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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - España se mira en el espejo del control del alquiler en Europa ,.
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España se mira en el espejo del control del alquiler en Europa ,.
Alemania o Francia logran limitar la subida de precios en algunas zonas, a cambio de recortar drásticamente la oferta,.
El acuerdo para sacar adelante la futura Ley de Vivienda alcanzado entre PSOE y Podemos ha levantado numerosas ampollas en el sector. Aunque aún se desconocen todos los detalles del texto, una de las medidas más polémicas es la del control de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El Ejecutivo ha apostado por un mix de incentivos fiscales a los pequeños propietarios que rebajen sus contratos además de establecer 'topes' en los pisos de los grandes fondos de inversión y entidades financieras como Blackstone, Lazora o Caixabank, que copan buena parte del parqué de viviendas en España.
Los analistas advierten de la incertidumbre regulatoria, sobre todo teniendo en cuenta que muchos gobiernos autonómicos y ayuntamientos ya han anunciado que no aplicarán la norma. «Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada y los inversores, sean o no fondos, dejarán de invertir en el sector», advierte el consultor inmobiliario Eduardo Molet. «Se devaluará el mercado de la vivienda, tanto de venta como del alquiler», insiste.
En el mismo sentido se manifiesta Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. Considera que la nueva Ley «plantea dudas sobre su efectividad, ya que este tipo de propuestas han sido muy poco efectivas en otros mercados como Berlín o París, los más parecidos al nuestro». Lo cierto es que la evolución del mercado en otros países en los que se aplican medidas similares indica que sí se ha logrado contener la subida de precios. Sin embargo, también se ha producido un frenazo en la oferta.
Alemania, posible espejo
En un reciente informe, el Banco de España ya advertía de este tipo de riesgos que se han detectado en otros mercados. Alemania es sin duda el espejo en el que mirarse, pues el 50% de sus hogares están en régimen de alquiler, cifra que en algunas zonas como Berlín alcanza el 80%.
La última regulación en la región, conocida como Mietendeckel, fue recientemente tumbada por el Tribunal Constitucional. Pero más allá del periplo judicial, su implementación puede servir de ejemplo para lo que pueda suceder en España. El país estableció en 2020 un precio máximo del alquiler y la congelación de las rentas durante cinco años. Todo se articula en torno a un precio de referencia, en términos de euros por metro cuadrado, cuyo nivel no debe sobrepasarse en los contratos de las viviendas constituidas antes de 2014.
Eduardo Molet explica que esta medida sí favoreció una caída de los precios de venta del 35%. Pero advierte de que «lejos de incentivar el alquiler, provocó el efecto contrario: la oferta se desplomó, los propietarios no querían alquilar o invertir en reformas para poder hacerlo, y cada vez era más difícil encontrar un piso», asegura.
Los análisis recopilados por el Banco de España también apuntan a que esta política supuso una reducción de los precios en el segmento regulado, pero los controles causaron un incremento sustancial en los no regulados. En concreto, de entre el 2% y el 3%. También se han observado otros efectos colaterales, como el aumento de las demoliciones de viviendas antiguas de pequeño tamaño, «que podría deberse a una reacción de la oferta con el objetivo de aumentar la construcción de nuevas casas no sujetas a la regulación», indican.
El caso de Berlín no es el único entre los países de nuestro entorno. En París, desde 2018 se autorizó que en algunas zonas se fijase el precio inicial del alquiler dentro de un rango de referencia. Para los nuevos contratos y las renovaciones, el último precio pagado por el inquilino solo puede incrementarse en un porcentaje fijo respecto a esa referencia (siempre que el arrendador no haya realizado mejoras en la vivienda, en cuyo caso la renta puede subir hasta en un 15 % del coste total de las mejoras). No obstante, el Ejecutivo galo calcula que una de cada cinco viviendas continúa superando los 'topes' establecidos.
Países Bajos y Suecia
También destaca el caso de los Países Bajos, donde la renta máxima mensual, tanto en el mercado privado como en el de alquiler social, viene determinada por un sistema de puntos según la calidad del inmueble (tamaño, localización, equipamiento, cercanía a medios de transporte o comercios, etc). En Suecia, los precios de referencia y los incrementos máximos se fijan en acuerdos anuales entre asociaciones de propietarios e inquilinos de ámbitos municipales. Yen Irlanda, los alquileres solo pueden aumentar un máximo del 4% anual durante un período de tres años en las zonas tensionadas.
Al otro lado del Atlántico también hay experiencias similares. California, por ejemplo, limita desde 2020 las subidas de las rentas a un 5% anual, más la inflación. La legislación afecta a las viviendas construidas hace más de 15 años y se excluyen los alquileres de pequeños propietarios.
Cambio de modelo
«El mejor control de precios es el del propio mercado, que se regula solo». Es la frase más repetida estos días por las voces más críticas con la propuesta del Gobierno para controlar el precio de los alquileres.
Sin embargo, los datos evidencian que el freno registrado en el último año debería consolidarse para acompasar un cambio de tendencia en el que el arrendamiento empieza a ganar adeptos dentro de un país de propietarios como el nuestro. ¿El motivo?Una incertidumbre laboral y económica en la que hipotecarse a largo plazo parece misión imposible para muchos.
Según datos del Banco de España, desde finales de 2013 los precios de los alquileres han subido un 50% (sin tener en cuenta la caída experimentada durante el año de la pandemia). Algo que ha provocado que, de media, los españoles dediquen en torno a un 40%de su salario al alquiler. La cifra se eleva al 56% en comunidades comoMadrid o Cataluña y supera el 50% en otras como País Vasco o Baleares.
Con muchos empleos en juego por la crisis, los expertos tienen claro que repetir la subida de los precios que se ha dado en los últimos años sería la puntilla para el bolsillo de los españoles. Sobre todo en un momento en el que, como se ha mencionado, se espera que la fórmula del alquiler siga ganando peso en el mercado desde el 23%que representa actualmente. Aún muy por debajo del 34%de población que vive de alquiler en la zona euro.
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50€ BILLETES
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LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - La acelerada transición energética se topa con una crisis gasista en plena reactivación,. , fotos,.
La acelerada transición energética se topa con una crisis gasista en plena reactivación,.
El fin de la pandemia ha impulsado el deseo de volver a una realidad económica que ahora depende, en buena medida, de Rusia,.
Fue hace ahora un año cuando se gestó una parte de la crisis más grave de precios energéticos de los últimos años. Entonces, la Comisión Europea sorprendió a todo el mundo: en plena pandemia redobló sus propios objetivos medioambientales al instar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 –frente al 40% anterior–, en comparación con los niveles de 1990. La medida intentaba acelerar un proceso de transición verde en el que toda la UE estaba de acuerdo como motor de la recuperación. Pero nadie preveía por entonces que un desbocado precio del gas y del petróleo hiciera temblar las estructuras energéticas del Viejo Continente.
La cronología de esta crisis de precios culmina en un coste de generación de la luz que supera ampliamente los 200 euros/MWh. Así ocurre este octubre en el que los precios mayoristas se han situado por encima de esa referencia la mayoría de los días.
Bruselas sabía que con su decisión se incrementaría el coste de los derechos de CO2. Contaminar saldría más caro. Ese era en realidad el objetivo para impulsar la transición energética. Ese precio se encontraba hace un año en torno a los 27 euros por tonelada. Hoy cotiza en los 60 euros. Las centrales eléctricas que más gases nocivos emitan tienen que elevar el coste de la luz porque contaminar les sale más caro. Y ahí están los ciclos combinados de gas, la cogeneración y, solo hasta hace pocos años, el carbón. Hasta ahí, dentro de lo previsto.
Sin embargo, no es el coste del CO2 lo que realmente ha llevado a esta crisis energética. Esos derechos solo la han agravado en cierta medida. Así lo explica un informe de DWS: «Aunque muchos achacan el fuerte aumento de los precios de la electricidad al mecanismo europeo para regular el precio de las emisiones de carbono, la auténtica causa es mucho más sencilla: las fluctuaciones cíclicas del precio del gas».
Nadie esperaba hace un año la tensión del mercado energético. Es la propia recuperación económica mundial tras el coronavirus la que está provocando esta nueva crisis. La mera reapertura de los países, cada vez con menos restricciones, ha elevado el consumo interno y las necesidades de importación de forma drástica, como nunca antes se había producido.
Otro epicentro en China
El aleteo de esa mariposa que ha tensionado el mundo volvía a situarse en China;como el coronavirus en Wuhan. El gigante asiático fue el primero en salir de la pandemia. Nunca su economía se había enfrentado a una parálisis tan brutal. Tampoco a un reinicio de la actividad tan potente en la que China quiso volver a la normalidad lo más rápido posible: ofreciendo productos a nivel interno y externo; exprimiendo sus fábricas;y a la vez guardándose cada vez más gas y petróleo en forma de reservas. No es que China no tenga capacidad. Es que sus combustibles también escasean: el carbón ha duplicado su precio en Australia o Indonesia, sus grandes proveedores.
Y ante este panorama, Europa asiste inmóvil, sin capacidad de reacción. Enric R. Bartlett, profesor de Derecho Público de Esade Law School, explica que esta situación «ha cogido por sorpresa a la mayoría de gobiernos y reguladores europeos». Apunta que «hay quien sostiene que han subestimado la posibilidad de utilizar el gas como instrumento de presión por parte de gobiernos de países exportadores».
Básicamente se refiere a Argelia y Rusia. En el primer caso, el origen del problema data del 24 de agosto, en el inicio de su crisis con Marruecos, cortando el flujo de gas a través del Magreb a la Península Ibérica. Y en el caso de Rusia, porque ha ido disminuyendo las ventas de la materia prima a Europa «para presionar por una rápida certificación por las autoridades alemanas y europeas –según el profesor– del Nord Stream 2», el gasoducto a través del Mar Báltico.
Todo este cóctel de circunstancias (China, Rusia, Argelia, la reactivación...) han elevado el precio del gas hasta los 100 euros/MWh. Si ese coste se sitúa en esa referencia, los ciclos combinados elevan el precio de la luz. Y en España estas plantas han llegado a aportar algunos días de septiembre más de un 25% de toda la electricidad que consumía el país. ¿Resultado?Un MWh por las nubes al que se suman todas las tecnologías (nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares) por la configuración del mercado, elevando el importe de la factura final.
Sobre el peso de los ciclos, Carlos Solé, socio responsable de Economics & Regulation de KPMG España apunta que el respaldo de estas centrales «va a funcionar muy pocas horas a lo largo del año». Frente a las 6.000 horas para los que estaban pensadadas todas las instalaciones, ahora apenas funcionan 1.000. «Por eso hay que modificar los mecanismos de capacidad, para ver cómo se les paga por garantizar el suministro cuando sea precisa su contribución para la cobertura de la demanda».
El riesgo que asume la economía es que la actividad no salga de la crisis al ritmo que estaba previso. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha admitido por primera vez. Esta situación «puede poner en riesgo muchas cosas, y una de ellas también puede ser la recuperación económica», apuntó instando a la UEa actuar. Será la próxima semana cuando Bruselas ofrezca alguna señal para salir de la crisis.
Las opciones de Bruselas
No va a ser fácil que la Comisión Europea consiga el consenso de los Estados para modificar alguna norma, por mínima que sea, del mercado energético, como la que define el funcionamiento del sistema marginalista de precios (el que paga a todas las centrales por la más cara). Aunque la crisis energética es comunitaria, cada país tiene sus propios intereses.
Frente a las islas energéticas de España y Portugal, e Italia, en Polonia cuentan con un mix eléctrico mucho menos dependiente del exterior, más ligado al carbón; Alemania va por su propio camino con el final de las nucleares y un Gobierno que ahora está en funciones;Francia cuenta con un 70% de producción nuclear... Y así hasta completar las demandas de 27 socios que Bruselas deberá aunar en una sola propuesta.
LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - Las leyes están para cumplirlas ,. . , fotos,.
Las leyes están para cumplirlas,.
Las patronales de las residencias rechazan el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad y reclaman la vacunación obligatoria de los trabajadores y el certificado covid para los visitantes,.
«Insuficientes», «un parche» y hasta «un despropósito». Las patronales de las residencias de mayores rechazan sin ambages las nuevas medidas que el Ministerio de Sanidad quiere aplicar en los centros de mayores para frenar el repunte de contagios y de fallecimientos, como el traslado a otros puestos de los trabajadores que no quieran vacunarse, al considerarlas «inviables». «¿Qué nos proponen, que llevemos a un gerocultor, que se ha formado para cuidar a los mayores, a las oficinas para que realice tareas administrativas y de contabilidad? Es absurdo, un sinsentido», proclama Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a más de 2.400 residencias (la mayoría pequeñas) que cuentan con unas 150.000 plazas.
Todas las asociaciones de residencias coinciden en que el documento de Sanidad, que plantea el cambio de ocupación de los trabajadores antivacunas, que se les controle la temperatura a diario y que se les haga dos test semanales, está desfasado. «Ya estamos cumpliendo esas medidas porque los protocolos autonómicos nos las exigen, incluso tres test a la semana que pagamos nosotros. Pero la solución no pasa por ahí», incide Fernández-Cid.
Las patronales, que denuncian que el Ministerio de Sanidad no las ha escuchado para este documento, ponen sobre la mesa otras iniciativas: la vacunación obligatoria de los trabajadores que no han querido hacerlo y si no es posible por cuestiones legales, la articulación de mecanismos laborales para que abandonen sus empleos mientras continúe la pandemia; que todos los visitantes presenten su certificado covid, igual que se plantea para bares o restaurante en algunos lugares; y la inoculación a los residentes lo antes posible de una tercera dosis de las vacunas.
Aproximadamente el 8% de los trabajadores de centros de mayores han rechazado vacunarse, según los datos del sector. En una residencia con 50 empleados, serían cuatro, un número más que suficiente para que la covid-19 pueda entrar de nuevo en el recinto. «Estamos hablando de la protección de la vida de las personas, una situación que requeriría que se habilitasen medidas excepcionales para estos trabajadores, como la suspensión de su contrato durante la pandemia», señala Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que incide en la imposibilidad de cumplir las recomendaciones de Sanidad. «Legalmente, no podemos obligar a un auxiliar de enfermería a realizar otras tareas, pero es que tampoco tiene sentido. Si, por ejemplo, le encargáramos que cambie bombillas, tendría que hacerlo en un pasillo y estaría en contacto con los mayores», explica Cubero, que exige de una vez una ley de pandemias que permita tomar decisiones ante situaciones de emergencia sobrevenidas. «Llevamos año y medio reclamándola, pero nos siguen atropellando los hechos», reflexiona.
«No podemos entender que se propongan medidas especiales para trabajadores no vacunados. Lamentamos que no sean valientes y no se tome la decisión correcta, que es obligar a vacunar en las residencias», critica al ministerio Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). «La normativa laboral es muy clara, no puedes cambiar a nadie de sitio de trabajo si el trabajador no está totalmente de acuerdo», agrega.
Las patronales tienen como interlocutor en el Gobierno al Ministerio de Derechos Sociales y en concreto, al secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, pero el documento de las residencias ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad, y creen que entre ambos departamentos no ha existido la comunicación adecuada. «Esto deja claro que no se conoce muy bien qué es lo que hacemos en residencias, donde el 98% de nuestros trabajadores son personal de atención directa y todo el mundo tiene contacto con las personas mayores que viven en una residencia porque una residencia es una comunidad y el contacto es fundamental», añade Pascual.
La tercera dosis en las residencias se ha convertido en una necesidad, aseguran los responsables de los centros de mayores. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que el tercer pinchazo será necesario, sobre todo por la reducción de la eficacia de los anticuerpos frente la variante Delta, pero aún no ha fijado fecha. Fuentes del sector explican que el ministerio les ha trasladado que esta dosis podría inocularse en octubre, coincidiendo con la vacuna de la gripe.
La situación de las residencias ha empeorado en las últimas semanas. Los centros de mayores han pasado de no registrar ningún fallecimiento (entre el 28 de junio y el 5 de julio) a computar 72 (entre el 19 y el 26 de julio, último informe disponible), según los datos del Imserso. En el mismo sentido, los contagios se han multiplicado por nueve en menos de un mes (139 positivos en la primera semana de julio y 1.272 entre el 19 y el 26 de ese mes).
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