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TITULO: REVISTA FARMACIA - Extremadura tiene marihuana legal,.

Extremadura tiene marihuana legal

Cinco empresas en España pueden cultivar cannabis con fines de investigación. foto,.

La Agencia del Medicamento ha autorizado en la región el cultivo de plantas de cannabis en 180 metros cuadrados de invernadero durante el año 2019,.

Cinco empresas y la Universidad Politécnica de Valencia son las únicas entidades que tienen autorización para el cultivo de plantas de cannabis con fines de investigación en España. Esas concesiones, actualizadas en el mes de agosto de este año, son responsabilidad de la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que depende del Ministerio de Sanidad.
Este mismo organismo confirma que en Extremadura se ha concedido permiso para cultivar 180 metros cuadrados de cannabis en invernadero durante el año 2019.
Igualmente, existen otras cuatro empresas autorizadas para la producción y fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos. En este caso, desde Aemps no se han concedido permisos en la región. Y ahí acaba la información al respecto.
Las empresas autorizadas para realizar esas plantaciones con fines de investigación deben asumir una serie de requisitos relacionados con la confidencialidad. En ningún caso pueden hacer publicidad acerca de la ubicación exacta de esas plantaciones. La idea es evitar que la cosecha termine fuera de este circuito. Por ello, en la solicitud de la autorización se pide una descripción de las medidas de seguridad, tanto en las parcelas como en las instalaciones, así como información sobre las variedades utilizadas, la previsión, en gramos, de la producción y de la cantidad aproximada de THC, el metabolito que posee efectos psicoactivos -es decir, el componente que 'coloca' a quien lo consume-.
Por el contrario, estos trámites no son necesarios para el cultivo industrial de cáñamo y la producción que se dedica a la obtención de fibra o semillas. En este punto, los centros investigadores de la región sí han participado en determinados proyectos. Por ejemplo, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Ctaex) estuvo involucrado en un estudio a nivel internacional destinado a ampliar el mercado del cáñamo industrial gracias a su utilización en cremas, geles o protectores solares.
En el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) también se ha desarrollado algún proyecto para probar el cultivo de cáñamo con fines industriales.
La tarea de los investigadores extremeños se circunscribió a la relación con el sector agrario. «Pudimos comprobar que se da perfectamente; conocemos la agronomía del cultivo y se adapta muy bien a nuestro suelo», comenta Jerónimo González, jefe de departamento de Cultivos Extensivos en Cicytex, que añade que en el estudio se utilizaron variedades de cannabis permitidas por la Unión Europea.
Estas son las que tienen un reducido contenido de THC. «La planta también se daría en las variedades que se pueden aprovechar para fines medicinales», insiste González.
Esa vertiente es responsable del CBD (cannabidiol), que es el componente del cannabis responsable de las propiedades terapéuticas y no es psicoactivo.

Con y sin THC

La principal diferencia entre el cáñamo que se planta con aplicaciones industriales y el que se destina a investigación o para fines cientícos es el THC. En el primero de los casos, la presencia de THC en la planta no supera el 0,2%, mientras que el segundo puede tener porcentajes mayores.
Sin embargo, la solicitud a la Aemps sigue siendo obligatoria para el cultivo de plantas de cannabis que tengan un contenido de THC inferior al 0,2% si se destinan a fines relacionados con la investigación.
El cannabis tiene una serie de aplicaciones en la medicina que van más allá de la conocida, en buena parte gracias a la ficción, marihuana terapéutica, que se prescribe fuera de España en algunos tratamientos dolorosos o para enfermos terminales debido a su efecto narcotizante.
En nuestro país todavía se mantiene la prohibición sobre este uso medicinal, pero países como Estados Unidos y Canadá ya se han posicionado del lado de la legalización. Este último lo ha hecho también a favor de la utilización de la marihuana recreativa, al igual que Uruguay. Más cerca de las fronteras extremeñas también hay ejemplos. Portugal está entre los países de la Unión Europea que han legalizado el cannabis medicinal, aunque no el cultivo de los pacientes para su propio consumo.
En este sentido, desde el centro Cicytex son conscientes de la importante demanda que existe de este cultivo para uso terapéutico. «Hay mucho interés en este tema y nosotros tenemos un línea de I+D+i sobre el cultivo del cannabis», informa el investigador de Cicytex, que entiende que hasta que no se apruebe su utilización dentro del ámbito sanitario en España será difícil que los estudios al respecto se multipliquen. «Se podría desarrollar una industria que sería de alto valor añadido», aporta González.
No se puede desdeñar el impacto económico que tendría este sector. El volumen de negocio que se prevé es muy elevado. Diferentes informes realizados por consultoras especializadas cifran entre los 50.000 y los 150.000 millones de euros anuales la cantidad que puede mover la marihuana terapéutica dentro de cinco años.

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Correos refuerza un 17% su plantilla en Navidad,.

foto / Correos ha reforzado en algo más de un 17 por ciento su plantilla en la comunidad extremeña de cara al periodo navideño, debido al elevado volumen de entregas que se llevan a cabo, el cual crece año tras año.
El secretario provincial de Correos en CC OO Extremadura, Pedro Sánchez, explicó ayer que la entidad contrató a unas 150 personas un poco antes del pasado Black Friday para reforzar las entregas, sobre todo de paquetería, desde esa fecha hasta el final del periodo navideño. A ellas se suman otro centenar de personas contratadas recientemente para reforzar aún más el periodo navideño.
El representante sindical destacó el incremento de plantilla para afrontar este periodo, donde los envíos de paquetería crecen en la comunidad autónoma año tras año, a lo que se unen además el incremento de las tradicionales cartas o las obligadas notificaciones que efectúan empresas y entidades a final de año.
No obstante, recordó que el objetivo debe ser el incremento paulatino de la plantilla fija, como así se impulsará con las dos siguientes convocatorias de empleo nacionales, una cuyos exámenes serán el próximo enero y otra que progresará adentrado 2020.

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Los 200.000 cadáveres sin nombre de Colombia,.

El hallazgo de una fosa común con víctimas atribuidas a ejecuciones extrajudiciales enfrenta al país con su pasado,.

fotos / El cementerio de Dabeiba, donde la Jurisdicción Especial para la Paz localizó una fosa común, el pasado martes.

La puerta está abierta, pero el cementerio está vacío. Ni un vigilante ni el sepulturero, al que los vecinos llaman Ratón. Caminar sobre el césped, entre lápidas desgastadas y cruces, es como hacerlo sobre una alfombra acolchada. Junto a las tapias, la tierra removida. Es la mañana de Nochebuena y este fue uno de los escenarios del horror que convulsionó a Colombia durante el conflicto armado. El 14 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC, cuya misión es juzgar los crímenes de la guerra, anunció el hallazgo de una fosa común. Los investigadores localizaron en Dabeiba, un municipio de unos 20.000 habitantes a unas cuatro horas de Medellín camino de la costa del Caribe, los restos de al menos 50 personas. “Es horroroso. Ojalá se haga justicia”. La voz de Martha Oliva Rueda interrumpe la quietud del lugar desde la puerta de su casa, una construcción rodeada de flores improvisada en un montículo que linda con el cementerio.
Fueron, según el testimonio de un exmilitar y los indicios del caso, asesinadas por miembros del Ejército y después presentadas como guerrilleros caídos en combate a cambio de recompensas. Estas ejecuciones, el enésimo caso de una práctica sistemática llamada falsos positivos, ocurrieron entre 2005 y 2007 y son una pequeña muestra de los números de vértigo que dejó más de medio siglo de violencia. Además de los más de 260.000 muertos, según los cálculos del Centro de Memoria Histórica, un organismo público, hubo entre 80.000 y 100.000 desaparecidos, aunque el Instituto de Medicina Legal estima que todavía hay 200.000 cuerpos sin identificar. Víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de las Fuerzas Armadas.
Oliva Rueda, de 55 años, también se presenta como víctima. Su marido, relata, desapareció hace 19 años mientras trabajaba en el campo. Ya bajo el porche de su casa, se disculpa por no poder ofrecer nada y afirma que su familia denunció a unos militares y recibió 12,5 millones de pesos (unos 3.400 euros actuales) de indemnización. “Entonces trabajaba en la gasolinera, salía en torno a las dos de la mañana y tenía miedo”. El temor era no llegar a casa. “Quienes hemos sufrido más la guerra hemos sido los campesinos”, continúa. “Ahora es más seguro, pero siempre había un combo de unos y de otros”, dice en referencia a combatientes y los grupos ilegales de la contrainsurgencia Jesús Abraham Cartagena, de 70 años, una vida trabajando la tierra.
Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste del país), fue azotada durante décadas por una tormenta perfecta de muerte e injusticias. Combatientes, paramilitares y sectores desviados del Ejército convirtieron este municipio en uno de los epicentros del conflicto. En el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC de 2016, en esta zona ganó el sí, como sucedió en casi todas las poblaciones más castigadas por la violencia. Hoy es un pueblo caótico y alegre que busca dejar atrás el pasado y celebró la Navidad con salsa y, sobre todo, reguetón hasta la madrugada. Pero el drama de las desapariciones, de la búsqueda de familiares y del cierre de las heridas va más allá. Tres años después de la firma de la paz, Colombia se enfrenta no solo a la transición que, de forma directa o indirecta, determina el debate político, sino a su memoria.

Martha Oliva Rueda, vecina de Dabeiba y víctima de la violencia.

El Instituto de Medicina Legal es una de las entidades, junto a la JEP, a la Unidad de Búsqueda o la Comisión de la Verdad, encargadas de esa tarea. Según explicó su directora, Claudia García, a EL PAÍS, quedan aproximadamente 200.000 cadáveres sin nombre en los cementerios y en las fosas clandestinas. Allí, a partir de esa estimación, es donde las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos. En su opinión, el dolor generado tiene que servir para “dejar memoria en los jóvenes”, unir a la sociedad, en la que el conflicto dejó una brecha profunda, y reparar a las víctimas. Ellas, asegura, “son las que están más dispuestas a perdonar”.
Una de las que siguió de primera mano los trabajos de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta el cementerio de Dabeiba fue Adriana Arboleda, abogada y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Defiende que estas exhumaciones continúen y prosiga la investigación para que no se queden en buenas intenciones. Y para que todos los colombianos entiendan que “estos son crímenes atroces”. El tribunal señala, por ejemplo, sobre el último hallazgo: “Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad”. En febrero, la corte escuchará el testimonio del general Mario Montoya Uribe, jefe del Ejército hasta 2008, a quien esta semana fue notificada una orden de comparecencia. La JEP explica que “podrá hacer un reconocimiento de verdad y responsabilidad o negar los hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto”.
El presidente, Iván Duque, apoyó esa investigación. En los últimos meses, las Fuerzas Militares han estado en el ojo del huracán por el regreso de esos fantasmas al imaginario colectivo. El ministro de Defensa Guillermo Botero tuvo que renunciar a principios de noviembre tras conocerse que ocultó una operación contra unas disidencias de las FARC en las que murieron menores. Y el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, cuestionado por una directriz que alentaba a los soldados a mejorar resultados y por su pasado como segundo al mando de una brigada señalada por ejecuciones extrajudiciales, dejó su cargo el viernes alegando motivos familiares.
Pero los llamados falsos positivos solo representan un porcentaje muy pequeño de las desapariciones forzadas. Según la Fiscalía, entre 1998 y 2014 hubo casi 2.250 asesinatos de civiles perpetrados por militares, la inmensa mayoría durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe.
Las extintas FARC, que hoy son un partido político y se sientan en el Congreso con diez escaños, y los grupos paramilitares encadenaron crímenes durante décadas y en Dabeiba todos tienen alguna historia de horror relacionada con unos otros y con otros. Los miembros de las autodefensas siguen delinquiendo bajo el disfraz del Clan del Golfo, principal cartel de narcotraficantes de Colombia. Y la mayoría de exguerrilleros en fase de reinserción están concentrados en la cercana vereda de Llano Grande, escondida entre las montañas a una hora del casco urbano.
—Buscamos a Isaías Trujillo.
—¿Quién lo busca?
—Somos periodistas, queremos visitar la vereda.
—Me llamo Óscar Úsuga Restrepo.

La vereda de Llano Grande, a una hora de Dabeiba, donde se reincorporan excombatientes de las FARC.

Trujillo fue comandante de las FARC durante décadas, uno de los más investigados de la extinta guerrilla por reclutamiento de menores. Úsuga Restrepo es su nombre de civil y también está citado por la JEP. Este anciano, que amenazó con no acudir al tribunal por los obstáculos en la aplicación de los acuerdos, es la autoridad de la comunidad y ahora se muestra crítico con las disidencias, encabezadas por Iván Márquez. “La lucha armada ya no tiene vigencia, no tiene sentido. Hoy hay otros tipos de lucha”, dice rodeado de su familia y entre caricias a su perro salchicha, Tony. Recuerda los años de la guerra y los enfrentamientos con el Ejército y la policía. Dabeiba fue escenario en el año 2000 de una batalla de tres días. Ahora él y los otros exguerrilleros conviven con las autoridades.
Más abajo, cerca de la escuela, el campo de fútbol y el centro de salud, el sargento López reparte regalos a los niños junto a unas religiosas. Peluches y juguetes, sobre todo. Este año han recibido 130 gracias a una fundación. “Quiero darle las gracias para hacer que nuestra Navidad sea más feliz”, escribió uno de ellos en una tarjeta de agradecimientos. Mientras tanto, todos se preparan para celebrar la noche. Alexandra Restrepo, 18 años y unos estudios de Medicina en La Habana en el horizonte, asegura que tendrán permiso para bailar hasta las cinco de la mañana. Igual que en el pueblo, la urgencia de la memoria se entremezcla con el deseo de pasar página.