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El presidente de la Junta (C) y varios cargos del PP pasean por los alrededores del Castillo de los Templarios de Ponferrada.

La presidenta del PP de León pide a los bercianos que apoyen a su formación en las elecciones europeas,.

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, aseguró este viernes 24 de mayo en Ponferrada que las elecciones europeas son la oportunidad de decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no queremos un presidente que fomenta el odio, que enfrenta a los españoles».

Muñoz participó en la capital berciana en el primer acto de campaña en el Bierzo para las elecciones europeas, acompañada del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

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«Tenemos que mandarle un mensaje muy claro: España no se divide en buenos y malos, en sanchistas y no sanchistas. España es un país de trabajadores, tolerantes y democráticos. Se acabó esa forma de gobernar. Ni sus socios le apoyan ya», dijo Muñoz.

La leonesa pidió el voto para el PP para mostrar a Sánchez el rechazo de los españoles y forzar la convocatoria de elecciones, según informa Ical. «Sánchez no ha vencido a los independentistas, ha cedido a un chantajista», añadió. «Al secesionismo lo venció la fuerza judicial y el pueblo español. El solo se ha sometido. Tenemos una oportunidad el 9 de junio para mostrar nuestro rechazo», insistió. Muñoz recordó también que las políticas europeas son fundamentales para todos los ciudadanos de León.

TITULO: POLICIAS EN LA CALLE - Israel, a un año del horror ,.

Israel, a un año del horror,.

Hace doce meses, el país estaba aterrorizado y a la defensiva. Nadie podía imaginar que en tan poco tiempo iba a dar la vuelta a la situación y desarbolar a sus principales enemigos

foto / Hace un año, cuando decenas de terroristas de Hamás entraron a sangre y fuego en los kibutz y en un festival de música en el sur de Israel, muchas de las casi 1.500 víctimas que luego morirían o serían secuestradas telefonearon o enviaron mensajes a sus familiares en los que preguntaban dónde estaba el Ejército. La debacle del 7 de octubre de 2023 fue el mayor fracaso de la inteligencia y las Fuerzas de Seguridad de Israel en décadas. En ese momento de dolor, vergüenza y crueldad, muy pocos podían imaginar que en apenas un año sus Fuerzas Armadas iban a recuperar la credibilidad y la capacidad de disuasión que les habían permitido garantizar durante más de 75 años la existencia del Estado de Israel.

El balance de la guerra de Gaza ha quedado hoy mediatizado por los acontecimientos del último mes –la audaz desarticulación de la cadena de mando de Hizbolá y la eliminación de su máximo líder–, que han trasladado el conflicto al Líbano. Pero durante los restantes once meses el mundo ha sido testigo de una campaña militar que ha consistido en la destrucción metódica de Hamás y de su infraestructura en la franja de Gaza. El coste humano y físico ha sido enorme, debido a que Hamás está deliberadamente mezclado con los civiles. Sus representantes informan de más de 41.000 muertes, que casi un 70 por ciento de los edificios han sido destruidos, más de la mitad de los hospitales inutilizados y por la franja deambulan cientos de miles de desplazados. La transformación de Gaza en una 'zona de sacrificio humano' ha despertado el rechazo de la opinión pública mundial. No será fácil olvidar esas imágenes de la memoria colectiva.

Pero todo lo sucedido en Gaza, Israel lo ha hecho mirando siempre hacía Irán, única potencia regional que después de siete décadas sigue proclamando religiosamente la destrucción de Israel y que se resiste a participar en los entendimientos que los países árabes han suscrito mediante los Acuerdos de Abraham. Pese a ser una teocracia brutal e incompetente, Irán dispone de ingentes recursos procedentes del petróleo con los que sostener el 'círculo de fuego' de sus aliados (palestinos, chiítas iraquíes y sirios, hutíes) en torno a Israel, y posee un programa nuclear que eventualmente puede ser militarizado. Para quien más han cambiado las circunstancias, sin embargo, ha sido para Bejamin Netanyahu. Hace un año estaba empeñado a cara de perro en enfrentarse con el poder judicial de su país, y sus credenciales democráticas estaban en duda por las masivas manifestaciones contra sus pretensiones. La división de la sociedad israelí fue un factor que los terroristas sin duda tuvieron en cuenta para lanzar su agresión. Durante todo este tiempo, Netanyahu ha tenido una actitud ambigua hacia las familias de los rehenes. Y ha resistido las presiones de la Unión Europea y de Estados Unidos para que acatara una tregua en Gaza, anteponiendo los objetivos que ha fijado para Israel.

Hoy la situación es radicalmente diferente. El Mossad y el Ejército han recuperado la credibilidad perdida. Israel tiene la iniciativa política y militar. En las últimas semanas, Netanyahu ha sumado cuatro diputados más a su mayoría parlamentaria. Los éxitos contra Hizbolá han acallado las protestas de los familiares de los rehenes y han desplazado a Gaza del tablero internacional. El país, con Netanyahu al frente, ha dado la vuelta a una situación que un año atrás suponía una amenaza existencial y que hoy le permite tener prácticamente neutralizados a sus principales enemigos en la región.

TITULO: EL DIVAN DE OLGA VIZA - Los riesgos de registrar la conciencia,.

Los riesgos de registrar la conciencia,.

Se desprestigia la objeción con carácter general, como expresión de posturas retrógradas, a salvo de aquella, claro está, que coincida con nuestras propias convicciones,.

foto / El reciente anuncio del Ministerio de Sanidad de crear un registro nacional de objetores de conciencia a la práctica del aborto no es algo novedoso ni sorprendente. Tal medida ya está prevista legalmente en la reforma de 2023 de la ley por la que se sustituía el anterior modelo de indicaciones por un modelo de plazos, la Ley Orgánica 2/2010. Curiosamente, y a diferencia de lo dispuesto por la ley que despenalizó la eutanasia, aquella ley de 2010 en su versión inicial guardó silencio sobre el registro, siendo regulado por la Comunidad Foral de Navarra en su ámbito territorial. Por ello, y para salvar esa ausencia, la ley nacional incorporó en 2023 expresamente el registro como garantía del derecho al aborto de la mujer embarazada. También es cierto que se trata de una medida que ha recibido el aval del Tribunal Constitucional, y no solo en la reciente sentencia sobre el aborto de 2024, sino muchos años antes, en 2014, precisamente con ocasión de la regulación del registro de objetores navarros. Así, el TC tiene declarado, por un lado, que la creación de un registro no se contradice con el reconocimiento de la objeción como derecho, ya que su ejercicio no debe permanecer en la esfera íntima del sujeto, pues trae causa en la exención del cumplimiento de un deber. Por el otro, que los poderes públicos tienen el deber de garantizar la prestación del aborto a las mujeres que lo soliciten y que, por tanto, deben contar con los instrumentos necesarios para poder planificar y organizar los recursos humanos y sanitarios necesarios para tal fin.

Todo ello nos llevaría a pensar que estamos ante una causa pacífica, extramuros ya de todo debate, amparada por norma legal y refrendada constitucionalmente por el principal garante de la norma suprema. Si ha hablado el Parlamento, aunque sea con una exigua mayoría, y ha hablado el Alto Tribunal, ¿qué papel le queda a la sociedad civil? Pues creo que aún mucho. El ejemplo de Estados Unidos demuestra que el debate del aborto nunca deja de ser pacífico si se resuelve recurriendo a extremos. Ya Ruth Bader Ginsburg, principal defensora dentro de la Corte Suprema norteamericana del derecho al aborto, manifestó en diferentes ocasiones que Roe –caso judicial de 1973 en el que había proclamado el derecho al aborto– había ido demasiado lejos y demasiado rápido, siendo enormemente divisivo y aplazando una solución estable del asunto. Y tampoco parece que el reciente caso Dobbs que anula la doctrina Roe haya pacificado la cuestión.

El debate del aborto, por los valores en conflicto que involucra, no es resoluble con normas o sentencias, sino con un amplio consenso social. ¿Es sencillo alcanzar dicho consenso? Obviamente no, pero tampoco es imposible. Lo que sí lo dificulta es que se opte legalmente por proteger uno solo de los intereses, los de la mujer, en detrimento de los profesionales sanitarios y del que va a nacer.

El aborto presenta un problema moral profundo sobre el cual la mayoría de las sociedades tienen puntos de vista intensamente contradictorios. Algunos creen fervientemente que una persona humana comienza en el momento de la concepción y que el aborto acaba con una vida inocente. Otros consideran que cualquier regulación del aborto invade el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo. Otros piensan que el aborto debe permitirse en algunas circunstancias, pero no en todas, y también están los que consideran que el aborto debe prohibirse, pero sin criminalizar la posición de la mujer.

Como ya expresara hace pocos meses en esta misma página, pese a que el conflicto del aborto sea, por su propia naturaleza, dilemático –o la libertad de la gestante es respetada o lo es el proyecto vital del feto–, la experiencia nos ha mostrado que las soluciones que también lo son no acaban de resolverlo. Ni su criminalización ni su transformación en derecho permiten avanzar hacia lo que parece moralmente más correcto. Y si la solución del aborto pasa por combinar un mecanismo efectivo de protección de la vida con otras soluciones no extremas, lo mismo puede decirse de la objeción. Esta genera enfrentamiento y dificultad para alcanzar acuerdos y consensos. La dificultad del debate radica más en los sesgos ideológicos de los que, en muchas ocasiones, se parte. Se desprestigia la objeción con carácter general, como expresión de posturas retrógradas, a salvo de aquella, claro está, que coincida con nuestras propias convicciones. En todo caso, se trata de un fenómeno en auge en sociedades como la nuestra, cada vez más plurales y en las que las diferentes cosmovisiones sobre el universo y el ser humano no son ni unánimes ni compartidas por una mayoría. Se ha llegado a hablar, metafóricamente, de un Big Bang de la objeción.

¿Cuál es el problema, pues, que presenta esta previsible iniciativa del Gobierno? Bien sencillo, optar nuevamente por lo extremo, por la polarización: ni el feto ni los profesionales sanitarios merecen suficiente protección porque ello va en detrimento del presunto derecho de la mujer gestante. El registro vuelve a ser una solución dilemática que solamente admite dos alternativas extremas: estar o no estar. Y dado que la realidad nos ofrece mayor diversidad de posturas, el registro no suele ofrecer una relación exacta de los objetores existentes en cada momento. El alcance del registro para facilitar la cobertura de la prestación será siempre limitado. Además, el registro de objetores da pie a que los inscritos en él sufran estigma social y profesional. En un contexto ideal no debería darse, pero en el mundo real no puede descartarse. Ante esta situación, el profesional sanitario puede sentirse intimidado y tomar la decisión sobre objetar o no sin total libertad para decidir.

Y, por ello, cabe preguntarse, como ya hiciera el Comité de Bioética de España en 2022, si tiene sentido implantarlo cuando su efectividad puede estar bastante limitada y puede entrañar un riesgo de violación del derecho a la libertad ideológica de los objetores registrados. ¿Es proporcional generar ese riesgo para obtener un beneficio bastante limitado?

Y acabamos con las palabras de dos grandes de la bioética, Beauchamp y Childress, que recordaban hace años que no es ético que los derechos del paciente se compren al precio del derecho paralelo del médico.