Una viñeta gigante del dibujante Antonio Mingote recibe a los
visitantes en la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en
Madrid. “Decía Antonio Ponz que por cada árbol que se cortara en España
habría que ahorcar a un alcalde”, dice un personaje. “¿Y eso cuándo lo
dijo ese señor?”, pregunta su compañero. “En el siglo XVIII”, instruye
el primero. “Claro, tanto tiempo amagando, los alcaldes se confían”,
zanja el segundo.
Antonio Vercher dirige desde 2006 esta Fiscalía que combate los
delitos ecológicos en un país, España, en el que el Código Penal no
incluyó la protección ambiental hasta 1983. Vercher, nacido hace 62 años
en el pueblo valenciano de Tavernes de la Valldigna, no suele conceder
entrevistas: “De casi todo lo que puedo hablar no debo hablar, porque
son temas en investigación”. Prefiere las anécdotas sin nombres, como la
del hombre despechado que decidió quemar las cartas de amor de su
exnovia en un contenedor que un ayuntamiento valenciano había instalado
de manera negligente en un bosque. Ardieron 2.000 hectáreas.
La Fiscalía acaba de recibir el premio Fundación BBVA a la
Conservación de la Biodiversidad, dotado con 250.000 euros, porque su
trabajo, “con recursos insuficientes” y “basado siempre en el mejor
conocimiento científico disponible”, ha sido “crucial para la reducción
de los incendios forestales, la corrupción urbanística, la contaminación
atmosférica, el tráfico ilegal de especies, el maltrato animal, el uso
de cebos envenenados en el campo y la conservación de recursos como el
agua”, según el jurado. Orgulloso, Vercher se deja entrevistar, con el
Código Penal en la mano, aunque lo recita de memoria.
Pregunta. La propia Fiscalía subraya sus “recursos insuficientes” en
la nota de prensa del premio. ¿Tan insuficientes son?
Respuesta. Empezamos hace poco menos de 10 años con
un grupo de gente absolutamente exiguo. Se fueron nombrando fiscales y
delegados en diferentes provincias y se fue consiguiendo incrementar el
personal con gestiones con diferentes ministerios. En 2006, cuando se
creó la Fiscalía y sacamos la primera estadística un poco a ojo de buen
cubero, no llegábamos a 300 sentencias de condena. El año pasado
conseguimos 929. Verdaderamente, estamos en un momento de dificultades.
Cada vez que necesitamos algún tipo de medio técnico, tenemos que
convencer a una universidad. El Instituto Nacional de Toxicología puede
hacer cosas, pero no todas. Los laboratorios de la Guardia Civil,
exactamente lo mismo. Tenemos que firmar convenios con diferentes
entidades, a base de buenas conversaciones y de buen rollo. Hoy mismo,
el jefe de la unidad técnica está fuera, en unas gestiones para
conseguir que un determinado laboratorio de una universidad española nos
haga una analítica.
Me doy con un canto en los dientes con el número de sentencias que conseguimos contra los malos tratos a animales”
P. Hubo 929 sentencias condenatorias en 2014, pero la mayor parte (465) son de urbanismo.
R. En 2013 alcanzamos la cifra récord de condenas de
urbanismo, que fue 501. En 2014, por primera vez, aumentamos como unas
50 condenas por delitos medioambientales respecto al año anterior y
disminuyen las de urbanismo. Los fiscales creen que, a tenor de las
sentencias que se están produciendo, determinados sectores empresariales
y políticos relacionados con el urbanismo y con la construcción son más
reticentes a la hora de entrar en aspectos dudosos o discutibles.
P. ¿Se refiere a que hay menos corrupción?
R. Hay menos iniciativas que pueden degenerar en
actos que podrían calificarse como delictivos. El término corrupción es
muy etéreo. Lo que dice Michael Levi, profesor de Criminología de la
Universidad de Cardiff (Reino Unido), es que la corrupción implica
discrecionalidad, monopolio y falta de posibilidad de exigir
responsabilidad a quien actúa. Eso son los tres requisitos. Imagínate lo
que cabe ahí dentro.
P. Según
la Memoria de la Fiscalía de 2014,
hubo solo 49 sentencias condenatorias por delitos contra el medio
ambiente, 171 contra flora y fauna y 62 por malos tratos contra animales
domésticos. Parece que hay un desfase entre las condenas y la realidad.
R. Hablamos de sentencias de condena. Posiblemente
ha habido más. Esto es una cosa que algunas ONG no comprenden, pero en
un robo tú inicias una investigación y hay grandes posibilidades de que
la persona que ha cometido el robo, de alguna forma u otra, pertenezca a
ese mundo. Generalmente, en tema de robos no suele haber muchos
problemas en el ámbito de las pruebas. Es perfectamente posible que en
un mismo año tengas una apertura de diligencias, un atestado previo, un
juicio y una sentencia. Pero aquí, en la Fiscalía, hemos tenido asuntos
de 10 años. Esta es una forma de delincuencia en la que organizar
estadísticas es muy complicado. Puedes encontrarte asuntos que se
dilatan porque los abogados recurren y recurren. Hay un tema que no se
me olvida, una sentencia que se dictó contra la empresa papelera Ence,
en Pontevedra [la Audiencia de Pontevedra
condenó en 2002
a seis directivos de la Empresa Nacional de Celulosa (Ence) a cinco
meses de arresto por vertido de residuos contaminantes a la ría de
Pontevedra]. Aquello tardó 10 años. Yo estaba en el Supremo y llevaba
temas de medio ambiente. Recuerdo que dejaron de recurrir cuando se
enteraron de que al fiscal que llevaba el tema le destinaban a
Guadalajara.
P. ¿Por qué en ese momento?
R. Porque el procedimiento tenía como 60 tomos y
pensaron: “El que venga no va a tener ni idea”. Y ocurrió una cosa
interesante: en la propia Fiscalía pidieron que al fiscal que se había
ido le dieran una comisión de servicios de dos meses para celebrar la
vista. El juicio, cuando vieron al fiscal que conocía la materia desde
el principio, duró cinco minutos, porque se conformaron inmediatamente. Y
el fiscal aprovechó para pedir 200 millones de pesetas extra para
invertirlos en la recuperación del entorno en la ría de Pontevedra. En
temas de malos tratos a animales domésticos, yo me doy con un canto en
los dientes con el número de sentencias que conseguimos, porque no es
este un país especialmente caracterizado por tener una especial
sensibilidad hacia otras formas de vida distintas a la humana. Que
consigamos 62 sentencias de condena, si las comparamos con las de años
anteriores, verdaderamente se está avanzando mucho, porque eran muy
pocas las sentencias que se conseguían. Cada vez hay más ciudadanos que
están preocupados por el tema y denuncian más. También fiscales y
jueces.
El toro de Tordesillas no se considera malos tratos por ley”
P. 62 sentencias por delitos por malos tratos contra animales domésticos. Quizás el miércoles
en el Toro de la Vega en Tordesillas hubo más delitos que los condenados en todo 2014.
R. El tema de Tordesillas es que hay una regulación
legal en la que ha tenido un papel esencial el Parlamento de Castilla y
León. En su momento, se estudió porque hubo una denuncia hace muchísimos
años. Y se vio que es una materia que está normativamente regulada y,
consecuentemente, como está plasmada legislativamente, es legal y ya
está. La Guardia Civil no puede hacer nada y si a mí me lo denuncian no
puedo hacer nada, porque está legalmente regulado.
P. Legalmente, el toro de Tordesillas no se considera malos tratos.
R. No, por ley no es malos tratos, por ley del Parlamento de Castilla y León.
P. La Fiscalía recibe el premio por casi una década
“trabajando para el cumplimiento de la legalidad”. ¿La legalidad actual
es suficiente, a la vista de casos como el de Tordesillas?
R. Yo con la labor del legislador no interfiero. El legislador, no lo olvidemos, es el representante del ciudadano.
P. Pero usted hace 10 años aplaudía que se fuera a
cambiar la Ley de Montes para que no se pudiera construir en terreno
quemado. ¿Ahora no echa nada de menos en la ley para proteger el medio
ambiente?
R. No.
P. Volviendo al tema de los procesos que se alargan años y años, uno de los más clamorosos parece el del mastodóntico
hotel Algarrobico,
construido en la playa de Carboneras (Almería). Parece que existe en la
sociedad una sensación de impunidad, de que se puede levantar un
mazacote en una playa y no pasa nada.
R. El tema tiene sus matices. Impunidad del todo no
es. El hotel está vacío. Allí se hizo una inversión económica que ahí
está, supongo que la idea de los propietarios era sacarle algún tipo de
provecho. Y ahí está vacío.
Pisamos callos aplicando el famoso principio de que salga el Sol por Antequera”
P. ¿Y qué pasa con el principio de “quien contamina paga”?
R. Lo que pasa es que no ha ido por la vía penal
porque, cuando se constituyó la Fiscalía, si había algún aspecto
delictivo estaba al borde de la prescripción o había prescrito ya,
porque el hotel llevaba muchos años construido y, sobre todo, la obra se
había iniciado muchos años antes. La verdad es que la Fiscalía se
inició conmigo solo y fuimos creciendo hasta estar en condiciones de
actuar al cabo de un año o un año y medio de haberse fundado. Desde el
punto de vista penal, aquello era más que discutible. Como, por otra
parte, la vía administrativa se planteó inmediatamente, se abrió un
proceso que permitía resolver el tema. Si no me falla la memoria, se
acordó en su momento, por las diferentes instancias administrativas
(central, autonómica, etcétera) la expropiación para proceder a la
demolición.
P. ¿Y qué pasó?
R. El tema administrativo se complicó por diferentes
recursos. A nosotros dejó de preocuparnos, porque desde el punto de
vista administrativo estaba siendo tratado. El tipo de complicaciones
que puedan surgir ahí están. En el área de Medio Ambiente tampoco son
tan extrañas, por lo que comentábamos en el caso de la papelera de Ence.
Son temas en los que hay fuertes intereses económicos y cada uno hace
el uso del derecho para sus propios intereses, lo cual es legal y está
constitucionalmente permitido. Otra cosa es que nos guste o no nos
guste. A todos nos gustaría tener un medio ambiente absolutamente
inmaculado e impoluto. Y espero que así sea.
P. Hablando de intereses, ¿a usted le llaman poderes políticos o empresariales para presionarlo?
R. No.
P. ¿Nunca le ha llamado un político al móvil para decir “mírate esto”?
R. Yo respondo a todo el mundo, incluso a la prensa.
Siempre cojo el teléfono y les digo: “No puedo hablar”. Pero cojo el
teléfono y respondo. Eso lo he hecho siempre. Recibo a todo el mundo.
P. ¿Y qué les dice a los políticos que llaman?
R. Bueno, si alguien pide una cosa sensata, genial.
Si la cosa no es sensata, digo: “Mire, lo siento, el problema que tengo
es que si yo hago las cosas bien, fenomenal, pero si no hago las cosas
bien estoy prevaricando”.
P. O sea que le han llamado al teléfono prevaricadores o intentando prevaricar.
R. No. Debo admitir que no he encontrado a nadie tan
osado para venir con cosas de esta naturaleza. No sé si es que ya se me
conoce, o se sabe cómo funciona la Fiscalía, o han mirado el número de
sentencias que tenemos. Lo cierto es que si por algo me congratulo es
por el hecho de que la Fiscalía está abierta a todo el mundo. Es una
cosa positiva, pero también tiene aspectos negativos. Nos llegan muchas
veces denuncias de gente que a lo mejor está desesperada porque le han
cortado un árbol enfrente de su casa y les gustaba. Llamas al
ayuntamiento correspondiente y te comunican que el árbol tenía una
enfermedad incurable. Llegan temas de una importancia bárbara, brutal, y
también te encuentras temas de personas que a lo mejor están aburridas y
le han talado un árbol de forma que no ve las ramas, y le encantaban
las hojas.
Se han decretado unas 120 demoliciones de edificios ilegales en 2014"
P. En la Memoria de la Fiscalía de 2014 se subraya la
Operación Fragmentados,
que era un desvío de electrodomésticos que iban a reciclaje; también se
destacan la exportación ilegal de neumáticos a África y a América del
Sur; la construcción ilegal en suelo rústico de 20 casas en La Rioja,
incluyendo la del presidente de La Rioja [Pedro Sanz, del PP]…
R. Hubo una reforma normativa y aquella vivienda se legalizó, antes de que nosotros supiéramos nada.
P. ¿Sin la reforma normativa habría sido delito?
R. Evidentemente.
P. En la memoria de 2014 también se destaca una
querella contra agricultores freseros de Doñana. Son casos que
jurídicamente serán modélicos, pero se echan de menos grandes empresas.
¿Ya no hay grandes casos, del estilo de
los vertidos del gigante químico Ercros en el pantano de Flix?
R. En la anterior memoria hay referencias al tema de las operaciones
Refresco,
Fragmento y
Fragmentados. Cuando se inició
Refresco,
que es un tema que está en trámite en este momento y del que no debería
hablar, la Fiscalía ordenó la detención de 97 personas, entre ellas
varios empresarios, y se cerraron varias empresas acto seguido por el
juzgado. Hay una sentencia de una operación previa que es la
Operación Fragmento,
de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se condena a cinco
empresarios, dos de ellos a cuatro años y varios meses, y tres de ellos a
dos años y varios meses, por reciclaje ilegal de residuos.
P. ¿Son grandes empresas?
R. Son empresas, no me importa el tamaño.
P. ¿Es que las grandes empresas respetan más el medio ambiente?
R. No nos paramos a analizar eso. Es como cuando
detienes a alguien por un delito de robo. Te importa poco que tenga 100
millones en el banco, pero tenga un problema de cleptomanía, o que
simplemente sea una persona que le ha dado la neura ese dia y le ha dado
por robar, o sea una persona que reiteradamente roba. Lo que te importa
son los hechos, si el hecho es delictivo, si hay circunstancias
agravantes y nada más. Lógicamente, cuando vamos a una empresa que está
cometiendo un delito contra el medio ambiente no pedimos ni las nóminas,
ni el número de empleados que tiene. Nos importa el hecho delictivo.
Yo escribí un libro en 2002 titulado 'La delincuencia urbanística' en
el que dejaba absolutamente claro que esto iba a reventar por todos los
lados"
P. Otro caso que sorprende es el de la fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo (Huesca),
uno de los lugares más contaminados por pesticidas
del mundo. Entre 1975 y 1989, la empresa española tiró sin autorización
hasta 160.000 toneladas de residuos tóxicos de la producción del
pesticida en dos vertederos de Sabiñánigo. En 2003, un juzgado de Huesca
sentenció a Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros de indemnización
por los daños ambientales en Sabiñánigo. Pero Inquinosa ha desaparecido.
R. Tenemos un procedimiento abierto.
P. Es un claro ejemplo de impunidad. El director
gerente de Inquinosa, Jesús Herboso Pajarrón, siguió fabricando
pesticida en Rumanía. No se ha pagado un euro todavía.
R. Puedo asegurar que hay un procedimiento abierto.
No puedo entrar en detalles, sinceramente, porque hay una inmensidad de
asuntos abiertos y no me puedo acordar de los detalles de todos. Este
tema lo está llevando la Fiscalía de Huesca y lo está llevando muy bien,
como suelen hacer la inmensa mayoría de las fiscalías. Pero es un tema
que clarísimamente no está cerrado.
P. Usted propuso hace casi una década que el Ejército vigilara los bosques.
R. Y se ha hecho, en Galicia. No sé si se sigue
haciendo, pero durante varios años el Ejército organizaba, en
colaboración con la Xunta de Galicia, patrullas de vigilancia por los
montes.
P. ¿Cuántos delincuentes ambientales hay en la cárcel?
R. No lo sé, es un tema de ejecución de condena. Lo
que sí puedo decir es que se han decretado unas 120 demoliciones de
edificios ilegales en 2014, por el artículo 319 del Código Penal. Nunca
habíamos insistido en recopilar las demoliciones que se llevan a cabo y
hemos empezado hace dos años. Este año ya sabemos más o menos con
precisión cuántas demoliciones se han producido.
P. ¿Son casos como el de
la abuela canaria indultada por el Gobierno tras ingresar en prisión por negarse a demoler su casa ilegal en un parque natural?
R. Lo de esta señora es un poco como el caso de hace años de un pastor que recogió en Sierra Nevada lo que creía que era
manzanilla para infusiones,
que resultó ser una planta en riesgo de desaparición. Se aplicó el
Código Penal y apareció un amplio sector de la prensa diciendo: “¿qué es
esto de que por coger manzanilla uno vaya a la cárcel?”. Si no me falla
la memoria, en el caso de esta señora canaria, fue condenada y se le
pidió la demolición. Una de las cosas que exige el Código Penal para que
a alguien le den la suspensión de condena es el cumplimiento de su
responsabilidad civil, como establece el artículo 81.3. Tú construyes
ilegalmente, se te condena y solo si demueles has cumplido con tu
responsabilidad civil. Si demueles, se te puede dar la suspensión de
condena. Si no demueles, en principio no se te puede dar la suspensión
de condena.
Si disminuyen las condenas de urbanismo, significa que el problema está empezando a resolverse"
P. O sea que la abuela canaria estaba bien condenada.
R. Sí, sí. Democráticamente, legalmente,
constitucionalmente y todo lo demás. Lo que parece que pasó es que la
señora se comprometió a demoler y acto seguido, con ese compromiso se
planteó que se cumplía el artículo 81.3 del Código Penal y por tanto se
afrontaba la responsabilidad civil.
P. ¿Las 120 demoliciones de edificios ilegales son
casos como el de la abuela canaria, construcciones ilegales en parques
naturales?
R. No lo sé. Somos juristas, no somos especialistas en estadística, ni sociólogos, ni nada por el estilo.
P. Su Fiscalía es de Medio Ambiente y Urbanismo. Con
la avalancha de delitos relacionados con el urbanismo que hay en
España, ¿tiene que descuidar necesariamente el medio ambiente?
R. Lo interesante es que este último año, por
primera vez, aun aumentando el total de sentencias de condena, sin
embargo han disminuido las de urbanismo, lo cual está bien, porque si
disminuyen significa que el problema está empezando a resolverse. Porque
hay más conciencia y más conocimiento técnico en relación con esa
materia, con lo cual jueces y fiscales actúan con mayor propiedad y con
mayor apoyo legislativo y jurisprudencial. Si eso se produce a los 10
años de existir la especialidad, y si va acompañado de un aumento de
condenas en otras áreas del derecho penal ambiental, esto supone, desde
mi punto de vista, que el aspecto urbanístico está entrando donde tiene
que entrar y que el resto de temas ambientales están empezando a ser
tratados, al tener un poco más de margen de maniobra.
P. Es optimista.
R. No hay que olvidar que la Fiscalía se creó en 2006, después de las operaciones
Malaya y
Ballena Blanca,
en las que se observó que había grandes inversiones por parte,
aparentemente, de mafias extranjeras en temas de urbanismo para
blanquear dinero. Aquello fue realmente el pistoletazo de salida de la
Fiscalía, no fue el problema de los malos tratos a los animales
domésticos ni el problema de la manzanilla protegida que alguien se
lleva para hacerse una infusión. Lo que realmente fue determinante en su
momento fueron estas dos operaciones. Se vio que en España se estaba
blanqueando de manera infame dinero negro en construcciones ilegales.
Entramos en un momento de máxima vorágine, todavía no había estallado la
burbuja inmobiliaria, eso fue tres años después. Plantear en aquel
momento que aquello fuera delito, en un contexto social en el que para
todo el mundo el urbanismo era el pan imparable, constante y
permanente... ¿quién es el loco al que se le ocurre meterse con una
materia que está resolviendo los problemas del país? Yo escribí un libro
en 2002 titulado
La delincuencia urbanística, publicado por la
editorial Colex, en el que dejaba absolutamente claro que esto iba a
reventar por todos los lados. Lo teníamos clarísimo, y cuando empezamos
con la Fiscalía en 2006 la cosa se confirmó a tope. Entramos en la
materia, pero no con todas las bendiciones. Pisabas callos, pero tiramos
hacia adelante aplicando el famoso principio de que salga el Sol por
Antequera. Y, efectivamente, por Antequera sale el Sol.
P. ¿Siguen pisando callos? ¿A cuántos alcaldes han imputado?
R. Todos los fiscales pisan callos. No tenemos un
recuento de alcaldes imputados. Tengo en la base de datos todas las
sentencias por prevaricación urbanística que se hayan producido y que
hemos conseguido.
P. Según un informe de 2010 del Centro de
Investigaciones Sociológicas, “la conciencia de los españoles se
caracteriza por su debilidad… puede afirmarse que el ciudadano ecológico
español todavía no existe”. ¿Sigue sin existir?
R. Las cosas han mejorado, sin lugar a dudas. La prueba es el número de denuncias que recibimos.
P. El
parany, la caza de aves con pegamento
que se practica en algunos lugares de la Comunidad Valenciana, ¿es un
ejemplo de fracaso de las autoridades?
R. Ya ha dicho el Constitucional que está prohibido.
P. Pero
sigue practicándose.
R. Seguimos utilizando la vía penal a diestro y
siniestro. Y no paramos. Seguimos constantemente presentando escritos de
acusación en Castellón, Tarragona, etcétera. Ya hay sentencias
condenatorias, por supuesto.
P. El galardón del premio que acaban de ganar está dotado con 250.000 euros. ¿Qué van a hacer con el dinero?
R. Se destinará íntegramente a medios para la propia
Fiscalía, a la adquisición de material y bienes que vamos a utilizar
para el control de la contaminación atmosférica, para el control de
emisiones nucleares…
P. ¿Nucleares?
R. Sí, radiaciones nucleares.
P. ¿Eso no lo hace ya el Consejo de Seguridad Nuclear?
R. Sí, pero en el Código Penal hay un apartado
dentro de los delitos contra la seguridad colectiva que se refiere al
tema de emisiones radiactivas, en el que somos competentes.
P. ¿No se fían del Consejo de Seguridad Nuclear?
R. No es eso. Puede haber una investigación de
carácter penal que tiene que ver con una central nuclear. Tenemos una
que está bastante avanzada,
en Ascó I (Tarragona).
P. ¿Por eso se reunió el 18 de marzo de 2014 con el
responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, según consta en la
memoria de la Fiscalía?
R. Consta así pero es un error. Ya no era el
responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace y vino por otro
asunto. Otra cosa que tenemos en investigación es
el tema de Palomares
[la colisión en 1966 de dos aviones militares de EE UU que provocó la
caída de cuatro bombas atómicas sobre la pedanía almeriense de
Palomares], porque se ha producido una denuncia por parte de Ecologistas
en Acción, ya que quedan residuos y han planteado que hay que hacer
algo. Entonces, ahí estamos.
P. ¿Una denuncia contra EE UU?
R. Es una denuncia genérica, pero prefiero evitar preguntas sobre temas concretos.
TÍTULO: LA COCINA- DOMINGO LUNES - ALBÓNDIGAS EN SALSA DE SETAS,.
-foto--ALBÓNDIGAS EN SALSA DE SETAS,.
Las claves
- Ingr. prin.: Carne
- Plato: Principal
- Estilo:
Cocina casera.
- Ambiente:
A diario, De la abuela, Tupper.
- Tiempo: medio
- Dificultad: medio
- Precio: medio
- Comensales: 4
- Programa: ¿Qué comemos hoy?
- Le gusta a 8 personas
INGREDIENTES PRINCIPALES
- 500 grs de carne de ternera picada
- 1 ajo
- 2 rebanadas de pan de molde
- 2 huevos
- 75 grs de bacon
- Leche
- Sal
- Pimienta negra
- Harina
- 100 grs de champiñón
- 75 grs de setas de cardo
- Aceite de oliva
- ½ copa de vino oloroso
- Fécula de patata o maizena
Preparación de la receta
Para preparar la receta de Albóndigas con salsa de setas:
- Remojar el pan con la leche y añadir en un bol junto con la
carne, los huevos, el bacón picado, el ajo machacado, la sal y la
pimienta.
- Mezclar bien y formar las albóndigas. Enharinar y freír.
- Cortar en láminas todas las setas y rehogar en aceite.
- Añadir el oloroso y evaporar el alcohol.
- Cubrir con agua y cocer 2 minutos, incorporar las albóndigas y cocer lentamente 10 minutos.
- Añadir la fécula de patata para ligar la salsa.
- Rectificar de sal y emplatar.
-foto--ANTONIO VERCHER | FISCAL
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