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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS -  El ICO, la máquina financiera en tiempos de crisis    , fotos,.

 El ICO, la máquina financiera en tiempos de crisis ,. 

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, esta semana en una comparecencia en el Congreso,.

El banco público multiplicará este año por veinte su apoyo financiero a las empresas,.

La pandemia de Covid-19 tendrá un impacto en la actividad económica mucho más severo que el vivido durante la última crisis financiera y de deuda soberana, de la que aún no nos habíamos recuperado totalmente cuando empezó la epidemia. El confinamiento obligado ha hundido los ingresos de gran parte de las empresas que se ven imposibilitadas para afrontar sus gastos y garantizar su supervivencia y el empleo. El pronóstico del Gobierno es que la economía española pierda en estos meses más de 120.000 millones de euros. Un shock que debería ser temporal, pero puede laminar gran parte del tejido económico si no se facilita liquidez a las empresas.
Es en los momentos de crisis cuando surge el protagonismo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un banco público y agencia financiera del Estado que tiene un comportamiento anticíclico. Su actividad crece en las crisis y se repliega cuando el mercado funciona. En la Gran Recesión, cuando las entidades financieras redujeron la concesión de préstamos para atender sus propios problemas de solvencia y morosidad, el ICO financió al tejido empresarial con una cifra récord de 106.000 millones de euros en préstamos concedidos entre 2008 y 2014. A partir de 2015, con la economía y el empleo creciendo, este banco público volvió a su actividad normal, con líneas de financiación para los autónomos y las pymes, la actividad exportadora y la internacionalización, o grandes proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En 2019 concedió préstamos por 4.780 millones de euros, un 92% más que en el ejercicio anterior. Los principales destinos geográficos fueron Cataluña (19%), Madrid (13%), Andalucía y Valencia (12% cada una). Aunque eso era en la época pre-virus.
Ahora, cuando estamos nuevamente en recesión, el ICO vuelve a convertirse en actor relevante para minimizar sus efectos. Pero esta vez el sistema financiero no está en crisis y puede mantener abierto el mercado crediticio. Por eso se ha articulado una fórmula no empleada por el ICO hasta ahora, que es la de avalar a las empresas que pidan un préstamo a los bancos, de manera que estos estén más abiertos a conceder los créditos puesto que asumen menos riesgos. El Gobierno aprobó el 17 de marzo una línea de avales a empresas y autónomos por un importe máximo de 100.000 millones de euros, de los que ya se han liberado 60.000 millones (40.000 millones para la renovación y nuevos préstamos de autónomos y pymes y 20.000 millones para grandes empresas).

El banco público ha ganado 1.117 millones de euros netos desde 2007,.

 

La evolución de las ganancias del ICO ha sido volátil: así, obtuvo un retorno de 23,5 millones en 2009, en plena crisis, y un beneficio de 317 millones en 2016, su mejor ejercicio,.

Cuando Unidas Podemos, el socio de gobierno del PSOE, reclamó una banca pública para poner en marcha las medidas de política económica y que Bankia –participada por el Estado en un 60%– funcionara así, la vicepresidenta Calviño respondió que ya estaba el ICO como banco público. Desde el ICO se han distribuido cientos de miles de millones en créditos con objetivos que van desde impulsar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas hasta una línea espacial para los afectados por la estafa de Forum-Afinsa o los Préstamos Avanza para la digitalización empresarial. Ello no ha impedido que año tras año se apuntara beneficios. Desde 2007 ha ganado un total de 1.117 millones de euros después de impuestos, aunque con una alta volatilidad: mientras en 2009, en plena crisis económica, ganó sólo 23,5 millones, en 2016 obtuvo su mayor resultado, 317 millones de beneficio neto.
Pero nuevos problemas requieren soluciones nuevas. Además de avalar préstamos, el Gobierno ha aprobado una medida que tampoco nunca antes había utilizado el ICO: avalar los pagarés de empresa. Todo ello condicionado a que se debe emplear la financiación avalada para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, pero en ningún caso puede destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta.
Sólo las empresas con sede social en España y con programas de pagarés registrados antes del 21 de abril en el MARF (Mercado Alternativo de Renta fija) pueden acceder al aval del 70% de sus nuevas emisiones. Empresas como El Corte Inglés, que tiene el mayor programa registrado, por 1.200 millones, Sacyr, Gestamp, Mango, Vocento, Elecnor o MasMovil están en el MARF. Se trata de un colectivo que se había quedado fuera del programa de compra de deuda del BCE.
En cualquier caso, la puesta en marcha de los avales de los préstamos no ha estado exento de críticas. Desde la patronal de las pymes reclaman que se duplique la financiación (hasta 200.000 millones) dada la gravedad de la situación. Y muchas pymes y autónomos denunciaron que algunos bancos estaban exigiéndoles que contrataran otros productos para darles el préstamo. Eso hizo que el Banco de España advirtiera hace un mes que estaría vigilante.

Estos días, en el ICO los ordenadores echan humo. Mejor dicho, en las casas de sus funcionarios porque prácticamente todos están teletrabajando. En poco más de un mes se han cerrado 298.971 operaciones, casi cinco veces más de las que se hicieron en el año precedente, y tendrá probablemente medio millón más de solicitudes en las próximas semanas. 320 personas componen la plantilla total del Instituto de Crédito Oficial y, sólo por tener un elemento para comparar, en Bankia pusieron a 800 personas para preparar el sistema del banco y atender la operativa de peticiones de crédito con estos avales. Aunque el ICO no ha visto incrementada su plantilla, como sí ha ocurrido con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para gestionar los ERTE, sí ha reforzado el departamento de mediación con personal de otras áreas. No obstante, no es el ICO el que decide la concesión del préstamo, sino que lo hace cada entidad financiera conforme a sus políticas de concesión y riesgos. Los bancos asumen una parte del riesgo de impago –el 20% o 30%–. Si el préstamo resultara impagado, el ICO abonaría al banco el 70% u 80% del importe (según el tipo de aval), pero se pagaría contra la cuenta presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos, no iría contra el balance del ICO. Esto también resulta una novedad porque hasta ahora los préstamos que hace el ICO los financia con sus propias emisiones de deuda, es decir, emite bonos en el mercado y ese dinero lo presta a las empresas con determinados objetivos. El año pasado, sus líneas de crédito ascendieron a 4.780 millones de euros. Este ejercicio, con la recesión encima, multiplicará por veinte el apoyo crediticio.

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Las nacionalizaciones vuelven a estar sobre la mesa, pero será difícil pagarlas.

Italia ya ha anunciado la nacionalización de su aerolínea de bandera,.

El mundo sindical reivindica el papel de lo público, la empresa prefiere liquidez y el Gobierno está escaso de recursos,.

La pandemia ha puesto fin a la «ortodoxia neoliberal» que ha reinado de 1981 a 2020. Eso escribe Yves Bonzon, director de inversión del banco privado Julius Baer. «Los gobiernos no tienen otra opción; deben intervenir masivamente no sólo en los mercados, sino sobre todo en la economía real para evitar un escenario estilo años treinta. Entramos en la era del capitalismo esponsorizado por el Estado. Estamos perdiendo los mercados libres», explicaba.
El mayor protagonismo de los Estados cobra forma poco a poco. No sólo con los millonarios planes fiscales que han diseñado los gobiernos para mantener a flote a las economías. También, en la ruptura de un tabú: la entrada de capital estatal en empresas en problemas. La Unión Europea ha relajado las reglas que rigen las ayudas que pueden prestar los Estados para que puedan recapitalizar compañías afectadas por la pandemia, es decir, nacionalizar empresas, en parte o totalmente, algo que ya está produciéndose con algunas aerolíneas.

No es la primera vez que la nacionalización deja de ser un anatema. La crisis de 2008 acabó con parte del sector financiero americano y británico rescatado por el dinero de los contribuyentes. En España queda un residuo: Bankia, que aún tiene una participación mayoritaria del capital público. En EE UU, los rescates llegaron incluso al sector automovilístico, con intervenciones de General Motors y Chrysler.
Juan Abellán, profesor de la EAE Business School, afirma que ahora estas operaciones pueden producirse, bien para evitar que el dinero foráneo se haga con compañías nacionales que se han abaratado mucho; bien por una necesidad de recursos que sólo resuelva una inyección de capital que no se logre en el mercado.
Abellán dice que en ambos casos la intervención sería temporal. Argumenta que si bien ahora la UE «está dejando hacer», sólo vería bien estas operaciones si fueran coyunturales, obligadas por la situación, para deshacer la posición cuanto antes. Aunque, en función de la duración de la pandemia y la crisis, puede ser necesaria una larga permanencia estatal en el capital. De todas maneras, de acuerdo con las nuevas normas comunitarias, el Estado ha de salir de las empresas en seis años si son cotizadas y en siete, si no lo son. Además, durante el periodo en el que el Estado forme parte del capital, no se permitirá ni la distribución de dividendos ni la de bonus.

El peso del capital estatal en las grandes compañías se duplica en dos décadas.

 

El continente con más empresas participadas por el sector público es Europa, con cerca de 600,.

La participación del capital estatal entre las 2.000 empresas más grandes del mundo se duplicó en las últimas dos décadas, para alcanzar el 20%. Son cifras del Fondo Monetario Internacional, que señala a los países emergentes como los principales responsables de esta evolución. Aunque el continente con más multinacionales públicas es Europa, con 598, seguido de Asia suroriental, con 569. América del Norte, como contraste, sólo cuenta con 19 empresas con participación estatal. América Latina dispone de 40.
El FMI, en un informe que ha publicado esta semana, advierte de que las compañías públicas se suelen comportar peor que sus comparables privadas, debido a su peor gobernanza. También avisa de que la internacionalización de algunas compañías públicas se observa como una amenaza puesto que se considera que tienen una ventaja competitiva respecto a las privadas por el respaldo estatal con el que cuentan. Y esta preocupación, resalta el documento, podría disparar la toma de medidas proteccionistas. Es un ingrediente más que da sentido a que Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, afirmara: «No dudaré en emplear todos los medios a mi disposición para proteger a las grandes empresas francesas». En los últimos tiempos, ya se han producido incursiones del fondo soberano saudí en varias petroleras fuera de sus fronteras, debilitadas por la caída del crudo.

Aunque ahora, por la paralización de los viajes, el sector en el punto de mira es el de las aerolíneas, con ayudas públicas que se multiplican y que pueden, a su vez, incrementar la nómina de compañías controladas por los Estados en los próximos años. De momento, Iberia y Vueling, empresas españolas integradas en el conglomerado IAG, han obtenido financiación avalada por el Estado español. Y, en la misma línea, AirFrance-KLM ha conseguido créditos públicos tanto del Gobierno francés como del danés. Lufthansa, por su parte, se asoma a la nacionalización con las negociaciones en que se encuentra inmersa con el Gobierno alemán. Y lo mismo sucede con la nórdica Norwegian. Esa sombra se cierne además sobre EasyJet. Mientras que la operación de Alitalia ya estaría culminada. El sector americano no está libre del fenómeno:American Airlines o Delta también han requerido ayudas.

Diego Pitarch, profesor del IEB, matiza que en la decisión de permanecer más o menos tiempo en el capital puede influir la sensibilidad ideológica de los Gobiernos. O la tradición: el Estado francés tiene una mayor vocación de permanencia estructural en el capital de empresas estratégicas, como energéticas, 'telecos' y aerolíneas.

Rescate y... ¿gestión pública?

También hay otro dilema: ¿la inyección de capital público ha de ir ligada a la toma de control de la gestión o a la influencia del Gobierno en las decisiones de la empresa? La ortodoxia dicta que la gestión siga siendo «profesional», independiente del poder político. Pero el secretario general de CC OO, Unai Sordo, una de las personas que en España ha empezado a hablar de las nacionalizaciones, afirma en declaraciones a este periódico que una inyección pública ha de condicionar la gestión de la compañía. A su juicio, la entrada del Estado no puede responder sólo a una limpieza temporal de los problemas que puedan atenazar a las empresas, no se puede incurrir en las prácticas de un 'Estado bobo' que viene a rescatar, pero sin ser proactivo.
Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, coincide: «Si el Estado pone capital, debe estar en el consejo de administración. Si no, estamos ante un problema de captura del sector público por intereses privados o de nacionalización de las pérdidas y de privatización de los beneficios».
La nueva normativa comunitaria establece que los Gobiernos pueden marcar condiciones en términos medioambientales, digitales o fiscales a las empresas en las que intervengan.
El sector privado español se resiste a las nacionalizaciones. Fuentes empresariales comentan, por un lado, que el Estado ha de tener un enfoque preventivo, es decir, ha de evitar que se llegue a una situación límite del tejido productivo con, por ejemplo, avales públicos, garantías de liquidez, medidas fiscales... O con actuaciones para evitar opas hostiles por parte del capital extranjero, como ya ha hecho el Gobierno español, algo que al empresariado le parece «positivo».
Y, en todo caso, afirman que acciones de mayor calado no llevarán a replantear el sistema ni a un incremento estructural del poder público en las empresas: «Una situación coyuntural requiere una solución coyuntural. La respuesta ha de durar lo que persistan las necesidades», advierten fuentes empresariales. Abellán añade que no ve al Estado gestando un holding de participaciones en diferentes compañías, sino sólo apoyando a empresas en problemas que no puedan acceder a los bancos o a los mercados. Añade que, para los accionistas, lo mejor sería un préstamo gubernamental a largo plazo que la dilución que lleva consigo una ampliación de capital que suscribiría el Estado.

Límites financieros

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, afirma que, ante la potencial magnitud «brutal» del «desastre» económico ocasionado por la pandemia, veremos «cosas que no habíamos visto nunca». En estas circunstancias, afirma, hay que quitarse las anteojeras ideológicas y actuar con pragmatismo. Pero a estos argumentos suma otro que pone límites a la eventual actuación del Estado, en particular el español, que se va a enfrentar a unas grandes dificultades financieras: «El dinero público va a ser un bien muy escaso». Por ello, cree que el Gobierno, si bien prestará mucha atención a los sectores en dificultades, como el turístico, optará más por la innovación legislativa que por las inyecciones de dinero. Aunque la necesidad llevó a que en la pasada crisis España requiriera ayuda comunitaria para salvar a la banca.
Ante esto, Francisco Alcalá, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia e investigador del IVIE, señala que es difícil que haya nacionalizaciones en España no sólo por la escasez de recursos públicos, sino también porque los sectores en juego no son tan estratégicos como la banca: el apoyo a ésta fue, en realidad, un rescate a los depositantes.
Con o sin intervención pública en las empresas, Pich cree que el Estado está actuando como nunca en la economía; condiciona de forma inédita la actividad económica. Y ha adoptado un papel protagonista en el aspecto social, con la protección directa de más de un 30% de la población.
La cuestión está en si Bonzon tiene razón y el cambio va a ser estructural, si la capacidad del Estado va a permear hasta tal punto que va a tener un papel sustitutivo del mercado tanto para proveer a las personas vulnerables como al capital devaluado por la Covid-19 y el confinamiento.

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 El Estado, ¿de un papel subsidiario a protagonista de la política industrial? ,.

 

 

Trabajador en la industria ,.

Los expertos afirman que la crisis del coronavirus ha demostrado que hay eventualidades que el mercado no puede resolver,.

El Estado siempre está presente. A veces, en su ausencia, porque decide retirarse, es decir, el 'lasseiz faire' para los negocios. Ahora, el protagonismo público puede ir más allá del rescate de empresas por la crisis más aguda del último siglo. El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres López señala que hay otros factores que pueden requerir mayor papel del Estado: la necesidad del cambio de orientación sectorial de la economía, la nueva oleada tecnológica –un tipo de procesos que siempre se han desarrollado con participación estatal– o las relocalizaciones industriales. Diego Pitarch, profesor del IEB, también atisba la recuperación de la política industrial y vuelta de empresas, proceso del que España puede sacar partido.
Torres añade que la Covid-19 ha revelado que las privatizaciones de los servicios públicos son «peligrosas» y que éstos no se pueden debilitar sin asumir riesgos. Así, Pitarch no descarta intervenciones en la sanidad privada. Y, en todo caso, el catedrático de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá plantea que la pandemia ha dejado de manifiesto que hay eventualidades que el mercado no puede resolver.
El secretario general de CC OO, Unai Sordo, añade que la participación estatal no se tiene que ligar sólo a las nacionalizaciones. Extiende el concepto a la gestión pública de sectores como la dependencia y, en general, a los cuidados.

Gastos e impuestos

El tamaño del Estado también se mide en términos de ingresos y gastos públicos sobre el PIB. Si bien los ingresos fiscales este año, según prevé el Gobierno, van a seguir rondando el 40% del PIB, el gasto va a suponer más del 50%, su nivel más alto. Ante el incremento de la deuda, Torres López anticipa una subida impositiva de formas más imaginativas que hasta el momento.
Alcalá coincide en que la presión fiscal ha de elevarse en coherencia con el consenso social de que hay que proteger a los más vulnerables. Y recuerda que en épocas prósperas los tipos impositivos han estado en «niveles impensables» en la actualidad. Pero, al margen del tamaño del Estado, considera que es esencial que se evalúe su acción por instituciones independientes. «Más allá de que el tamaño del sector público sea mayor o menor, necesitamos que se evalúe el gasto y las políticas públicas y que se haga por instituciones independientes. En España no tenemos esta cultura tan necesaria en una economía moderna. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) está teniendo a este respecto una trayectoria y unas iniciativas muy valiosas que cabe reconocer y seguir desarrollando», concluye Alcalá.