La hora de los Fósforos - La Cope - CARLOS HERRERA - El tabaco la lía en Hacienda ,. , fotos,.
El tabaco la lía en Hacienda,.
El Supremo abre la puerta a la venta de hojas de esta planta para picar en casa sin pagar impuestos en una controvertida sentencia. El fisco y las tabaqueras están que fuman en pipa,.
Páginas web como hojas-de-tabaco.online, leaf-kg.com o trezo.de ofertan, lo mismo en alemán, polaco o castellano, un abrumador escaparate con hojas de 'virginia', «de sabor suave de tabaco rubio»; 'burley', «con contenido de nicotina moderado y bajo en azúcares»; y de otras variedades, a partir de unos 14 euros el kilo, gastos de envío aparte. La tarifa cae a 10 euros si el encargo asciende a un mínimo de cuatro kilos. Para que se hagan una idea, de un kilo de hojas a granel pueden salir unos 1.500 pitillos. La red también está llena de tutoriales para no perderse en el proceso de manufactura. Cualquier duda en torno al pedido se solventa, en el mejor de los casos, a través de una dirección de email o de un número de Whatsapp. Esos mismos sitios comercializan todo lo necesario para culminar la elaboración de cigarrillos, como máquinas de corte, tanto eléctricas como manuales, fusibles, peines o rodillos. Eso sí, si les quedan en 'stock'. Varios de esos artículos lucen estos días el cartel de «agotado».
La mejor prueba de la buena marcha de este lucrativo negocio data del otoño de 2015, cuando la Guardia Civil y Philip Morris España unieron fuerzas para poner coto a un contrabando que crecía como la espuma. Aquel convenio, por el que la multinacional armó al cuerpo de equipos de cámaras acuáticas para examen de carga, sistemas de visión nocturna, dos furgonetas tipo escáner y un centenar de dispositivos móviles dotados de un sistema integrado para verificar la autenticación y rastreo de productos del tabaco, disparó las incautaciones de tabaco en hoja. La primera se produjo a las seis semanas de la firma del acuerdo. Una denuncia de la asociación de estanqueros de Jaén permitió asestar el mayor golpe al contrabando de tabaco conocido hasta entonces en España.
«Estamos estudiando los efectos de la sentencia; no existe jurisprudencia»
Ministerio de Hacienda
«El fallo judicial necesita una aclaración adicional del legislador»
Mesa del Tabaco
En la 'operación Picado', la
Guardia Civil de Jaén y la Agencia Tributaria se incautaban de nada
menos que 41,5 toneladas de picadura de tabaco y detenían a una docena
de personas. Finalmente, un único sospechoso se sentó en el banquillo de
los acusados. Se trataba de Javier S. M., un empresario madrileño de 34
años, administrador único de la mercantil que adquiría la hoja de
tabaco y la distribuía al margen de los canales establecidos, al que,
hace un par de años, la Audiencia provincial de Jaén le acabó imponiendo
una condena de tres años de cárcel y una multa de casi 307 millones de
euros por contrabando y delito fiscal. En 2015, el año de su arresto, la
facturación de su negocio, con sede en Fuenlabrada, superaba los 4,5
millones anuales. Durante el proceso, quedó probado que el acusado compraba tabaco en rama al por mayor en España, Grecia o Bangladesh, que luego compactaba, humedecía, uniformizaba y vendía en paquetes de un kilo a través de una web. Según Hacienda, esa mercancía era susceptible de ser fumada mediante una sencilla operación de picado manual. El valor del tabaco que le incautaron ascendía a 87,7 millones de euros. El fisco consideró que dejó de ingresar cerca de 25 millones.
Debate semántico
El asunto terminó en el Supremo, que acaba de darle la vuelta con un fallo que despenaliza la venta de hojas para fumar sin necesidad de rendir cuentas al fisco. En el texto del dictamen, el alto Tribunal deja clara la naturaleza semántica de un debate complejo. «¿Constituyen 'labores de tabaco' las hojas que preparaba, empaquetaba y comercializaba el recurrente?», se pregunta. La Ley de 1992 sobre los impuestos al tabaco no solo castiga su contrabando, sino también el de las «labores de tabaco». Estas son, indica la normativa, «los cigarros y los cigarritos», «los cigarrillos», «la picadura para liar» y «los demás tabacos para fumar». El Supremo descarta que la actividad de Javier S.M. encaje en alguno de los dos últimos epígrafes, dado que afecta a «tabaco cortado o fraccionado de otro modo, hilado o prensado en plancha, y que sea susceptible de ser fumado sin transformación industrial ulterior». Y la hoja necesita esa transformación posterior.Los magistrados -con la discrepancia de dos de ellos- abogan por sacar este espinoso asunto del ámbito penal, por lo que han fallado absolver al empresario de contrabando. Eso sí, sugieren al legislador que solucione «esa hipotética laguna o desajuste» para que la ley quede «bien definida y no incierta». «Los órganos judiciales penales -concluyen- no pueden efectuar ese seguramente necesario correctivo valiéndose de mecanismos interpretativos proscritos por el derecho penal».
Tanto el Comisionado para el Mercado de Tabacos, el órgano regulador dependiente del Ministerio de Hacienda, como la Mesa del Tabaco, que aglutina a todos los agentes implicado en la cadena de producción, quieren asumir por ahora el nuevo escenario. Desde el departamento gubernamental que lidera la socialista María Jesús Montero afirman que se encuentran «analizando los argumentos jurídicos de la sentencia para conocer sus implicaciones y efectos, y así determinar cómo actuar». No parece claro, entre otras cosas, porque no existe jurisprudencia a este respecto, recalcan. Para ello se necesitan al menos dos sentencias emitidas por el Supremo en el mismo sentido, «y solo hay una».
La agrupación de agricultores y transformadores, fabricantes y distribuidores de tabaco, por su parte, considera necesaria la intervención del «legislador» para que «ofrezca una aclaración adicional sobre el delito de contrabando de hoja de tabaco». «El objetivo es que no se pueda comercializar para ser fumada tras una mínima manipulación sin cumplir con la regulación vigente, como ocurre en el caso juzgado», enfatizan desde la Mesa del Tabaco. Entretanto, la lucha contra el contrabando no descansa. A partir del próximo 20 de mayo, las cajetillas incorporarán una especie de DNI que aportará a la Policía información valiosa sobre su procedencia.
Un chute de esperanza,.
La derrota del Lugo hace que el Extremadura esté a dos puntos de la salvación con once jornadas aún por disputarse,.
El Extremadura ha recibido una vida extra este fin de semana. Los azulgranas han sumado los tres puntos correspondientes a su partido contra el Reus, por lo que este fin de semana han estado más pendientes de los partidos de sus rivales que de cualquier otra cosa. Algunos como el Rayo Majadahonda o el Tenerife han conseguido ganar sus partidos y toman aire con respecto a la zona de descenso, pero la victoria del Albacete en Lugo le ha dado al Extremadura razones para creer en la salvación.El equipo de Manuel Mosquera, con la derrota del Lugo, se encuentra ahora mismo a dos puntos de la salvación. Y es que el conjunto almendralejense no estaba a menos de dos puntos de la salvación desde hace dos meses, tras la disputa de la jornada 23. Ahora, con 11 partidos todavía por jugarse, el Extremadura depende de sí mismo para conseguir la permanencia en Segunda División.
Su más inmediato rival ahora mismo, el Lugo, está dos puntos por encima del Extremadura, pero lleva una mala racha que le ha complicado la situación. Con los tres puntos del Reus al margen, el equipo lucense lleva siete choques sin conseguir la victoria, por lo que no llega en un buen momento al tramo decisivo de la competición, ya que es el peor equipo de la liga en esos últimos siete partidos.
El equipo volvió ayer a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante Osasuna
Además, una razón más para la esperanza
azulgrana de cara a la salvación es que el Lugo es uno de los rivales
que tiene que visitar el Francisco de la Hera de aquí a final de
temporada. Eso sí, para ese choque vital aún quedan muchas jornadas por
delante, ya que el Lugo visitará la capital de Tierra de Barros a tres jornadas del final de liga.Hasta entonces, el Extremadura tiene un calendario bastante complicado, sobre todo en las próximas jornadas. Por eso, debe acelerar para sacar los puntos necesarios que le hagan llegar al partido de Lugo con las opciones de salvación aún intactas. El próximo partido del Extremadura será en casa del líder, un Osasuna que tiene un colchón de cuatro puntos sobre el tercer clasificado, pero que llega tras perder -con remontada incluida- la pasada jornada ante el Tenerife.
Tras ese partido, el Extremadura vuelve al Francisco de la Hera para enfrentarse al Almería antes de volver a tener dos partidos seguidos fuera de casa, ante Málaga y Deportivo de la Coruña.
El calendario no es fácil, pero el conjunto de Manuel ha recibido un chute de positividad con la derrota del Lugo, ya que ahora se ve a un solo paso de la anhelada salvación y está con las pilas cargadas después del fin de semana de descanso que han tenido los jugadores.
Vuelta a los entrenamientos
Y tras esas mini vacaciones que se ha tomado el equipo tras el partido amistoso del jueves ante el Levante, los de Manuel volvieron ayer al trabajo en la Ciudad Deportiva de Almendralejo con la mente puesta en el partido ante Osasuna.Ni Fausto Tienza ni Olabe estarán en dicho encuentro por sanción, mientras que otros jugadores como Schahin, Nando o Javi Álamo siguen con su recuperación para intentar estar disponibles lo antes posible. El equipo entrenará todos los días de esta semana excepto el domingo, día del partido.
«Nos hemos quedado sin las tierras y sin las casas que nos prometieron a cambio»,.
Una familia de Valdelacalzada vendió un terreno en 2003 a cambio de tres viviendas, pero la empresa no cumplió su parte,.
En Valdelacalzada hay una promoción con casi 300 unifamiliares que es conocida en el pueblo como 'las casas de Toñete'.
Es el nombre del que era propietario de las cinco hectáreas donde se
edificaron las viviendas. Por un giro de las circunstancias, su mujer y
sus hijos podrían ser desahuciados de esas casas.
Los dueños del terreno firmaron un contrato de permuta hace 16 años. Vendieron 49.000 metros cuadrados a cambio de 42.000 euros y tres viviendas. Cuando se mudaron, sin embargo, descubrieron que sobre sus casas pesaba una hipoteca. Se negaron a pagar y fueron a juicio contra la constructora. Hace poco una sentencia les dio la razón y fijó una indemnización, pero la empresa ha quebrado y no va a pagar, por lo que el banco puede ejecutar el préstamo. Hasta ahora han logrado paralizar los desalojos, pero temen perder sus casas, además de sus terrenos.
Toñete Garrosa falleció, pero su viuda, Pepi González, recuerda muy bien el día que les ofrecieron comprarles las tierras. Durante años plantaron frutales en la zona, pero el matrimonio se hizo mayor y no los explotaban. «Nos ofrecieron el valor total de la parcela o un dinero y tres casas de las que iban a construir. Como mis hijos ya eran mayores, decidimos tener las viviendas para ellos». El trato se formalizó con dos contratos, el primero, uno de compra-venta de 42.000 euros a cambio de las tierras y un segundo de permuta, privado, en el que se comprometían a cederles tres viviendas.
La edificación se retrasó, entre otros motivos, porque la constructora original (Corporación de Extremadura Manuel Blanco S. L.) pasó el proyecto a una segunda (Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L.). En 2009 se entregaron las primeras casas y en 2011, finalmente, la familia se mudó. Pepi ocupó una de las casas, su hijo Rubén otra y la tercera fue para Rodrigo, otro de sus hijos. Les dieron las llaves, los contratos de luz y agua y comenzaron a amueblarlas, poner la cocina, los baños... «Les pedimos las escrituras, insistimos y fue cuando descubrimos que no estaban libres de cargas como nos habían prometido», dice Pepi.
«Ahí comienza el calvario», se lamenta su hija Olga Garrosa. Al principio trataron de negociar con la constructora y el banco. «Nos daban largas e incluso nos ofrecieron pagar la mitad del precio, pero nos negamos. El trato eran 42.000 euros y las tres casas libres de cargas». Cada una de sus viviendas está valorada en 60.000 euros, según la hipoteca.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz resuelve que el contrato privado de permuta es legítimo, por lo que considera que Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L. debe a la familia tres viviendas. Les condena a abonar 180.000 euros, el valor equivalente de los tres unifamiliares, además de los intereses y 40.000 euros más en concepto de daños.
Ese dinero, según dice Helena Garrosa, otra de las hijas de Pepi, solucionaría el problema porque podrían abonar las hipotecas y continuar en sus casas. «Nosotros no queremos dinero. Queremos las casas como se prometió. Nos hemos quedado sin las tierras y sin las viviendas que prometieron a cambio», añade esta afectada. El problema es que la constructora condenada está en quiebra y declarada en rebeldía por el juzgado, por lo que no recibirán el dinero.
La última orden de desalojo les llegó hace unos días. Era para una de las casas para el día 9 de abril. Ayer supieron que se paralizaba. Están contentos, pero el proceso continúa porque el préstamo sigue pendiente.
Esta familia considera injusta la resolución judicial porque defienden que la entidad financiera sabía que esta promoción incluía una permuta de tres viviendas para la familia. «Se lleva muy mal. Porque es algo tuyo y yo no he hecho nada mal», dice Pepi González a sus 72 años. «¿Quién puede pensar que venderíamos el terreno por solo 42.000 euros? Y ahora te ves sin tierras y sin casa. No tenemos donde ir, porque todos vivimos aquí. No hay más casas. La que teníamos antes ya está derruida. Nos vemos en la calle».
«No es justo que, por un fallo legal, nos veamos así», añade Helena Garrosa. A su lado está Estefanía González, la mujer de Rodrigo. Están en su casa en la que han invertido para colocar la cocina, el baño, las habitaciones, el garaje y que sería la primera en desalojar el próximo 9 de abril. La pareja tiene un niño de cinco años «y no sabemos qué hacer ni donde ir si esto sigue adelante», se lamenta.
Mientras, la familia está aliviada por haber paralizado la última orden de desalojo, pero el futuro sigue siendo incierto. En la puerta de una de las casas, Olga Garrosa señala con su dedo las líneas de unifamiliares. «No se cuál es el nombre de esta urbanización, la verdad, pero todo el mundo la llama las casas de Toñete, por mi padre. En un pueblo todos saben de quién eran las tierras y la situación de nuestras viviendas, pero te ves así de todas formas».
Los dueños del terreno firmaron un contrato de permuta hace 16 años. Vendieron 49.000 metros cuadrados a cambio de 42.000 euros y tres viviendas. Cuando se mudaron, sin embargo, descubrieron que sobre sus casas pesaba una hipoteca. Se negaron a pagar y fueron a juicio contra la constructora. Hace poco una sentencia les dio la razón y fijó una indemnización, pero la empresa ha quebrado y no va a pagar, por lo que el banco puede ejecutar el préstamo. Hasta ahora han logrado paralizar los desalojos, pero temen perder sus casas, además de sus terrenos.
Toñete Garrosa falleció, pero su viuda, Pepi González, recuerda muy bien el día que les ofrecieron comprarles las tierras. Durante años plantaron frutales en la zona, pero el matrimonio se hizo mayor y no los explotaban. «Nos ofrecieron el valor total de la parcela o un dinero y tres casas de las que iban a construir. Como mis hijos ya eran mayores, decidimos tener las viviendas para ellos». El trato se formalizó con dos contratos, el primero, uno de compra-venta de 42.000 euros a cambio de las tierras y un segundo de permuta, privado, en el que se comprometían a cederles tres viviendas.
La edificación se retrasó, entre otros motivos, porque la constructora original (Corporación de Extremadura Manuel Blanco S. L.) pasó el proyecto a una segunda (Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L.). En 2009 se entregaron las primeras casas y en 2011, finalmente, la familia se mudó. Pepi ocupó una de las casas, su hijo Rubén otra y la tercera fue para Rodrigo, otro de sus hijos. Les dieron las llaves, los contratos de luz y agua y comenzaron a amueblarlas, poner la cocina, los baños... «Les pedimos las escrituras, insistimos y fue cuando descubrimos que no estaban libres de cargas como nos habían prometido», dice Pepi.
«Ahí comienza el calvario», se lamenta su hija Olga Garrosa. Al principio trataron de negociar con la constructora y el banco. «Nos daban largas e incluso nos ofrecieron pagar la mitad del precio, pero nos negamos. El trato eran 42.000 euros y las tres casas libres de cargas». Cada una de sus viviendas está valorada en 60.000 euros, según la hipoteca.
Sentencia
La familia no tenía capacidad para asumir los préstamos y tampoco lo consideraban justo, así que finalmente interpusieron una denuncia. La primera, de carácter penal, no prosperó, pero la segunda, una demanda civil, fue aceptada y el juicio se celebró en noviembre del año pasado. La sentencia llegó hace poco, pero no es lo que esperaban.El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz resuelve que el contrato privado de permuta es legítimo, por lo que considera que Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L. debe a la familia tres viviendas. Les condena a abonar 180.000 euros, el valor equivalente de los tres unifamiliares, además de los intereses y 40.000 euros más en concepto de daños.
Ese dinero, según dice Helena Garrosa, otra de las hijas de Pepi, solucionaría el problema porque podrían abonar las hipotecas y continuar en sus casas. «Nosotros no queremos dinero. Queremos las casas como se prometió. Nos hemos quedado sin las tierras y sin las viviendas que prometieron a cambio», añade esta afectada. El problema es que la constructora condenada está en quiebra y declarada en rebeldía por el juzgado, por lo que no recibirán el dinero.
«Me siento impotente y engañada. Es algo tuyo, las tierras de mi familia, y yo no he hecho nada mal»
pepi gonzález, Afectada. 72 años
«Una sentencia nos indemniza, pero la constructora quebró, así que no van a pagar»
olga garrosa, afectada
La sentencia
desestima las pretensiones de la familia sobre la primera constructora y
sobre el banco responsable de la hipoteca, el BBVA. A estos últimos no
los considera responsables de la situación, por lo que la entidad
financiera puede ejecutar la hipoteca. «Se nos considera okupas de las
casas, así que nos van a desalojar y nos han dicho que, si no nos
llevamos las cosas, se quedarían lo que hay dentro», se lamenta Olga
Garrosa.La última orden de desalojo les llegó hace unos días. Era para una de las casas para el día 9 de abril. Ayer supieron que se paralizaba. Están contentos, pero el proceso continúa porque el préstamo sigue pendiente.
Esta familia considera injusta la resolución judicial porque defienden que la entidad financiera sabía que esta promoción incluía una permuta de tres viviendas para la familia. «Se lleva muy mal. Porque es algo tuyo y yo no he hecho nada mal», dice Pepi González a sus 72 años. «¿Quién puede pensar que venderíamos el terreno por solo 42.000 euros? Y ahora te ves sin tierras y sin casa. No tenemos donde ir, porque todos vivimos aquí. No hay más casas. La que teníamos antes ya está derruida. Nos vemos en la calle».
«No es justo que, por un fallo legal, nos veamos así», añade Helena Garrosa. A su lado está Estefanía González, la mujer de Rodrigo. Están en su casa en la que han invertido para colocar la cocina, el baño, las habitaciones, el garaje y que sería la primera en desalojar el próximo 9 de abril. La pareja tiene un niño de cinco años «y no sabemos qué hacer ni donde ir si esto sigue adelante», se lamenta.
Recurso de apelación
La esperanza de esta familia está en el recurso de apelación que van a presentar. El abogado Carlos Arjona explica que es habitual que se reclame a las constructoras, pero al conseguir la indemnización, sean insolventes. En este caso, sin embargo, el letrado considera que la Justicia debe considerar responsables a la primera constructora y a la entidad financiera. «El primer promotor no informó sobre la venta de acciones y es inexplicable que BBVA no supiese que existía un contrato de permuta», añade el letrado.Mientras, la familia está aliviada por haber paralizado la última orden de desalojo, pero el futuro sigue siendo incierto. En la puerta de una de las casas, Olga Garrosa señala con su dedo las líneas de unifamiliares. «No se cuál es el nombre de esta urbanización, la verdad, pero todo el mundo la llama las casas de Toñete, por mi padre. En un pueblo todos saben de quién eran las tierras y la situación de nuestras viviendas, pero te ves así de todas formas».
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