TITULO:LA LOTERIA DEL VIERNES - ¿Dónde está Wally? - Decimo Lotería de Navidad - Empresa Economía - Merlin y Colonial amenazan al Gobierno con marcharse de España si se aprueba el plan fiscal para las socimis ,.

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Merlin y Colonial amenazan al Gobierno con marcharse de España si se aprueba el plan fiscal para las socimis,.

Merlin y Colonial, las dos únicas socimis que cotizan en el Ibex 35, y que se dedican fundamentalmente a alquilar oficinas, han salido en tromba contra este plan tras liderar el martes las caídas en el Ibex y desplomarse un 7,3% y un 5%, respectivamente.

La más madrugadora ha sido Merlin. La mayor inmobiliaria del Ibex ha anunciado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, “sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance”.

Número 16974 Lotería Navidad 2024 - Lotería 17 El Quijote

Aunque no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con “suficiente consenso político y técnico para su aprobación”, Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea “limitado” por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.

A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales.

La compañía recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y lamenta que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar “suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi”.

La compañía que fundó y pilota el financiero extremeño Ismael Clemente ha defendido que existe una “clara” justificación económica para la versión española del régimen conocido como REIT internacional, “basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)”.

Todo ello, añade, “con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos”.

“Muy grave”

Por su parte, el presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el acuerdo es “muy grave” y convertiría a España en “territorio prohibido” para la inversión internacional y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades.

“Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional”.

En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.

En cualquier caso, Brugera defiende que el modelo del negocio actual de Colonial está diversificado en distintas geografías, con una relevante presencia en el mercado de París, lo que le permite al grupo “una gran fortaleza en escenarios de fragilidad del marco normativo”.

“En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad”.

PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las socimis. Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas.

El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores, aunque su explosión se produjo tras un cambio normativo introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.

TITULO: POLICIAS EN LA CALLE - El caso Errejón y el caso Sánchez,.

El caso Errejón y el caso Sánchez,.

foto / Errejón,.

Por supuesto que no voy a juzgar en lo personal el «caso Errejón»; en primer lugar, porque ni me corresponde ni me gusta ese papel –«no juzguéis y no seréis juzgados»–, además de saber de ello tan sólo lo publicado,.

Por supuesto que no voy a juzgar en lo personal el «caso Errejón»; en primer lugar, porque ni me corresponde ni me gusta ese papel –«no juzguéis y no seréis juzgados»–, además de saber de ello tan sólo lo publicado. Pero reconozco que hay algo en su actuación última que me ha sorprendido –y aunque parezca paradójico– para bien. Su comunicado con la dimisión de todos sus cargos y su retirada de la actividad política, es una drástica decisión de las que estamos muy necesitados y poco acostumbrados actualmente en España. Formalizar de manera tan sorpresiva, como rotunda y clara, para la opinión pública y la publicada, una decisión tan extrema es evidente que debe estar muy fundamentada y basada en hechos que parecen incompatibles con una responsabilidad política tan significativa como ser el portavoz en el Congreso del grupo parlamentario «plurinacional» de Sumar. Hasta aquí todo parecería muy claro y muy «normal», pero no es así en España en la actualidad, donde el verbo dimitir es inexistente y solo se conjuga el verbo «resistir». Y presumiendo de ello cual si aferrarse al cargo al precio que sea, fuera un mérito y una conducta a admirar, con afirmaciones de que «hay legislatura para rato», «no pasa por mi cabeza la idea de dimitir», etc., tan frecuentes actualmente. Ante las informaciones diarias sobre presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación, cohecho, etc., que acechan al Gobierno y al PSOE y que investiga la justicia, no se ha producido ninguna dimisión. Al menos que se conozca por parte de quien suscribe. Es evidente que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que protege a todos y aplicable al ciudadano Íñigo Errejón, que sin embargo no se ha escondido tras ella, dando la cara antes de que la Justicia –en su caso– acredite la veracidad de las acusaciones que recaen sobre él. De demostrarse ser ciertas, es evidente que esa retirada de la primera línea de la política sería una inexcusable decisión voluntaria o forzada, pero con buen criterio ha optado por anticiparse a la acción de la justicia. Sería deseable que esta actitud cundiese en las filas del sanchismo ante otros casos, como el que acapara la atención política y mediática un día sí y otro también. Es encomiable el «Resistir» del Dúo Dinámico ante el covid, pero no es aplicable al caso Koldo-Ábalos-Sánchez, aunque algunas de sus conductas investigadas también coincidieran con la epidemia del covid. Con la población sometida «inconstitucionalmente» –así sancionado por el (anterior) Tribunal Constitucional– a un masivo arresto domiciliario y con las bocas tapadas por sus mascarillas.

TITULO: EL DIVAN DE OLGA VIZA - Ayuda ayuda ayuda ,.

Ayuda ayuda ayuda ,.

Quizá cuando las ayudas empiecen a sentirse, los valencianos podrán pasar de la desesperación al llanto,.

foto / Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la dana catastrófica y de sus más de 200 fallecidos, otro virulento temporal ha vuelto a poner a prueba nuestros nervios, el alcantarillado, las construcciones y los cauces de los ríos. Visto lo visto estas últimas horas en tierras valencianas y malagueñas, se vuelve a poner de manifiesto que España es de los países europeos menos preparados para hacer frente a desastres naturales. No tenemos la infraestructura adecuada, moderna, de drenaje, de la que sí disponen nuestros vecinos de Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza o Alemania.

Nos sobran voluntarios y solidaridad, menos mal, porque nos falta agilidad en los trámites, maldita burocracia. Lo denuncian día a día, ante las cámaras, vecinos de Alfafar, Catarroja, Paiporta... Hablo de familias enteras que todavía son alimentadas y vestidas por la caridad ajena, porque aún no han recibido las mínimas ayudas económicas –supuestamente urgentes– que las autoridades dijeron haberles destinado.

Todos ellos, sin un euro en el bolsillo y, entretanto, los Gobiernos autonómico y nacional hablándonos de la «fase de reconstrucción» de Valencia. ¿Perdón? Aquí, lo urgente es que todas esas personas tengan la posibilidad de empezar de nuevo, que no se repitan las historias de una espera que nunca llega y que ya nos han contado antes las víctimas del terremoto de Lorca, o del volcán de La Palma.

Aquí ningún partido político, mires a donde mires, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Hoy veremos al presidente valenciano dando explicaciones de su particular gestión de la dana y anunciándonos, de paso, una remodelación del Gobierno valenciano a la altura de las circunstancias. Apuesto a que Carlos Mazón todavía no se va. ¿Por qué? No esperéis que dimita en un país en el que nadie lo hace. Es así, por desgracia (y no lo comprendo, no se comprende). Claro que tampoco veremos a Teresa Ribera entonar el mea culpa por su ausencia sonada, por su dejación de funciones en la catástrofe valenciana, siendo ella la ministra del ramo. Quizá sea mal negocio para Feijóo vetarla como comisaria europea. El pulso que mantiene el líder del PP con Pedro Sánchez para sustituirla por Luis Planas, en realidad, tendrá su capítulo definitivo en Bruselas. Y será el PP europeo –no Feijóo– quien decida lo que le conviene en Europa. Llueve sobe mojado: siguen las espadas en alto en los despachos, con Sánchez borrándose de todas las cumbres, de perfil bajo en La Moncloa. Y continúa la crispación en la zona cero de la tragedia. Quizá cuando las ayudas empiecen a sentirse, los valencianos podrán pasar de la desesperación al llanto. A rumiar, por fin, su dolor.