El Objetivo La Sexta - SALVADOS LA SEXTA - La noche encendida - Oficina - Economia - El grupo Tragsa llega a 2.020 millones de ingresos en España, un 17% más ,. / La hora de los Fósforos - La Cope - CARLOS HERRERA - El señor de los bosques - Gargantilla del Lozoya ( Madrid ) ,. / RADIO - TELEVISION - EL TRANVÍA DEL TIEMPO - EL BOTIJO - Cine Bigote - ¿En qué piensan las mujeres? ,. / Comando actualidad - Las grandes tecnológicas se lanzan al negocio de la guerra: así se militariza Silicon Valley,. Jueves -7 , 14 - Agosto ,. / LAS GAFAS ROJAS - Reventa de entradas, ‘greenwashing’, derecho a reparar…: la gran revolución del consumo se enfrenta a la dura aritmética parlamentaria ,. / EN PORTADA CRONICAS MUJERES VIAJERAS - Un millar de personas exige en Chipiona que un comité científico evalúe los vertidos mineros al Guadalquivir ,. Jueves - 7 , 14 - Agosto ,.

 TITULO: El Objetivo La Sexta - SALVADOS LA SEXTA -  La noche encendida  - Oficina - Economia -  El grupo Tragsa llega a 2.020 millones de ingresos en España, un 17% más ,.

  La noche encendida,.
 
  'La noche encendida' no será solo un programa de charlas, espectáculo, música, comedia, sorpresas e invitados, presentado por Pedro Ruiz, por La 2,foto,. etc,.

 

El grupo Tragsa llega a 2.020 millones de ingresos en España, un 17% más,.

Su plantilla en Extremadura se sitúa en torno a los 750 trabajadores,.

 

foto - Retirada de camalote en el río Guadiana a su paso por Mérida. Actuación del grupo Tragsa,.

Otro grupo empresarial público pero de dirección estatal, también ha alcanzado registros históricos. Tragsa, en el que se incluyen Tragsa y Tragsatec, ha cerrado 2024 con una cifra de negocio de 2.020 millones, superando la de 2023 en un 17,4%.

Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El accionista mayoritario es la propia SEPI, con el 51,0024 %, seguido del FEGA (Ministerio de Agricultura), con un 38,8%, la Dirección General del Patrimonio con un 9,8%, y el resto de las 17 comunidades autónomas.

Según se conoció en la junta general de accionistas de hace un mes, Grupo Tragsa cerró el año pasado con una cartera de negocio de casi 4.000 millones, mejorando la del año anterior en 1.156 millones, un 41% superior y «marcando un nuevo máximo histórico», explica la sociedad pública.

La junta general de accionistas dio luz verde un resultado positivo de91,3 millones después de impuestos. De ellos, se destinará 67,5 millones al pago de dividendos a las diferentes administraciones titulares de las acciones.

Las cuentas de Tragsa han subido por, sobre todo, encargos financiados por el instrumento Next Generation, casi todos ellos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En mayo contaba con alrededor de 28.700 trabajadores, unos 750 en Extremadura.

En la región ha realizado tareas de coste millonario (más de 50 millones) como la retirada de camalote en el tramo medio del Guadiana. Y va a retirar el nenúfar mexicano en el término de Badajoz. Ahora va a cobrar casi 20 millones por las obras del regadío de Monterrubio de la Serena. 

 

TITULO:  La hora de los Fósforos - La Cope - CARLOS HERRERA - El señor de los bosques - Gargantilla del Lozoya ( Madrid ),.

  La hora de los Fósforos - La Cope - CARLOS HERRERA - El señor de los bosques  - Gargantilla del Lozoya ( Madrid ) , fotos,.

 Gargantilla del Lozoya ( Madrid ),.

 

 En la Gargantilla del Lozoya, en plena sierra madrileña, el periodista Quico Taronjí recorre con Vicente Sevilla este entorno rico en encinas, robles y fuentes de agua. En el camino, descubren unos falsos níscalos de la encina, una pipa, unos pie azul y unos Páxilo enrollado. 

 

 

Durante la ruta, conversan con una bióloga experta en aves migratorias y con Carolina, una química que les explica la importancia de los principios activos de las plantas medicinales. En la cocina, el chef Diego Ferrer les propone una receta de repollo relleno de arroz basmati, pimentón, gambas y los pie azul.

 

TITULO:  RADIO - TELEVISION - EL TRANVÍA DEL TIEMPO - EL BOTIJO -  Cine Bigote - ¿En qué piensan las mujeres?,.  

 RADIO - TELEVISION - EL TRANVÍA DEL TIEMPO - EL BOTIJO - Cine Bigote - ¿En qué piensan las mujeres?  ,.  fotos,. 

 ¿En qué piensan las mujeres?,.

 

 Nick Marshall es un divorciado que trabaja en el mundo de la publicidad y que se considera a sí mismo como un seductor irresistible. Todo cambia tras padecer un accidente que le otorgará la capacidad de saber qué es lo que piensan las mujeres. Esta cualidad modifica sus relaciones con los personajes femeninos de su entorno, con los que poco a poco empieza a identificarse. 

 

La directora Nancy Meyers (''Tú a Londres y yo a California'') construyó un papel a la medida de Mel Gibson que el actor aprovechó para su lucimiento personal. Además, le ayudó a suavizar la imagen de machista que tenía asociada. Una estrategia que funcionó perfectamente 

 

 

en taquilla, donde recaudó cerca de 150 millones de euros solo en Estados Unidos. Este éxito también se debió a la presencia de Helen Hunt, lanzada a la fama gracias a la serie ''Loco por 

 

 

ti'' y que se convirtió en una de las actrices más solicitadas del Hollywood del nuevo milenio. Todo ello pudo ser muy diferente de haber lanzado el proyecto en 1996, cuando la película iba a llamarse ''Head Games'' con Tim Allen como protagonista. 

 

TITULO: Comando actualidad -  Las grandes tecnológicas se lanzan al negocio de la guerra: así se militariza Silicon Valley  ,  Jueves   - 7 , 14 - Agosto,.

 Las grandes tecnológicas se lanzan al negocio de la guerra: así se militariza Silicon Valley , Jueves - 7 , 14 - Agosto  , 23.40 - después de  ‘Néboa’, en La 1 / foto,.

 

Las grandes tecnológicas se lanzan al negocio de la guerra: así se militariza Silicon Valley,.

Gigantes como Google, Microsoft, Meta o Amazon han pasado de evitar ser relacionados con la industria militar a firmar grandes contratos con el Pentágono o Israel,.

 

Andrew Bosworth, jefe de tecnología de Meta, y Bob McGrew, exdirectivo de OpenAI y Palantir, juran su puesto tras ser nombrados tenientes coroneles en la reserva del Destacamento 201 del Ejército de EE UU.

Las tecnológicas se van a la guerra. No es una metáfora. Tras años evitando que se les vincule públicamente con el complejo militar-industrial, las Big Tech se han echado al monte. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido el empujón definitivo para que a muchas compañías les deje de dar apuro firmar contratos con el Ejército. Más allá de la conexión de los tecnomagnates con el presidente de EE UU, escenificada en su ceremonia de toma de posesión, este quiere invertir un billón de dólares en 2026 para “modernizar” las fuerzas armadas, lo que, desde su punto de vista, pasa por introducir la inteligencia artificial (IA) en la defensa.

Eso es música para los oídos de los gigantes de Silicon Valley, que esta semana ya han visto que el republicano va en serio. OpenAI, Google, Anthropic y xAI, la empresa de IA de Elon Musk, han obtenido contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno para fomentar las capacidades avanzadas de IA en el Departamento de Defensa.

La contratación de funcionarios del Pentágono por parte de las tecnológicas no es una novedad. Meta ha protagonizado recientemente esfuerzos en ese sentido, según desveló Forbes, “para que le ayuden a vender sus servicios de realidad virtual e IA al gobierno federal”. Lo que no es tan habitual es que los fichajes se realicen en sentido inverso. En junio, el Ejército anunció el nombramiento de cuatro tenientes coroneles en la reserva para el nuevo Destacamento 201, también conocido como el Cuerpo Ejecutivo de Innovación, encargado de “fusionar experiencia tecnológica puntera con innovación militar”. Los elegidos son Adam Bosworth, jefe de tecnología de Meta y hombre de confianza de Zuckerberg; Kevin Weil, responsable de producto de OpenAI; Shyam Sankar, director de tecnología en Palantir, y Bob McGrew, exdirectivo de Palantir y OpenAI.

El hecho de que haya ejecutivos con galones militares es tan simbólico como indicativo del momento que atravesamos. Se están diluyendo a pasos agigantados las fronteras entre Silicon Valley y el Pentágono.

El cortejo es constante en los últimos tiempos. Google eliminó en febrero de su código de conducta la restricción a desarrollar armas o herramientas de vigilancia masiva. Microsoft reconoció en mayo que, desde que se inició la invasión de Gaza, ha vendido al ejército israelí tecnología avanzada de IA y servicios de computación en la nube. OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, se hizo en junio con otro contrato de 200 millones de dólares por el cual facilitará al Pentágono sus herramientas de IA generativa. La compañía también cambió en enero de 2024 su política de uso para suprimir la prohibición que impedía utilizar su tecnología en tareas “militares y de guerra”: ahora se permiten los “casos de uso de seguridad nacional que se alineen con nuestra misión”. Ya en diciembre, la empresa anunció una alianza con Anduril, una startup de tecnología militar que ha configurado junto a Palantir un consorcio para presentarse a concursos de Defensa. 

 

En noviembre, Meta desveló que había dado luz verde para que sus modelos de IA estén disponibles para los contratistas militares Lockheed Martin y Booz Allen. Scale AI, la empresa en la que Meta invertirá 14.300 millones de dólares y a cuyo fundador, Alexandr Wang, ha fichado para su división de investigación en IA general, es la elegida por el Pentágono para realizar los tests y evaluaciones de los grandes modelos de lenguaje que usará el ejército. En mayo de este mes, la empresa fundada por Mark Zuckerberg hizo público un acuerdo con Anduril para desarrollar gafas de realidad virtual y mixta para los soldados.

La “economía del genocidio”

La relatora especial de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, describe en un informe cómo la tecnología corporativa, los proveedores de servicios en la nube y las empresas armamentísticas están profundamente entrelazados en lo que denomina una “economía del genocidio”. De acuerdo con el informe, Microsoft, HP, IBM, Google y Amazon, entre otras, están implicadas en tecnologías de vigilancia allí desplegadas. IBM ha contribuido a la recopilación y uso gubernamental de bases de datos biométricos de palestinos, mientras que tanto Microsoft y Palantir como Google y Amazon dan soporte en la nube y a los sistemas del gobierno y el Ejército israelí. Albanese ha sido sancionada por EE UU por sus denuncias.

“Desde la perspectiva de la historia de la tecnología, diría que hay una continuidad. Nuestro concepto occidental de tecnología moderna tiene su génesis en el ámbito militar o de la seguridad”, sostiene Lorena Jaume-Palasí, experta en ética y filosofía del derecho aplicadas a la tecnología. Internet se concibió como un sistema de comunicaciones seguro para las fuerzas armadas. Antes de llevarnos a destino en los viajes, el GPS guiaba a los misiles y submarinos. Y como estos hay incontables ejemplos.

Luego está la cuestión del tamaño. Ocho de las diez mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son tecnológicas y estadounidenses: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom (fabricantes de semiconductores) y Tesla. Solo dos, la saudí Aramco y el fondo Berkshire Hathaway, se dedican a otros negocios. Sería osado minusvalorar la capacidad de influencia de la industria más poderosa del mundo. Han conseguido, por ejemplo, que el desarrollo de una IA cada vez más potente sea considerada una cuestión de seguridad nacional, aunque detrás esté el ánimo de lucro y se perjudique al medioambiente. El propio Trump ha dicho en varias ocasiones de que las empresas estadounidenses deben ganarle a China la carrera armamentística de la IA.

“Nosotros argumentamos que eso es simplemente una cobertura para que estas empresas concentren todavía más poder y fondos”, dice Heidy Khlaaf, científica jefa de IA en AI Now Institute, un centro de investigación enfocado en las consecuencias sociales de la IA. Presentarse como protagonistas de una cruzada casi civilizatoria protege a las tecnológicas de “fricciones regulatorias”, al tildar cualquier llamamiento a la rendición de cuentas como “un perjuicio a los intereses nacionales”. Y les permite posicionarse “no solo como demasiado grandes, sino también como demasiado importantes estratégicamente para fracasar”, lee un reciente informe de AI Now Institute.

Sin embargo, el hecho de que las grandes corporaciones de la tecnología comercial manejen asuntos de seguridad nacional puede traer problemas. “Los modelos como Llama de Meta o GPT-4 de OpenAI introducen vulnerabilidades de ciberseguridad, creando nuevos vectores a través de los cuáles los países enemigos pueden dañar nuestra seguridad”, escribió hace poco Khlaaf en una tribuna de opinión en The New York Times. Esos sistemas se pueden manipular “envenenando los datos” con los que se han entrenado. “Las empresas de IA han podido eludir los estándares militares que deben seguir los sistemas de defensa, promoviendo una narrativa infundada de carrera armamentista en IA”, explica a EL PAÍS la ingeniera. “La seguridad nacional sigue siendo una fuerza clave que moldea la formulación de políticas en torno a la IA, y es utilizada por las empresas del sector tanto para evitar regulaciones como para atraer inversiones”, añade.

Protestas de los empleados

Khlaaf recuerda que si estas corporaciones pueden hacer negocios con el sector militar es gracias a todos nosotros. “La información personal identificable utilizada para entrenar los modelos permite que la IA sea usada con fines militares, como en capacidades ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento), ya que esos datos permiten a los sistemas vigilar y apuntar a poblaciones específicas”, subraya. “En última instancia, seamos o no usuarios de herramientas de IA, nuestros datos hacen posible que la IA se use con fines militares y de vigilancia sin nuestro consentimiento”.

La nueva orientación de las grandes tecnológicas genera contradicciones internas. Algunos trabajadores han organizado protestas o hasta han dimitido por la vinculación de sus compañías con el sector militar. Entre los últimos episodios destacan las manifestaciones en abril del año pasado de empleados de Google en la sede de Nueva York, Sunnyvale (California), San Francisco y Seattle de la multinacional. El motivo: el llamado proyecto Nimbus, un contrato de unos 1.200 millones de dólares por los que presta soluciones en la nube al gobierno de Israel y a sus fuerzas armadas. Esas protestas se saldaron con 28 despidos.

Más recientemente, en abril de este año, Microsoft despidió a dos trabajadores que se quejaron públicamente del suministro de IA a Israel. En febrero, otros cinco empleados fueron expulsados de una reunión en la sede central de Redmond con el director general de la compañía, Satya Nadella, por protestar contra los contratos para proporcionar servicios de inteligencia artificial y computación en la nube al Ejército de Israel.

“Los valores democráticos occidentales están amenazados”, dijo a Axios el fundador de Google DeepMind, Demis Hassabis, poco después de que su matriz cambiara el código de conducta de la compañía para dar cabida a actividades relacionadas con el sector militar. “Tenemos el deber de poder ayudar en aquello en lo que estamos especialmente capacitados y en posición de hacerlo”. El también premio Nobel de Química puso como ejemplo el desarrollo de defensas contra ciberataques y ataque biológicos impulsados por IA. “He dicho en varias ocasiones que estoy en contra de las armas autónomas, pero algunos países las están construyendo. Eso es simplemente una realidad”.

Para Raquel Jorge, del Real Instituto Elcano, hay que buscar la explicación del cambio de rumbo de las tecnológicas en el nuevo contexto de defensa. Siempre ha habido guerras en el mundo, pero hacía tiempo que no había alguna que afectara directamente al interés de seguridad nacional de EE UU. “Por un lado, tenemos desde 2022 la guerra de Ucrania y desde el año pasado la de Gaza. Por otro, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha prometido aumentos en la partida de defensa y exige más recursos a los aliados de la OTAN”, describe. “Todo esto hace que el contexto de defensa sea ahora muy incremental, lo que facilita a las empresas tecnológicas, que antes eran muy cuidadosas con su narrativa en este terreno, sentirse más cómodas hablando de ello”. 

 

 TITULO: LAS GAFAS ROJAS - Reventa de entradas, ‘greenwashing’, derecho a reparar…: la gran revolución del consumo se enfrenta a la dura aritmética parlamentaria   ,. 

 LAS GAFAS ROJAS -   Reventa de entradas, ‘greenwashing’, derecho a reparar…: la gran revolución del consumo se enfrenta a la dura aritmética parlamentaria ,.  fotos,.

 

Reventa de entradas, ‘greenwashing’, derecho a reparar…: la gran revolución del consumo se enfrenta a la dura aritmética parlamentaria,.

 

Los expertos ven positivos los cambios que impulsa el ministerio de Bustinduy aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales advierten de problemas económicos,.

 

El ministro Pablo Bustinduy está impulsando una batería de medidas que buscan revolucionar el consumo: de prohibir la publicidad de combustibles fósiles y de alimentos insanos para niños o el greenwashing a garantizar el derecho a reparar; de impedir subir el precio de la reventa de entradas a exigir que los servicios de atención al cliente respondan antes de tres minutos. Aunque la endiablada aritmética de la legislatura complica la aprobación de algunas de estas normas, los expertos y las asociaciones de consumidores ven positivos los cambios aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales creen que pueden generar problemas económicos y subir los precios.

“Las relaciones de consumo son uno de los ámbitos en los que las lógicas de poder están más marcadas por la desigualdad, donde muchos ciudadanos han podido tener la sensación de estar indefensos frente a poderosas multinacionales”, explica a EL PAÍS Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Estamos tomando medidas para revertir este desequilibrio. Cuando el Gobierno regula y la gente denuncia, el desequilibro se rompe”, continúa.

Hay de todo. La ley de consumo sostenible traspone dos directivas europeas —sobre reparabilidad y ecopostureo—, pero va más allá al hablar de reduflación y reventa de entradas. La ley de servicios de atención a la clientela (SAC) incluye varias mejoras en el sector, se quedó a las puertas del BOE en la legislatura anterior —entonces con Alberto Garzón como ministro— y cosechó un gran consenso que ahora ha perdido. Mientras, los decretos para prohibir la publicidad de alimentos insanos para niños y para regular los comedores de hospitales y residencias serán complejos de convalidar. El único ya aprobado es el decreto que regula los comedores escolares.

Quienes más celebran este impulso son las asociaciones de consumidores. “Hay un ímpetu legislador muy interesante, que hacía mucho que no veíamos en un ministerio con competencias en consumo. Están apostando por un potente desarrollo legislativo pese a los obstáculos de la legislatura”, dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Enrique García, de la OCU, coincide: “Son normativas que refuerzan los derechos de los consumidores, como la ley de SAC, que exige responder las reclamaciones antes de 15 días [ahora es un mes] y que al teléfono puedas exigir hablar con una persona y no una máquina”.

José Luis Nueno, titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor del IESE, considera que estas leyes “crean un marco legislativo moderno, basado en normativa europea, y centrado en la equidad del consumo, aunque su éxito va a depender de cómo se implementen. Hay medidas que pueden ser muy efectivas, como exigir que informen cuando se reduzca la cantidad un producto —la reduflación—, que ya se hizo en Francia, y otras más complejas, como prohibir las alegaciones ecológicas genéricas, que solo funcionará bien si se crea un organismo de verificación independiente”.

Las patronales se quejan de que algunas de estas medidas aumentarán los costes, que pueden repercutir en los consumidores. “Para las pymes, los cambios en los servicios de atención al cliente requerirán planificación, rediseño de procesos e inversiones importantes en refuerzo de plantillas y nuevas tecnologías. Es previsible que algunas empresas repercutan costes en los usuarios”, apunta José García, de la asociación CEX, que aglutina los call centers.

Francisco Hortigüela, presidente de Ametic —patronal de la industria digital—, piensa que las futuras garantías de reparabilidad son positivas, “pero se debería apostar por un modelo similar al de Austria, que usa fondos europeos para impulsar una economía de reparación sin trasladar ningún coste adicional a consumidores o fabricantes”. La norma española no prevé eso, sino que lo paguen los fabricantes, ante lo que Hortigüela preludia “falta de productos en el mercado español, desincentivo a pequeñas marcas y encarecimiento de productos”. Alberto Zapatero, de la patronal de electrodomésticos Applia, añade: “Medidas que afecten solo al fabricante, y que carguen en él únicamente la responsabilidad de financiación de las reparaciones, supondrían un factor más hacia la pérdida de competitividad de nuestras industrias y la continua aceleración de su deslocalización”.

En cuanto a la prohibición de la publicidad de coches contaminantes y combustibles fósiles, Félix García, portavoz de la patronal automovilística Anfac, señala: “¿En qué beneficia al ciudadano prohibir la publicidad de un coche nuevo, aunque sea de gasolina? Hay coches circulando de 20 años que emiten 90 veces más que uno nuevo de gasolina o diesel”. En su opinión, “la apuesta por el vehículo eléctrico se debe hacer convenciendo a los consumidores, todo lo que suena a prohibición genera rechazo”. Repsol prefiere no valorarlo, mientras la Asociación Española de Anunciantes, apunta: “La publicidad tiene un recorrido transversal y todo lo que vaya en contra del derecho de las empresas a informar libremente sobre sus productos y servicios, y contra del derecho de los ciudadanos a recibir información, se opone al derecho a la libertad de información”.

El ministro responde: “Somos plenamente conscientes del impacto en la estructura de algunas empresas, pero aspiramos a que tenga resultados visibles en la mejora de la protección de los consumidores. No se puede plantear que garantizar derechos básicos o acabar con prácticas abusivas sea un lujo”. Y añade: “Si un modelo de negocio se basa en prácticas lesivas de los derechos de los consumidores, no me importa cómo de rentable pueda llegar a ser: ese modelo de negocio no tiene cabida en una democracia”. El portavoz de la OCU tercia: “Tener clientes cuesta dinero. No se puede plantear un negocio que genere beneficios por incumplimientos de la ley que perjudican a los consumidores”.

El ministerio defiende que todas sus propuestas son posibles técnicamente, aunque algunas plantean dudas, como apunta Nueno: “Canadá reguló la publicidad del miedo, como pretende España, pero es difícil de controlar. Y obligar a avisar de la renovación automática de servicios digitales puede generar una incomodidad en usuarios satisfechos”. Netflix prefiere no valorar este cambio, mientras la Asociación de Medios de Información (AMI) —que aglutina un millón de suscriptores— señala: “A diferencia de otros servicios digitales donde las renovaciones digitales están diseñadas para el consumo irreflexivo, la suscripción a medios es un acto consciente. No debería generar problemas. Pero será clave que se desarrolle de forma técnicamente viable y con seguridad jurídica”.

Otro tanto pasa con la prohibición de subir el precio en la reventa de entradas más allá del IPC. “Hay que regularlo, veremos si lo consigue”, dice el portavoz de la OCU. Ticketmaster difiere: “Tenemos una plataforma de intercambio de entradas donde se puede subir el precio un 20%, pero tiene costes técnicos, humanos y financieros que deben cubrirse. Si no podemos aplicar gastos de gestión, se pone en riesgo y aumentará el fraude, porque los vendedores se irán a plataformas inseguras”. Viagogo, especializada en reventa, dice que quiere trabajar con el Gobierno para asegurar que esta modalidad sea “segura, transparente y fiable”.

Cambios en la alimentación

Varios de los cambios tienen que ver con la alimentación: los decretos para regular los comedores escolares y hospitalarios —con más frutas, verduras y legumbres y menos fritos— y la prohibición de la publicidad de alimentos insanos para niños. “Son reformas necesarias y muy interesantes para los consumidores, sobre todo porque se lanza el mensaje de que las instituciones entienden que hay un problema con los alimentos insanos, tanto en los comedores como en la publicidad, y que la autorregulación publicitaria no ha funcionado”, resume la nutricionista y divulgadora Beatriz Robles.

Food Service España, patronal de la restauración colectiva —sirven cada día 4,1 millones de menús—, apunta: “Valoramos positivamente el impulso normativo que se está dando en torno a la alimentación saludable, sostenible y de calidad. Las empresas de restauración colectiva han venido aplicando estándares nutricionales y de calidad muy similares a los que ya recogen el decreto aprobado y el futuro. No prevemos grandes dificultades de adaptación”. Lo mismo opina la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra): “Hace ya 20 años que asumimos voluntariamente no comercializar bebidas refrescantes en los colegios”. 

 

TITULO:  EN PORTADA CRONICAS MUJERES VIAJERAS -Un millar de personas exige en Chipiona que un comité científico evalúe los vertidos mineros al Guadalquivir     ,. -   Jueves - 7 , 14 - Agosto,.

 

El Jueves  - 7 , 14 - Agosto a las 23:30 en La 1,./ foto,.

 

 

Un millar de personas exige en Chipiona que un comité científico evalúe los vertidos mineros al Guadalquivir,.

Políticos de cinco municipios ribereños se unen a la protesta y reclaman a la Junta que impida a las mineras arrojar nuevos residuos al río,.

 

Un millar de personas se ha concentrado en Chipiona (Cádiz) este domingo para exigirle a la Junta que un comité de expertos analice los vertidos mineros al Guadalquivir y que a la espera de su dictamen, se paralicen los residuos líquidos de los yacimientos previstos. A los colectivos ecologistas convocantes de la protesta se han unido representantes políticos de cinco municipios ribereños: Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Chipiona, Gelves y Trebujena.

“Hemos superado las expectativas para decirle a la Junta que los municipios que vivimos de cara al río no queremos sufrir esos vertidos. El Gobierno andaluz tiene muy claro que quiere reabrir las minas a costa del Bajo Guadalquivir y que no le importan los pueblos y sus gentes, solo las grandes corporaciones. En este caso Minorbis-Grupo México, una multinacional que explotará Aznalcóllar y que representa un sinsentido, cuando los científicos ya han alertado de que la situación es grave y podría tornarse peor”, ha criticado Modesto González, alcalde de Coria del Río.

Mientras, la Junta defiende que los nuevos vertidos no implicarán contaminación alguna: “No se verterá al Guadalquivir ni un solo litro de agua que no haya sido tratado previamente y que no cumpla con la normativa en materia de vertidos al dominio público marítimo terrestre”, ha asegurado una portavoz de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

El Gobierno andaluz subraya que la autorización del proyecto de Minera Los Frailes en Aznalcóllar “cumplen todos los requisitos legales y todos los condicionantes medioambientales exigidos para retomar con garantías la actividad minera, e incluye un plan de vigilancia y control exhaustivo y garantista”.