 a lo largo de 2024. Cepyme cifró en 350.000 los puestos que se dejaron de crear por el SMI.

Tras recordar que España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución de los salarios en las tres últimas décadas, el organismo que dirige Manuel Llamas defiende que cuando el salario mínimo se acerca a la nómina más frecuente, «desaparecen los incentivos para la mejora profesional, la formación y el ascenso laboral, porque la recompensa salarial por progresar se reduce». Agrega que «también se debilita la movilidad social, se presiona a sectores intensivos en mano de obra, se fomenta la economía informal y se dificulta la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores con menor cualificación».

A golpe de decretazo

Las recetas también se ponen encima de la mesa. Precisan que España necesita mejorar sus salarios, pero que pretender lograrlo «a golpe de decretazo es un profundo error». La alternativa pasa, en su opinión, por un modelo que premie la productividad, facilitando un contexto de actividad y rentas crecientes. «La convergencia entre salario modal y salario mínimo debe ser leída -agregan- como una señal de alarma. En un mercado laboral sano, el salario más común no habría experimentado una compresión tan acusada como la que ha ocurrido».

Los datos del estudio reflejan que el SMI supera el 60% del salario medio en 42 de 50 provincias y el 75% en 34 y que en 2024 alcanzó el 78,7% en Ávila, 77,3% en Zamora y 75,8% en Badajoz. En el caso de las pymes, representa hasta el 90,8% del salario medio en Ávila y más del 85% en provincias como Murcia o Alicante.

 

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La moratoria antidesahucios, en el aire con 60.000 lanzamientos de inquiokupas pendientes,.

La medida podría entrar en su sexto año en vigor, mientras los caseros piden su final y denuncian la inacción de los Servicios Sociales para ofrecer alternativas a los arrendatarios,.

Cientos de vecinos y activistas se concentran frente a la Casa Orsola,.

La amenaza de una nueva prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables lleva al límite de la paciencia a cientos de propietarios que llevan desde el estallido de la pandemia en 2020 sin poder recuperar su vivienda. Sumar o Unidas Podemos, principales defensores de la medida, podrían volver a presionar para que a final de año se extienda la norma otros doce meses, como ya lograron forzar en el decreto escoba aprobado en Consejo de Ministros a finales de 2024. Las plataformas proinquilinos cifran en cerca de 60.000 el número de lanzamientos (equivalente al 25% del total de los decretados entre 2020 y 2024) que se desatarían si cae la norma, mientras que el 'lobby' de propietarios de vivienda en alquiler Asval, rebaja esa cifra al 12% del total de los procedimientos existentes, según lo cotejado con sus asociados.

 

Las espadas están en todo lo alto. Los propietarios entienden que no existen motivos para extender la medida porque ya no se dan las circunstancias económicas que muchas familias sufrieron durante lo peor del Covid-19 ni tampoco las surgidas tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, cuando los precios de todos los suministros se dispararon. Fuentes cercanas a Sumar, sin embargo, aseguran que mantienen la misma postura respecto a la medida, por lo que previsiblemente volverán a solicitar a sus socios de Gobierno que la moratoria siga en vigor un año más. «Tenemos dos meses por delante para evaluarlo, pero lo propondremos si no vemos ninguna solución o medida por parte del Ministerio de Vivienda», citan otras fuentes del partido fucsia.

 

Vivienda ha transferido a Sepes también 2.400 suelos, en los que se podrán construir 55.000 viviendas,.

La preocupación entre los grandes propietarios (poseedores de más de 10 viviendas), que es el colectivo al que afecta la medida, también es máxima porque las Administraciones Públicas no están cumpliendo el papel que le presupone la norma. Según una encuesta realizada por Asval, el porcentaje de casos en los que Servicios Sociales ofrece alguna medida como ayudas al inquilino para pagar alquiler o una alternativa habitacional, es inferior al uno por ciento, «ya sea por falta de emisión del informe o porque el informe no ofrece ninguna medida». «Además, cuando sí intervienen, los Servicios Sociales no ofrecen soluciones efectivas: solo el 3% de los casos en los que interviene, la respuesta ha consistido en un alojamiento permanente». 

 

Fuentes del sector confirman además que muchas comunidades autónomas están poniendo trabas cuando los propietarios piden las compensaciones por el impago del alquiler de los arrendatarios, tal y como se contempla en la norma. Señalan, por ejemplo, el caso de la Generalitatde Cataluña, «que suele alegar falta de presupuestos para abonar los pagos» o el de la Junta de Andalucía, que obstaculiza las reclamaciones cuando propietario e inquilino han llegado a un acuerdo extrajudicial, es decir, cuando el casero consigue que el inquiokupa se marche de la vivienda a cambio de una contraprestación económica.

La vía extrajudicial

De hecho, esta es la vía a través de la cual los propietarios están logrando recuperar sus casas, algo que según Asval «pone de manifiesto la quiebra de la confianza en el sistema judicial». En concreto, solo el año pasado, el 80% de las viviendas recuperadas fue mediante este tipo de acuerdos, «generalmente con pago de incentivo al ocupante», según el 'lobby' de propietarios con viviendas en el mercado del alquiler.

Asval cree que la prolongación de la medida «perpetúa» un efecto llamada' a las ocupaciones ilegales» y pide medidas alternativas a la suspensión de los desahucios como la creación de programas de ayudas para el pago del alquiler o de acompañamiento o la elaboración de protocolos de actuación para regular la intervención de los Servicios Sociales.

Frente a la visión de los propietarios, esta la posición de las asociaciones proinquilino que piden prorrogar la medida aprobada en marzo de 2020 como parte del escudo social del Gobierno durante el Covid-19 para que no se ejecuten los 58.000 lanzamientos que el Observatorio Desca y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) calculan que había pendientes de resolver al cierre de 2024. Esta última asociación se apoya en partidos como Sumar para que no decaiga la norma y el partido de Yolanda Díaz incluso quiere subir la apuesta: hace dos semanas planteó en el Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley (PNL) la incorporación al parque público de vivienda «aquellos hogares amenazados» con desahucio y la expropiación de viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. El ala más a la izquierda del Gobierno quiere coger la batuta de esta materia en el seno del Ejecutivo y presiona al ministerio del ramo para que le apoye en estas y otras medidas como la congelación de los contratos de alquiler durante tres años.

 

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El Show de Bertín recibe  Sonia Priego, más conocida como 'La Húngara ,.

La Húngara canta en directo la legendaria canción de Los Chichos "Libre",.

 

La cantante sevillana compartió escenario con Los Chichos y se nota por el cariño y la 

 

 

admiración con la que presenta el tema que interpreta en directo en su recuerdo. La canción 

 

 

que el público conoce como "Libre" es, en realidad, "Quiero ser libre", una de las piezas fundamentales que catapultó al trío a la fama con su primer sencillo en 1974.

 

 

Compuesta por el carismático Juan Antonio Jiménez Muñoz, "El Jero", la letra es un emotivo y desgarrador testimonio en primera persona de un hombre que se consume de arrepentimiento 

 

 

tras las rejas. Lejos de ser una simple melodía, la canción se convirtió en un himno de la rumba flamenca al tratar sin tapujos la marginalidad y la vida en prisión, un tema que resonaba profundamente con su audiencia.