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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS -  Un millón de clientes cambian de eléctrica al año en un proceso con algunos trámites cuestionables  ,. , fotos,.

Un millón de clientes cambian de eléctrica al año en un proceso con algunos trámites cuestionables,.

La mayor parte optan por contratar tarifas libres, pero Competencia sostiene que en un 4% de esos casos el titular no lo ha llegado a autorizar,.

Cambiarse de compañía eléctrica es tan rápido y fácil como hacerlo de operadora de móvil. Son cambios que están a la orden del día y que suponen el traslado de centenares de miles de contratos cada año entre unas empresas y otras. Solo durante 2019 fueron 913.236 los clientes que optaron por pasarse de una tarifa a otra, convencidos por las bondades que les venden las comercializadoras de electricidad, por la estabilidad de los precios que ofrecen los contratos o, en algunos casos, por desconocimiento de lo que realmente se firma.
Así lo ha constadao la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al advertir de que siguen registrándose situaciones en las que las empresas energéticas no han podido acreditar el consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía. Y que, incluso, este tipo de traslados provocó la pérdida al derecho del bono social (el descuento sobre la parte del consumo de la factura)por salirse del mercado regulado. En su último informe de supervisión, el regulador muestra sus dudas sobre el consentimiento de los usuarios en el 3,9% de los cambios en el sector eléctrico y en el 6,6% en el gasista.
El cerca de millón de clientes que optaron por cambiar de compañía en 2019 es la diferencia del número de contratos en vigor que tenían todas las eléctricas al finalizar el año pasado con respecto a 2018. Y en todos los casos se describe el mismo patrón de comportamiento del consumidor:abandonan la tarifa regulada (Precio de Venta al Pequeño Consumidor, o PVPC) para optar por algunas de las decenas de tarifas del mercado libre. De hecho, los usuarios de PVPC siguen cayendo año tras año: en los últimos 12 meses fueron 357.118 los contratos que se desactivaron en este colectivo. Hace apenas cinco años, había más de 15 millones clientes en este segmento. El PVPC es la tarifa de precios máximos de luz que regula la Administración que cuenta con la ventaja de que casi todos los meses resulta más barata que cualquiera de las del mercado libre;pero tiene el hándicap de que sus precios varían día tras día, y dentro de cada jornada, hora tras hora.

Cantos de sirena

Precisamente por esa volatilidad que supone pagar unos meses más dinero que otros en el recibo, que también está condicionado al consumo que se realiza, muchos clientes se pasan al mercado libre. Y lo hacen porque los cantos de sirena de las compañías son cada vez más potentes: se encuentran en los puestos móviles de los centros comerciales, en las estaciones de servicio, en los hipermercados y hasta en las tiendas de electrodomésticos... Por eso, las comercializadoras del mercado libre han pasado de tener una cartera cercana a los 26,6 millones de clientes en 2018 a superar ampliamente los 27,5 millones de usuarios un año después. En estos registros, proporcionados por las firmas a este diario, se incluyen tanto los particulares como los contratos con empresas, porque los negocios (sean pymes o grandes corporaciones) no pueden optar por los precios del mercado regulado (PVPC).
Prácticamente todas las energéticas han ganado clientesen el mercado libre. Así ha ocurrido con Iberdrola, Endesa, EDP y sobre todo Repsol (adquirió el negocio eléctrico de Viesgo a finales de 2018). En el caso de Naturgy han perdido usuarios porque, explican en la compañía, «se prioriza rentabilidad sobre tamaño». Las eléctricas históricas tienen que hacer frente a la implantación de decenas de compañías independientes que van captando contratos con el paso de los meses. El último informe de la CNMC señala que eran 2,5 millones de usuarios con los que contaban (las de mayor tamaño son Cide HC, Fenie, Audax y Holaluz)hace ahora un año, un 14% de cuota de mercado que cada vez se va haciendo más grande.

El 'puerta a puerta', prohibida, y otras prácticas para captar contratos,.

Cuando en septiembre de 2018 los precios de la luz se dispararon a máximos históricos, el Gobierno tomó una de las medidas que intentaban atajar una de las estrategias de comercialización más controvertidas que practicaban las eléctricas:las visitas de sus agentes comerciales, casa a casa, para convencer a los ciudadanos de las bondades de sus tarifas y servicios. El 'puerta a puerta' fue desde entonces vetado por la ley. Se trataba de «optimizar la contratación del suministro eléctrico, con una información más transparente, y reducir así el coste de la factura», indicaron desde el Ministerio de Transición Ecológica.
Se prohibió a las comercializadoras contratar con los consumidores domésticos el suministro eléctrico esa modalidad. Y lo hicieron por el elevado número de reclamaciones que por estas prácticas han presentado los usuarios en los últimos años ante los organismos de consumo y la CNMC.
Aunque esas visitas domiciliarias ya no existen, la CNMC identifica en su último informe de supervisión otras prácticas con claroscuros: «algunos comercializadores han reducido la potencia contratada al consumidor sin que dicha modificación se vea reflejada en sus facturas», indica el organismo, que recomienda al sector no incluir «cláusulas en los contratos que les permita modificar los parámetros de contratación y que recaben el consentimiento por parte del consumidor de forma expresa». Y al consumidor, «que contraste los datos de sus facturas con los parámetros técnicos de su consumo a través de la web de la empresa.
Además, «se ha constatado que algunos comercializadores están modificando el peaje de acceso del consumidor contratando discriminación horaria, sin el consentimiento previo del mismo». Por ello, la CNMC «recuerda al comercializador que no puede modificar el contrato de acceso del consumidor, sin contar con su consentimiento previo, aun cuando esa actuación le suponga unas condiciones más favorables al consumidor y debe darle la opción de mantener las condiciones contratadas».

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Las autonomías se preparan para la batalla con el Gobierno por los impuestos cedidos,.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.

Hacienda busca corregir las diferencias en los tributos al patrimonio y a las herencias, pero algunas comunidades se oponen frontalmente,.

El nuevo modelo de financiación autonómica incluirá una propuesta para la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades, en particular, de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Así lo expuso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la primera comisión parlamentaria del ramo de la legislatura. El objetivo de tal medida es atajar la que califica de «competencia desleal» y el «dumping fiscal» entre autonomías.
Desde Hacienda defienden que ésta no es una idea nueva, y que ya fue expuesta por el comité de expertos creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En todo caso, advierten: «armonización no es uniformidad», por lo que cada comunidad tendrá margen de actuación. Dentro de unos límites.
Las diferencias entre comunidades en estas figuras tributarias son patentes. Si bien siete autonomías han suprimido, o casi, el Impuesto de Sucesiones (Cantabria, Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid o La Rioja), en el resto, la factura a pagar, por ejemplo para una persona que herede 800.000 euros, puede oscilar entre los 6.000 y los 100.000 euros en función de la región en la que resida el fallecido, según cálculos del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) con datos de 2019. Mientras, en Patrimonio, que está completamente bonificado en Madrid, la factura para fortunas de 800.000 euros oscila entre los 50 euros de La Rioja y los casi 1.164 de Aragón, ecuación que persiste para patrimonios más amplios.

Madrid: «Si la ministra de Hacienda quiere subir por la fuerza los impuestos, va a tener enfrente a los madrileños»

La diferente visión que sobre los impuestos muestran las comunidades puede complicar el camino hacia esa armonización fiscal que busca el Ejecutivo. Por lo pronto, Montero podría encontrarse con la oposición de algunas comunidades del PP: Madrid, Castilla y León o Andalucía.
Madrid ha sido muy beligerante con esta cuestión. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, expone: «Hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños». Y añade: «Si la ministra de Hacienda quiere subir por la fuerza los impuestos en Madrid, va a tener enfrente a los madrileños». Madrid saca pecho afirmando que si antes de bonificar Sucesiones se declaraban 38.921 al año, ahora alcanzan las 90.000 declaraciones, cifra bajo la que subyace la posible entrada de contribuyentes procedentes de otras regiones. En cuanto a Patrimonio, se suprimió, alegan, porque «su recaudación es marginal» y porque «provoca fuga» de declarantes.

Extremadura:«El objetivo sería fijar unos máximos y unos mínimos que deban aplicar las comunidades autónomas»

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Hacienda de Castilla y León, sólo defendería una armonización fiscal que fuera a la baja. De hecho, se está tramitando en las Cortes regionales un proyecto para eliminar Sucesiones y Donaciones, tributo que ahora en esa comunidad es de los más gravosos de España, circunstancia que Fernández Carriedo considera que no ha tenido un impacto «relevante» en la evolución del número de declarantes.

Mayor carga impositiva por una mejor financiación, la posible transacción,.

 

El reto del nuevo sistema autonómico es reducir la brecha de recursos con que cuenta cada región, para lo que trabaja ya el Consejo de Política Fiscal,.

Si la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades entra en la construcción del nuevo modelo de financiación autonómica, la negociación que integre ambas cuestiones podría establecerse como una transacción: la aceptación de unos impuestos más altos por parte de ciertas comunidades a cambio de una mayor participación en los recursos generados en el Estado. José Ramón Chirivella, profesor de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Bolsa de Valencia, comenta que uno de los ejes de la discusión podría ser éste. Así, Madrid, por ejemplo, una de las comunidades más contrarias a la armonización, podría alegar que en 2019, pese a sus impuestos más bajos, fue la que más aportó al fondo de solidaridad interterritorial, mientras que Andalucía, que ahora quiere reducir la carga tributaria, fue la que más recibió.
Hay otras formas de medir si una autonomía está mejor o peor financiada. Según un índice que elaboró Fedea en 2019, si el promedio de las comunidades, a competencias homogéneas, recibió 100 por habitante en 2017, un cántabro habría recibido 117,5, mientras que un valenciano y un murciano contarían con poco más de 92 y un andaluz, con 95. El conflicto que subyace es que mientras unas regiones buscan vincular la financiación a la población, las que tienen menos habitantes y más dispersos quieren ligarla al coste real de los servicios, que creen que en sus circunstancias es más oneroso.
Tal y como están ahora las cosas, el modelo de financiación prima a estas segundas comunidades, sobre todo a las norteñas y menos extensas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que existe «unanimidad» respecto a que la actual financiación autonómica es «compleja», «poco transparente» y que lleva a diferencias «injustificadas» entre las comunidades. Y, por ello, considera necesario consensuar un nuevo sistema que ratifique la igualdad de todos los españoles, que son los que aportan los recursos, no los territorios.
Para ello, Juan Antonio Santos, vocal de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña, comenta que tienen que contemplarse todos los criterios demográficos, tanto el puro poblacional como cuestiones como el grado de concentración o diseminación de la población.
El Gobierno no puede imponer el sistema de financiación. Lo tiene que aprobar el Parlamento. Más allá de los cálculos políticos para sacar adelante el nuevo modelo autonómico, Chirivella afirma que es necesario un acuerdo mínimo entre el PP y el PSOE, al que debería unirse Ciudadanos, que participa del Gobierno de Andalucía, Madrid o Castilla y León.
Ya hay un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal (el órgano que dirime estas cuestiones entre el Estado y las autonomías) para abordar la reforma del sistema de financiación, con el apoyo de comisiones que evalúan el coste efectivo sanitario, en educación y dependencia, servicios que prestan las comunidades.

Desde la Hacienda andaluza, exponen:«No toleraremos un socialismo fiscal obligatorio impuesto unilateralmente por el ministerio que socave las competencias que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Y recuerdan que si bien el Gobierno anterior, socialista, «había desarrollado las competencias fiscales al alza imponiendo mayores cargas tributarias a los andaluces», ahora San Telmo aboga por la bajada de impuestos «para acercar su fiscalidad con la de otras comunidades». Por ejemplo, dicen, a la bonificación al 99% en Sucesiones y Donaciones de Extremadura, Murcia, Madrid o Cantabria, entre otras.

Partidarios de armonizar

Otras autonomías muestran una sensibilidad contraria y podrían hacer fuerza con el Gobierno central. Aragón, por ejemplo. Fuentes de su consejería de Hacienda apuntan a que es necesaria la armonización fiscal para evitar diferencias de tributación en función de dónde se resida, porque son «injustificables». Y también reivindica «lealtad» entre autonomías para no provocar bajadas impositivas en cadena. En ello insisten fuentes de la Hacienda valenciana, para las que la armonización fiscal es «una condición necesaria» para que un sistema de financiación funcione de manera eficiente y equitativa. «De lo contrario, una parte de los recursos que financian los servicios públicos dependería de la competencia fiscal entre comunidades», aseveran. Aragón y Valencia, por tanto, son partidarias de, al menos, establecer un suelo para estos impuestos.
Asturias coincide: demanda «una armonización de mínimos con el fin de garantizar un mínimo común de gravamen en todos los territorios. El nivel máximo viene definido en los principios generales de nuestro sistema tributario», «en el principio de no confiscatoriedad». Desde esta autonomía se defiende: «Los tributos cedidos no son de las comunidades autónomas. Son, por definición, tributos estatales y corresponde a la Administración Central la regulación básica de los mismos, así como garantizar una fiscalidad mínima o común en todo el territorio nacional. Existe una armonización en los restantes tributos cedidos».
Desde la Hacienda extremeña señalan que ya en la Conferencia de Presidentes la región se mostró partidaria de la fijación, no sólo de unos mínimos, sino también de unos máximos que puedan aplicar las autonomías. Y razonan que si bien hay comunidades que cuentan con recursos suficientes para poder hacer una política fiscal a la baja, hay otras que se ven obligadas a mantener los impuestos porque cuentan con menos recursos para atender a sus ciudadanos, lo que, admiten, puede provocar la deslocalización de los contribuyentes. Por ello, «desde Extremadura rechazamos cualquier competición de bajada de impuestos».
Las diferencias son de calado: las autonomías que tienen estos impuestos casi eliminados se niegan a tener que reconstruirlos o subirlos «por decreto», y entre las que sí apuestan por una armonización, difieren en si tiene que establecerse sólo un mínimo de tributación o si se ha de consensuar también un máximo. El conflicto o, siendo optimistas, las bases para la negociación, están servidos.

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Cumpleaños feliz,.

Supongo que esto le ocurre a todo el mundo, pero tengo una tendencia innata a que se me olviden las cosas importantes y por el contrario se me queden grabadas en la memoria las más absolutas y estúpidas nimiedades. Por ejemplo, casi lo único que recordaba de la película de Woody Allen 'Si la cosa funciona' es que su hipocondríaco y por momentos repelente protagonista tenía la manía de lavarse las manos entonando dos veces el 'Happy Birthday'. Lo hacía para ahuyentar los gérmenes. Pero no andaba sobrado de paciencia, así que se las lavaba a toda pastilla, convirtiendo el 'Happy Birthday' en una especie de rap acelerado.

Ahora resulta que este detalle aparentemente ridículo podría representar el mensaje más valioso y trascendental de la famosa película. Lo demuestra el hecho de que Boris Johnson haya aprovechado un solemne discurso sobre la situación del coronavirus para advertir a los británicos de que la ejecución de un lavado de manos debe durar tanto como la cancioncilla del 'Cumpleaños feliz', multiplicada por dos. Lo de Johnson ha coincidido con un inocente chiste sobre la temible pandemia emitido en público por Guillermo de Inglaterra... Y al príncipe se lo han merendado en las redes esas hordas de censores y moralistas prestos a estigmatizar a todo aquél que se atreva a ironizar o disentir sobre los temas 'sagrados'. ¿Qué temas? Yo en esto me lavo las manos: 'Happy Birthday to youuu...'