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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS  -  Las 'big four' de la energía española ganan 1.200 millones más en el año del apagón, fotos,.

 

 

Las 'big four' de la energía española ganan 1.200 millones más en el año del apagón,.

Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol miran hacia los negocios regulados e intentan capear las tensiones geopolíticas,.

 

La apuesta renovables ha menguado.

Las cuatro grandes compañías energéticas españolas, que abarcan todo el espectro de negocio, han tenido un gran 2025. Un ejercicio marcado por el apagón –y las tensiones geopolíticas que no paran de crecer–, pero que se ha resuelto de manera positiva. En concreto, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol han ganado 1.248 millones más que en 2024, un 11% más que demuestra el buen estado de salud.

 

Algunas de ellas se han apuntado resultados récord y, para reforzar esa tendencia, sus pronósticos de futuro apuntan a mejorar la situación. Iberdrola es la gran abanderada, con un beneficio de 6.285 millones de euros (+12%), y una perspectiva inmejorable, prevé para 2028 superar los 7.600 millones en ganancias. La electrificación será la clave, dentro y fuera de España.

Esa es la clave también para Endesa, cuyo principal foco está en España, y también espera que el rendimiento del negocio regulado sea clave. La eléctrica ha ganado 2.198 millones (+16%), y las previsiones que tiene en materia de demanda eléctrica le invitan a ser muy optimistas. Estiman que crezca a 315 TWh en 2030 –y hasta 520 TWh en 2040– desde los 269 TWh de cierre de 2025.

Ambas eléctricas comparten la singularidad de una apuesta por el desarrollo e inversión de infraestructura, aunque la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tiene la peculiaridad de que esa apuesta también la desarrolla en Estados Unidos y Reino Unido, dos países que necesitan de manera urgente reforzar sus redes eléctricas.

Los otros negocios

La transversalidad a esta bonanza energética la representa Naturgy, que ganó en el pasado ejercicio 2.023 millones (+6%), y tiene muy clara –y diversificada– su hoja de ruta. Se suman a la última moda y ya trabajan para capturar las oportunidades de los centros de datos; asimismo, esperan mantener la resiliencia de su negocio de redes de distribución (tanto eléctricas como de gas); y además seguirán con el desarrollo renovable pero «manteniendo su disciplina financiera en el análisis de inversión». Una cuestión, la apuesta por las tecnologías verdes, que todas las compañías lo revisan con lupa.

Repsol también se suma a la fiesta con un beneficio de 1.899 millones (+8%) y una estrategia multienergética donde no pierde la esencia de su tradicional negocio con el crudo de exploración y producción, pero que se ha sumado también a la comercialización eléctrica y el desarrollo renovable.

En este contexto, la diversificación de los negocios se ha mostrado esencial. Por un lado, las renovables son –y serán– esenciales, pero existe cierta incertidumbre sobre la velocidad a la que se debe invertir; sobre todo, por el retorno que dejará en la caja. Esto es lo que ha llevado a todas las compañías a enfocarse en sus propios 'cores' y, a poder ser, en negocios regulados donde las retribuciones son estables, aunque a veces sean menores de lo esperado.

También será importante, para los negocios gasistas y petroleros, el coste de las materias primas. En los últimos meses las tensiones geopolíticas han introducido importantes variables de incertidumbre. Por eso, será esencial anticipar compras y contratos a largo plazo para disponer de una mayor estabilidad.

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Cristina Herrero: «Este gobierno o el que venga tendrá que hacer ajustes fiscales ya el próximo año»,.

Lamenta que no se haya generado un colchón fiscal para sortear las crisis sin necesidad de hacer ajustes o endeudarse,.

 

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero.

Cristina Herrero se dispone a cerrar este martes su mandato de seis años al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Accedió al cargo por promoción interna tras el fin de ciclo del hoy gobernador del Banco de España y ex ministro del Gobierno, José Luis Escrivá, y no oculta su deseo de que el próximo presidente de la institución salga también de su prestigioso equipo de analistas. Eso sí, no seguirá los pasos de su predecesor. Se lo impide una convicción personal: el supervisor no puede pasar sin solución de continuidad a la condición de supervisado.

 

Inició su mandato en marzo de 2020, justo antes de la pandemia. ¿Las cuentas públicas son ahora más o menos sostenibles que entonces?

 

Si se mira el corto plazo, la situación es mejor que hace seis años. Cuando llego, España acababa de salir del Procedimiento de Déficit Excesivo y la prioridad era mantener el déficit por debajo del 3%. Ahora no hay ese problema. Prevemos que el déficit esté por debajo del 3% los dos próximos años. Pero eso no ha conseguido que nuestra visión de medio y largo plazo cambie. En este periodo hemos identificado problemas en los que antes no habíamos entrado de forma explícita y el diagnóstico es similar: tenemos el reto de la productividad, de la reforma del marco fiscal nacional, de reducir la deuda sobre PIB y de garantizar la eficiencia del gasto público.

 

¿Se ha perdido una oportunidad única de poner las cuentas en orden?

Nos cuesta aprender de los errores. Hemos vivido una sucesión de shocks y el contexto internacional es lo suficientemente incierto para pensar que pueden seguir ocurriendo. Esto obliga a generar márgenes fiscales para tener capacidad de reacción cuando venga una crisis. La reforma del marco fiscal europeo da pasos en ese sentido al poner en el foco el crecimiento del gasto en lugar del déficit, lo que permitirá evitar restricciones cuando las cosas vayan mal y generar espacios fiscales cuando vayan bien. ¿Qué ha pasado con el aumento de ingresos de estos años? Que como las cosas iban bien no se ha hecho caso a la regla de gasto y la prueba es que en 2024 la incumplieron el Estado, 16 comunidades autónomas y buena parte de las entidades locales.

¿Cómo ve la responsable de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas que se normalice la ausencia de Presupuestos?

No tener Presupuestos tiene consecuencias, institucionales y económicas. No hay debate parlamentario pero el Gobierno sigue tratando de gobernar y eso le obliga a negociar medida a medida con el coste político y económico que hemos visto que tiene. Los agentes económicos necesitan esa previsibilidad en la actuación pública porque proporciona un ancla para sus expectativas. Se dice que no pasa nada, pero, por ejemplo, tiene efectos sobre las decisiones de inversión.

Se dice que no ha afectado al crecimiento...

Ese cortoplacismo es el que tenemos que vencer la instituciones fiscales independientes. La ausencia de planificación presupuestaria hace que se viva en el ahora, pero no se puede pensar solo en el ciclo electoral. Este año va a ser el último en que el déficit se reduzca sin tener que hacer nada, en 2027 este gobierno o el que venga tendrá que adoptar ajustes para cumplir con los compromisos de gasto del plan fiscal estructural acordado con Bruselas.

«No creo que el Estado pueda asumir la pérdida en un solo ejercicio de los 20.000 millones de gasto que prevé la reforma de la financiación autonómica»

¿Vienen curvas?

Hay factores que han ayudado a reducir el déficit y a crecer sin hacer demasiado: la entrada de inmigrantes, un patrón de consumo que ha ayudado el turismo, o la menor dependencia del gas ruso. Cuando pierdan fuerza, prevemos que el crecimiento pase de una media del 2,5% a alrededor del 1,3% a largo plazo. Si queremos mantener la deuda en la senda decreciente a la que obliga Europa habrá que tomar medidas

¿Le preocupa el futuro de las cuentas públicas?

Vuelvo a la importancia de que haya Presupuestos y planificación plurianual. Es importante anotar a qué nos comprometemos porque puede llegar un momento en que no podamos hacer frente a todo lo que nos hemos comprometido: financiación autonómica, quita de deuda, gasto en Defensa, ayuda oficial al desarrollo, pensiones...Ahí está la responsabilidad de un gobernante porque las políticas una vez instaladas son muy difíciles de revertir. No hay un documento que refleje todo esto y creo que es una tarea que tendrá que hacer Airef: identificar todos esos compromisos y el riesgo asociado.

La propuesta de reforma autonómica del Gobierno plantea la cesión de 20.000 millones del Estado a las CC.AA.

A la Airef no le corresponde evaluar cómo se organiza territorial o financieramente el país, pero sí lo que afecte a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Nos falta conocer datos importantes como si esos 20.000 millones que se cederían a las autonomías se transferirán en un año o, como hacía el anterior sistema, de forma progresiva en varios ejercicios, y si habrá algún tipo de condicionalidad fiscal al gasto de las comunidades autónomas. Perder 20.000 millones de euros en un año es difícil de acomodar si se ve la actual capacidad de gasto del Estado y se tiene en cuenta los compromisos pendientes por condonación de deuda, gasto en defensa, pensiones...

¿No lo ve factible?

No creo que el Estado pueda asumir la reducción de capacidad de gasto que le supondría renunciar a esos ingresos. Hay que tener en cuenta que cuanto menores sean sus recursos, menor será su capacidad de reacción frente a futuros shocks y ya se vio en la pandemia que fue el Estado el que asumió toda la factura. Nuestras previsiones dicen que en los próximos años las CC.AA. van a tener equilibrio presupuestario mientras que será el Estado el que asuma todo el déficit. Hay que ver si esto tiene sentido.

¿Están satisfechos con los resultados de sus análisis del gasto?

La evaluación tiene que pasar a ser una función de pleno derecho de la Airef, con las mismas salvaguardas que la supervisión fiscal. Eso requiere reformar la Ley de la Airef e implica darnos la capacidad de aceptar o no los encargos del Gobierno y de priorizar qué se evalúa porque esa es la forma de respetar la autonomía de una institución independiente. Los análisis forman parte de los compromisos del Gobierno para extender de cuatro a siete años el plan de ajuste fiscal y en el segundo trimestre de 2027 el Gobierno tendrá que informar de qué medidas va a aplicar para conseguir una reducción de la ratio de gasto público PIB de una décima anual, y en 2028 tiene cómo se han integrado en el Presupuesto y qué ahorro presupuestario implicarán.

¿Le ha quedado algo por hacer?

Conseguir que no nos vean como una china en el zapato. La supervisión fiscal no es esperar a que las cosas se hagan para decir que están mal, sino ayudar a que se hagan bien desde el principio. Las comunidades autónomas lo han entendido y nos han pedido ayuda, pero no lo hemos conseguido con la Administración Central.

 

TITULO:LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea -  El Show de Bertín recibe - Pablo Puyol ,.

 LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea -  El Show de Bertín   recibe  - Pablo Puyol   ,.  fotos,.

El Show de Bertín recibe - Pablo Puyol ,.

 

Pablo Puyol y  Bertín  ,.

El actor se postuló para actuar en "Jesucristo Superstar" y "Los Miserables", producciones en las que que finalmente no participó.

 

Pablo Puyol, que atraviesa uno de los mejores momentos a nivel profesional, visita por primera vez el plató de  El show de Bertín donde repasa una trayectoria que le ha convertido en uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país. 

 

El actor, bailarín y cantante repasa junto a Bertín los momentos que han marcado su carrera, habla de los proyectos que han definido su vida profesional y abre su corazón para compartir algunos de los episodios más personales vividos en los últimos años, entre ellos, su matrimonio y el fallecimiento de su madre. 

 

A pesar de su dilatada carrera, especialmente en el ámbito del teatro musical, Puyol 

 

sorprende al confesar su asignatura pendiente: la "espinita" de no haber formado parte de producciones icónicas como "Jesucristo Superstar" o "Los Miserables".

Natural - Hoyocasero, Avila ,. / Los Reporteros Canal Sur Televisón - EE.UU. atacó Irán porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear ,. / Tierra y Mar - Llega el tomate Oyín, el producto estrella del campo almeriense ,. / REVISTA EPOCA - Economía - Grandes empresas españolas se exponen a sanciones millonarias de Trump por Cuba ,.

 

 TITULO:  Natural - Hoyocasero, Avila ,. 

 Natural  La Sexta emite este miércoles -  29 - Julio a las 22:30 horas, foto,.

 Hoyocasero, Avila ,.

 

 El Pinar de Hoyocasero es un tesoro botánico desconocido, sus plantas en peligro de extinción lo hacen muy valioso. Antonio Carmona nos acompañará en esta ocasión y le enseñaremos el arte de este bosque.

 

TITULO: Los Reporteros Canal Sur Televisión - EE.UU. atacó Irán porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear,.

El Sabado - 25 - Julio  a las 21:30 por Canal Sur Televisión,foto,.

EE.UU. atacó Irán porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear,.

La escalada del programa iraní, el golpe de 2025 y el fracaso del diálogo en Ginebra llevaron a la Casa Blanca a la ofensiva que decapitó al régimen,.

 

Jamenei, en una ceremonia de las fuerzas armadas en Teherán.

Donald Trump dio a Irán un ultimátum claro: debía renunciar al enriquecimiento y aceptar suministro exterior de combustible nuclear para un uso estrictamente civil; de lo contrario, el ataque del 27 de junio de 2025 sería solo un aperitivo. En Teherán, los ayatolás pensaron —como Nicolás Maduro en su momento— que el presidente estadounidense iba de farol. Solo después comprendieron hasta qué punto hablaba en serio.

El programa nuclear iraní, presentado por Trump como la razón central para ordenar el ataque del 28 de febrero, es el hilo más persistente de la confrontación entre Washington y Teherán desde hace más de dos décadas. La pelea no es solo si Irán quiere o no una bomba, sino cuánto tarda en poder construirla si toma esa decisión, qué capacidad industrial conserva y qué margen real tienen los inspectores internacionales para verificarlo. En la Casa Blanca lo traducen a un cálculo político: el día que Irán pudiera rozar el 90% con rapidez, el coste de frenarlo se disparaba y la ventana de decisión se estrecharía hasta quedar reducida a unas horas.

Los orígenes del programa se remontan en realidad a antes de la Revolución Islámica de 1979, pero el foco estadounidense se enciende en 2002, cuando un grupo opositor denunció la existencia de instalaciones nucleares secretas y el asunto dejó de ser un proyecto energético para convertirse en una crisis de proliferación en pleno ciclo posterior al 11-S. Desde entonces, Irán ha defendido que su programa es civil y que tiene derecho a enriquecer uranio como Estado soberano, mientras Estados Unidos y sus aliados han leído ese enriquecimiento como el punto de partida técnico del camino hacia un arma nuclear, porque quien domina el ciclo del combustible reduce su dependencia exterior y gana autonomía estratégica.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sostenido que, hasta 2003, Irán desarrolló un «programa estructurado» con actividades relevantes para un dispositivo nuclear. La evaluación posterior dominante en la inteligencia occidental fue que Teherán detuvo un programa formal de armas ese año, pero no abandonó conocimientos, infraestructura ni la capacidad de aproximarse de nuevo a esa meta. Ese matiz —no hay bomba declarada, pero sí toda una plataforma industrial y científica— es lo que alimentaba la tensión permanente: sanciones cuando avanzaba, negociación cuando se estancaba, amenazas cuando se aceleraba.

Hubo mucha presión hasta que Barack Obama decidió abrir una vía de deshielo con límites y verificación. El acuerdo de 2015 intentó cerrar el debate con un intercambio clásico: restricciones a la producción y un régimen de inspecciones de la OIEA a cambio de alivio de sanciones. En términos prácticos, Washington aceptaba que Teherán siguiera enriqueciendo, pero a niveles bajos y bajo vigilancia intensa. La lógica era ganar tiempo y previsibilidad.

La objeción, desde el primer día, fue política: el pacto nacía con un problema interno en Estados Unidos y con una contestación frontal de Israel. Los republicanos y Benjamín Netanyahu lo consideraron demasiado permisivo por su carácter temporal y por dejar fuera el programa de misiles y la red de milicias aliadas de Irán en la región. Netanyahu fue invitado entonces a repudiarlo en el Capitolio, en una escena que tensó la relación con los demócratas y dejó el acuerdo marcado como una herencia frágil.

Trump, en su primer mandato, retiró a Estados Unidos del pacto en 2018 y reimpuso sanciones dentro de una estrategia de «máxima presión». Su argumento fue que el acuerdo era insuficiente y que, a largo plazo, normalizaba a Irán como potencia nuclear latente.

JUNIO DE 2025

El OIEA manejaba cifras de un stock significativo de uranio al 60%

A partir de ahí, Irán dejó de cumplir gradualmente los límites del acuerdo y fue escalando el programa. Con el tiempo, el enriquecimiento avanzó hacia niveles que ya no encajan con un uso civil, deel 60%. No es grado militar, que suele situarse en torno al 90%, pero es un escalón muy, muy cercano.

En términos técnicos, enriquecer hasta el 60% implica haber completado la parte más costosa del proceso; el tramo final hasta el 90% puede ser más rápido si ya existe material y si las cascadas de centrifugadoras están disponibles. El director general del OIEA, Rafael Grossi, lo ha descrito como «cuestión de semanas, no de meses ni años» para enriquecer del 60% al 90%.

En junio de 2025, antes de que Estados Unidos atacara, el OIEA manejaba cifras de un stock significativo de uranio al 60%, y se citaba que alrededor de unos 42 kilos de ese material podría bastar, si se enriquece más, para el material de una bomba.

La inteligencia estadounidense, por su parte, hablaba de plazos cortos para producir uranio de grado militar si existiera la decisión política: probablemente menos de una semana para acumular material suficiente para una primera bomba, mientras que construir un artefacto podría llevar meses.

Ese escenario llevó al ataque del 27 de junio de 2025 contra Fordow, Natanz e Isfahan, las instalaciones nucleares de Iran, presentado por Trump como una demolición del programa. La OIEA habló de daños severos, pero no de destrucción total, y la gran incógnita se mantuvo, ¿cuánto material quedó, dónde estaba y cuánto podía reconstituirse?

Tras esos golpes, el organismo retiró inspectores por seguridad y la cooperación se degradó. Hubo inspecciones posteriores, pero no en las instalaciones golpeadas, y se habló de actividad «no explicada» en emplazamientos relacionados con el programa. Imágenes via satélite mostraron trabajos en edificios dañados y signos de actividad. La lectura en Washington fue doble: Irán había perdido infraestructura, pero no su conocimiento; podía reconstruir, aunque fuera más lento, y además podía jugar con la opacidad para aumentar la incertidumbre.

La Casa Blanca volvió a la vía diplomática en febrero de 2026 con negociaciones en Ginebra, en paralelo a un despliegue militar en la región que funcionaba como presión y como recordatorio. Esta ronda se desarrolló con demandas máximas. Los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner fueron a exigir que Irán desmantelara sus tres principales instalaciones nucleares (Fordow, Natanz e Isfahan) y entregara todo su uranio enriquecido restante a Estados Unidos. Washington también planteó que cualquier nuevo acuerdo no tuviera fecha de caducidad, es decir, que fuera «para siempre» y no incluyera cláusulas que vayan levantando restricciones con el paso del tiempo.

Washington ofrecía alivio de sanciones limitado, gradual y condicionado a cumplimiento prolongado. Teherán buscaba alivio sustancial y rápido para una economía debilitada y un clima social que, según el relato de la propia Administración Trump, se estaba volviendo explosivo. En esa negociación, el programa nuclear no era solo una cuestión técnica: fue el último gran instrumento de presión que conservaba Irán y el argumento más potente de Trump para justificar una escalada militar si no había acuerdo.

 

TITULO: Tierra y Mar -   Llega el tomate Oyín, el producto estrella del campo almeriense  ,. 

Domingo - 26 - Julio a las 14:00 horas por Canal Sur Televisión, foto,.

Llega el tomate Oyín, el producto estrella del campo almeriense,.

El tomate ha sido tradicionalmente el producto estrella del campo de Almería, en los últimos años ha ganado terreno el pimiento situándose a la cabeza de los productos exportados.

Para poder sobrevivir se ha optado por la especialización y hay nuevas variedades de tomate con sabor y calidad inigualables. Les  presentamos uno nuevo, el Oyín, y vamos a la mayor cooperativa comercializadora de tomate de Europa, viendo también otras variedades y cómo funcionan las subastas.

Tomate raf, pera, cherry, ojo de buey... y ahora Oyín. Hay más de 20 variedades de tomate en la Cooperativa CASI que es la mayor comercializadora de tomate de toda Europa. Competir con calidad e innovación para conquistar los mercados y hacer frente a las exportaciones de terceros países como Marruecos o Turquía es el futuro de la agricultura de nuestra tierra. Por eso, empresas de semillas, multinacionales no paran de innovar, pero también pequeños agricultores, uno de ellos, José Miguel Martínez ha montado una pequeña empresa de semillas y han sacado esta variedad: el oyín tomate negro muy parecido al raf, muy dulce, crujiente pero más suave y más fácil de cultivar.

Una innovación made in Almería que ha cundido de boca en boca por los agricultores que han plantado ya 20 hectáreas de invernaderos. 

 

TITULO:  REVISTA EPOCA - Economía - Grandes empresas españolas se exponen a sanciones millonarias de Trump por Cuba  ,.  

  REVISTA EPOCA - Economía - Grandes empresas españolas se exponen a sanciones millonarias de Trump por Cuba ,.   fotos ,.

Grandes empresas españolas se exponen a sanciones millonarias de Trump por Cuba,.

Una nueva orden ejecutiva pone en riesgo operaciones en la isla tanto de las cadenas hoteleras como del sector financiero,.

 

Uno de los hoteles gestionados por Meliá en La Habana (Cuba).  

Las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba adoptan una nueva dimensión y disparan el riesgo para las empresas españolas con intereses en la isla. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha emitido una nueva orden ejecutiva por la cual grandes compañías de nuestro país podrían llegar a ser sancionadas por realizar operaciones con ciertos grupos y ciudadanos cubanos. 

 

Hasta la fecha, EE.UU. podía bloquear operaciones de empresas y personas estadounidenses con Cuba. Aunque con ciertas excepciones, los actores comerciales extranjeros sin vínculo con Estados Unidos estaban en gran medida protegidos de riesgos de sanciones. Eso cambia radicalmente con el nuevo marco ya que se autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro americanos a sancionar a cualquier persona o empresa extranjera que negocie con ciertos actores de Cuba cuando se cumplan varios criterios, como indica el despacho internacional Squire Patton Boggs en una nota a clientes.

Así, se autoriza la imposición de sanciones a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, pero también se deja abierto a fijar sanciones contra cualquiera que haga transacciones con el Gobierno del país o empresas o personas sancionadas bajo esta nueva orden. También abarca transacciones significativas de bancos con sujetos sancionados.

Por el momento, la lista de sancionados bajo la nueva orden y con los que, por tanto, no se pueden realizar transacciones comerciales es corta pero de calado: el holding militar Gaesa, su presidenta y la minera Moa Nickel. La clave es Gaesa ya que, según el propio Estados Unidos, controla el 40% de la economía cubana; por ejemplo, todo el negocio turístico en la isla.

El hecho de tener vínculos financieros u operativos con Gaesa expone a las empresas españolas a ser sancionadas por Estados Unidos. Sanciones que podrían implicar bloqueos de activos, sanciones monetarias, dificultades para operar en dólares… un abanico amplio para que se deje de hacer negocios con la isla.

«Desde el punto de vista jurídico es un cambio importante ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera. Aquellas empresas que estén en Cuba va a ser más complicada su existencia en el país. Habrá un escrutinio mucho más importante por parte de bancos, aseguradoras y socios a la hora de hacer negocios allí y muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar», explica José María Viñals, socio en Squire Patton Boggs, quien añade que «las entidades financieras tendrán que hacer un análisis muy exhaustivo y revisar su historial de crédito con la isla».

Fuentes empresariales señalan que el asunto es «muy delicado» para ciertas compañías españolas y que algunas tendrán que tomar la decisión de si continuar o no operando en ese país al estar bajo el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos. Desde despachos de abogados señalan que ya se han producido consultas de empresas españolas sobre cómo proceder ante este riesgo.

Golpe a compañías españolas

En el mundo empresarial califican el asunto de «muy delicado» y creen que habrá quien tenga que decidir si continúa o no en el país

Ignacio Aparicio, executive partner de Andersen y socio responsable del Cuban Desk, explica que las preocupaciones de las compañías abarcan: «La validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE.UU.; y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso. Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo».

El experto de Andersen cree que de forma gradual y selectiva habrá una cierta retirada de empresas españolas de Cuba y añade que la cada vez más fuerte presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar al valorar su estrategia en la isla», aunque, de todas formas, no prevé una retirada total de las empresas españolas. A nivel internacional, la minera canadiense Sherritt International ya ha anunciado el cese inmediato de su participación directa en empresas mixtas en la isla.

Viñals, de Squire Patton Boggs, coincide en que estas nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba» ya que se pueden usar como una herramienta de política exterior y de seguridad y que, en todo caso, «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos» ya que dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus compañías.

Exposición española

Dentro de este marco, las empresas españolas más expuestas a Cuba están en el sector turístico y en el financiero. Cadenas como Meliá, Barceló e Iberostar gestionan hoteles en el país; otros como Banco Sabadell y una entidad de Javier Botín llamada Alto Cedro representan la exposición del sector financiero.

Pero sin duda las más importantes que operan en Cuba son las hoteleras. Según el ICEX, las empresas turísticas españolas gestionaban el año pasado unas 30.000 habitaciones en la isla, de las cuales unas 3.000 son en régimen de empresa mixta y el resto en régimen de CAD (contratos de administración hotelera), «la forma más utilizada en Cuba». La mayor parte de estos contratos de administración se centran en hoteles de 5 y 4 estrellas «siendo España el líder indiscutible en estos dos niveles», destaca la entidad en un informe fechado a mayo de 2025.

Como marcas españolas presentes en la isla, la entidad menciona a Meliá, Iberostar, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. También destaca que «alguna de ellas tiene planes de expansión». Asimismo apunta a que hay varias empresas que están involucradas en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, tres de las cuales tienen acuerdos firmados con las autoridades cubanas. Pero en este punto, el ICEX destaca que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración Trump «ha introducido incertidumbre respecto a la marcha de algunas de estas inversiones». Esta norma da derecho al país norteamericano a demandar a empresas que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas.

La mayor de todas ellas es Meliá, que dispone de alrededor de más de 14.000 habitaciones en la isla, repartidas en 34 establecimientos. Una cifra que solo supera en España y en la región Emea (Europa, Medio Oriente y África). Solo el año pasado, la compañía abrió tres hoteles en el país caribeño, uno de ellos de 771 habitaciones en Varadero, la mayor de las aperturas en el mundo durante ese año para la firma balear. La singularidad de este mercado está en que todos los hoteles que opera son en calidad de gestión porque la propiedad de todos los inmuebles es del Estado.

Sector turístico

30.000

habitaciones en la isla

Esto es lo que gestionaban en Cuba las hoteleras españolas, entre las que destacan Meliá e Iberostar como grupos con mayor volumen de negocio

Pero no es la primera vez que la empresa familiar se expone a las amenazas de la Administración Trump. Ya en el primer mandato del actual presidente estadounidense, Washington incluso llegó a vetar la entrada a EE.UU. del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tras decidir aplicarle la Ley Helms-Burton. Bajo ese paraguas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó una notificación a Escarrer en octubre de 2019 avisándole de que no podría entrar al país, si no aceptaba una serie de condiciones sobre su operativa en Cuba. Meliá, en cambio, decidió no seguir la directriz del ejecutivo estadounidense alegando que era contraria al derecho europeo.

Siete años después de aquel suceso, Meliá dispone de casi 2.000 habitaciones y cinco hoteles menos que entonces, pero porque tras el Covid-19 la recepción de turistas internacionales a la isla se ha desvanecido casi a cero alentado por la crisis de suministros. La puntilla llegó a principios de este año, cuando el bloqueo energético y comercial de EE.UU a Cuba dejó sin disponibilidad de combustible a las aerolíneas, lo que ha llevado a compañías como Iberia a cancelar su operativa en la isla desde junio. Ahora, Meliá reconoce que solo tiene abierta el 50% de su capacidad en la isla y que depende casi exclusivamente del turista nacional, por lo que su actividad es mínima.

Junto a Meliá, hay otras hoteleras españolas que podrían estar expuestas a las sanciones. Otro ejemplo sería Iberostar. La compañía de la familia Fluxá dispone de 18 hoteles en el país y le supone uno de los mercados más importantes. Hace dos años reconoció un beneficio antes de impuestos en el país de 9,7 millones, sobre un global para todo el mundo de 196,9 millones.