TITULO: EL HORMIGUERO LUNES -14 - JUEVES -17- Diciembre ,.
Lunes -14- Diciembre Antena 3 a las 21:30, foto,.
Macarena García visita 'El Hormiguero 3.0' esta noche
Empezamos la semana con cine en 'El Hormiguero 3.0'. El que nos trae la actriz, Macarena García, quien nos presenta la nueva película que protagoniza, titulada "El arte de volver".
La cinta se estrena en salas el próximo 11 de diciembre y supone la ópera prima del director Pedro Collantes. El largometraje es el primer proyecto español seleccionado por el Biennale College Cinema de Venecia para apoyar su rodaje y posterior estreno bajo la protección del prestigioso Festival de Cine de Venecia.
Martes -15- Diciembre Antena 3 a las 21:30, foto,.
Miguel Herran y Carolina Yuste visitan 'El Hormiguero 3.0' esta noche
Esta noche recibimos a los actores Miguel Herrán y Carolina Yuste quienes nos van a hablar de su nueva película, titulada "Hasta el cielo", que se estrena en cines el próximo 18 de diciembre.
La cinta es el último trabajo del director Daniel Calparsoro y nos adentra en la historia de un joven cuya vida da un giro cuando se sumerge en una escalada de negocios turbios y dinero fácil que le llevarán a convertirse en uno de los atracadores más buscados.
Miercoles -16-Diciembre Antena 3 a las 21:30, foto,.
Inma Cuesta visita 'El Hormiguero 3.0' esta noche,.
Esta noche visita 'El Hormiguero la actriz Inma Cuesta para presentarnos "El desorden que dejas", la nueva serie que protagoniza.
La historia, basada en el libro del mismo título de Carlos Montero que fue Premio Planeta en 2016, nos cuenta presenta a Raquel, una joven profesora de literatura que acepta un trabajo en el instituto del pueblo donde creció su marido. Al poco de llegar recibe un misterioso y macabro mensaje y empieza a descubrir la verdad de un lugar donde todos parecen guardar secretos.
Jueves -17- Diciembre Antena 3 a las 21:30, foto,.
Lolita, Àngel Llàcer y Chenoa visitan 'El Hormiguero 3.0' esta noche,.
Esta noche cerramos la semana con la visita de los miembros del jurado de "Tú cara me suena", Lolita, Ángel Llácer y Chenoa.
Con ellos charlaremos sobre la recta final de la octava temporada del concurso de imitaciones y descubriremos las mejores anécdotas de las galas.
TITULO: La Sexta Columna - Las desocupaciones exprés se abren paso, . Viernes -18- Diciembre
Este viernes - 18- Diciembre a partir de las 21.30, 'La Sexta, fotos,.
Las desocupaciones exprés se abren paso,.
Mientras el negocio de los desalojos vive su mejor momento, expertos juristas dicen que hay herramientas legales que hacen innecesaria esa práctica,.
No se puede decir que a Daniel Esteve le sobre el tiempo. Acaba de aterrizar procedente de Mallorca donde ha desocupado cuatro viviendas en apenas 12 horas, entre ellas un piso donde el inquilino alquilaba habitaciones sin permiso del propietario y otro en que al ocupante, después de pagar un mes, le había sustituido su hermano, que reventó la puerta y se atrincheró en el interior. «Se ha puesto de moda con la Covid, impagos de la renta o que el arrendatario no abandone la vivienda a la finalización del contrato», ilustra el dueño de Desokupa, una empresa que lleva funcionando seis años con un reclamo difícil de ignorar: «Recuperamos viviendas para su legítimo propietario en una semana». La fórmula ha cuajado y con el paso del tiempo hasta le han salido competidores. Gestokupa, Desokupación legal, Fueraokupas, Eviction... y eso por citar sólo algunos. Aunque no se puede decir que la solución convenza a todos. Mientras unos aplauden su rapidez y contundencia, otros no dudan en calificarlas como un vehículo de intimidación, sin razón de ser con el actual marco jurídico.
«¿Tan difícil resulta librarse del intruso que ha entrado en el piso que pensaba dejar a mi nieto?», pensarán algunos antes de pagar los 2.500 euros de media (más IVA) que cuesta agenciarse el servicio. «Esto es como un traje a medida», matiza Esteve. «Desde intervenciones que resuelves en tres minutos hasta otros que te pueden llevar meses». Entre las primeras están los allanamientos de morada a cargo de mafias extorsionadoras o domicilios convertidos en narcoviviendas. «Nunca actuamos de espaldas a la Policía, así que cuanto mayor es el delito, más fácil es de resolver». La cosa se complica cuando los intrusos son familias con hijos, todos empadronados, escolarizados, el contador del agua y la luz a su nombre... Entre el blanco y el negro, calcule usted 60 grises intermedios.
Desokupa gestiona unos 40 desalojos por semana, «a veces más», y su 'modus operandi' abarca desde el pelotón de vigilantes cachas apoyados por perros para impedir al infractor que regrese a la vivienda una vez cruce la puerta, hasta ofrecer cantidades «asumibles» para que los intrusos abandonen su empeño. Esteve se estrenó en El Raval barcelonés hace ya seis años «por hacerle un favor a un amigo». Desde entonces asegura haber completado 5.470 desalojos, eso sí, subraya, «nunca a petición de los bancos».
Este director de seguridad y antiguo escolta califica la actual situación de «catastrófica» y culpa de ella al clima político -dedica perlas como perdigón lobero para Pablo Iglesias o Ada Colau-, «que fomenta el empadronamiento en casas ocupadas a cambio de votos», destrozando barrios enteros, denuncia. «Por cada diez pisos que vaciamos, ocho se vuelven a ocupar. Es como poner tiritas a un paciente que necesita que le operen a corazón abierto».
Judicatura «escandalizada»
Sus maneras no son del agrado de todos, por mucho que lo suyo, repita, sea «la persuasión y no la intimidación». Una línea roja fácil de cruzar cuando en el descansillo se mezclan amenazas, agresiones y testosterona. Verónica Dávalos es una abogada especializada en derecho a la vivienda. Su radiografía de la situación no puede ser más opuesta. Para ella, estas empresas son un nicho de negocio surgido al calor de un «alarmismo intencionado».
«Todo está distorsionado, empezando por el clima de terror que se está alimentando. Nadie va a bajar a por el pan y le van a quitar la vivienda. En este país, le pese a quien le pese, los allanamientos de morada se pueden resolver en la Policía en cuestión de horas, a veces antes incluso de que un juez emita su auto». Así lo establece la ley 5/2018, por la que se interpela directamente al intruso si tiene título (un contrato de propiedad o de arrendamiento), «algo que el dueño puede obtener en el Registro de la Propiedad por tres euros».
Un escenario, insiste Dávalos, al que también contribuye la confusión entre el delito de allanamiento y el de usurpación de bienes inmuebles, que son «espacios vacíos y abandonados, propiedad de grandes tenedores como los bancos y los fondos de inversión y adquiridos muchos por ejecuciones hipotecarias». Las estadísticas, recuerda la letrada, hablan por sí solas. Según el INE, el año pasado se juzgaron 238 delitos por allanamiento y 4.687 por usurpación. «Y eso en un país de 48 millones de habitantes. La judicatura está escandalizada, porque la sensación que se transmite no se corresponde con la realidad».
Norberto de la Mata va más allá. El catedrático de Derecho Penal juzga que las empresas de desocupación carecen de razón de ser con el actual ordenamiento. Y el punto de inflexión, afirma, está en la orden del Fiscal Superior de Baleares del 10 de junio de 2019, cuando se facultó a la Policía a intervenir en casos de allanamiento, y tras comprobar que el que denunciaba era su legítimo propietario, sin necesidad de que se dictase instrucción ni auto judicial. La medida, trasplantada ya a a todas las autonomías, avala esa intervención, que a su vez pone en marcha automáticamente un procedimiento penal que «debería» poder resolverse en horas.
Edmundo Rodríguez Achútegui, de Jueces para la Democracia, es de la misma opinión. «Hay mucha alarma gratuita de quien da por sentado que una situación excepcional marca la norma, y no es así». La herramienta legal para combatir este escenario existe, «otra cosa es cómo esté cada juzgado y su grado de colapso». La actividad de estas empresas, recuerda sin embargo, es, siempre que se ajuste a derecho, tan lícita como lo es la de un cobrador de morosos. Pagan sus impuestos, ofrecen factura a sus clientes, tienen un seguro de responsabilidad civil... ¿Qué ocurre entonces? «Que aunque sobre el papel todo es muy civilizado, los tribunales están luego llenos de demandas porque hay desalojos que se realizan mediante coacciones y amenazas».
95 empleados
«'Fascistas', 'comandos', 'sicarios'... Nos atacan porque hacemos el trabajo que corresponde a la Administración y encima nos ganamos la vida», brama Esteve. Y nada mal por cierto, a juzgar por el trajín de los teléfonos. El empresario se mueve por toda España y tiene en nómina a 95 personas, incluido un gabinete jurídico. «Nos han denunciado un centenar de veces y nunca, jamás, hemos sido condenados. Grabamos todas las intervenciones, muchas llevadas a cabo con la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos... Todo legal y rápido». Acuden al lugar donde se les reclama con abogados, negociadores -«tres son mujeres, porque suavizan más las visitas»- y, por supuesto, vigilantes titulados, embutidos en chalecos y capaces de cortarte la circulación con un apretón de manos. «No somos suicidas, ¿se imagina no tomar precauciones en según qué sitios?».
Un delito «flagrante», no importa el tiempo que pase
Expertos acusan a firmas de seguridad de fomentar la sensación de alarma para inflar el negocio
«¿Debemos detener a quien allana la morada de otra persona? ¡Por supuesto! ¿No tenemos que recurrir a la autoridad judicial para que emita el correspondiente auto? ¡En absoluto! ¿No vulneramos la inviolabilidad del domicilio del ocupante? ¡De ninguna manera! ¿Estamos ante un delito flagrante? ¡Sin duda!». Si las fuerzas y cuerpos de seguridad buscaban un criterio al que aferrarse sin dudar, Norberto de la Mata les ha venido como llovido del cielo.
El allanamiento está contemplado en el Código Penal con penas de hasta cuatro años si media violencia. «Es también un delito permanente -detalla el catedrático-, consumado cuando se produce la intromisión ilícita, pero cuya situación jurídica se prolonga en el tiempo, lo que es determinante a la hora de decidir hasta cuándo cabe la participación de terceros y es posible la defensa».
De la Mata barre así viejas certezas, como la de que hay que denunciar antes de 48 horas si no se quiere perder la vivienda, «otra falsedad de las compañías para extender el miedo». Seis horas, tres días o una semana. Mientras la intrusión se esté produciendo, argumenta, «se sigue vulnerando la intimidad del morador, accediendo a lo que es su vida más personal (su ropa, sus cartas, todo)». Así las cosas, «el allanador no tiene derecho a la inviolabilidad de su 'nuevo domicilio', sencillamente porque éste no es tal».
Distinto con las usurpaciones
¿Qué ocurre con las usurpaciones de bienes inmuebles, viviendas inacabadas o nunca habitadas? ¿Se le puede aplicar los mismos parámetros? De la Mata sostiene que no, «porque carece de sentido hablar de intimidad cuando allí no vive nadie ni ha vivido». Dicho de otro modo, no hay ninguna morada que proteger. «La Constitución recoge el derecho de las personas a que se les garantice una vivienda, lo que obliga a atender esas situaciones y recurrir a los procedimientos normales para su desalojo, ya sea por vía civil o penal. Aquí la Policía no puede entrar y desalojar a alguien que mora, actuar como si de un allanamiento se tratara».
Su diagnóstico lo comparte Toni Miranda, que dirige desde septiembre la Asociación de Afectados por Okupación (AAO). El primer mes llegaron al millar de asociados y ahora esperan cerrar el año con al menos 5.000. ¿Su objetivo? Ofrecer asesoramiento jurídico a las víctimas de estos procesos y demandar, añade, a las «administraciones cómplices».
«Representamos a particulares cuyas viviendas les han sido arrebatadas, a comunidades de vecinos que sufren acoso y que han visto cómo la convivencia saltaba por los aires». También a quienes han puesto su piso en alquiler y se encuentran con que sus inquilinos no pagan, subarriendan habitaciones o, peor aún, albergan actividades ilícitas.
El divorcio entre las cifras que esgrimen de un lado empresarios como Esteve y la asociación de afectados, y de otro el INE y el Consejo General del Poder Judicial, lo atribuye Miranda a los esfuerzos del Estado por transmitir que la ocupación no es un problema y así poder ampararlo. «Sus estadísticas sólo contemplan los delitos que entran en litigio (ya sean demandas penales o civiles). Pero esto no es real, porque se obvia a todas aquellas personas que recurren a las empresas de seguridad para que hagan lo que el Estado debía haberles garantizado».
Espiral de gastos
La ocupación, describe Miranda, «tenía al principio un soporte ideológico que le ha brindado un espacio de impunidad, pero es un negocio que atrae delincuencia. Exigimos, desde el Estado de Derecho, que se respete la propiedad de las personas y se proteja la convivencia». El presidente de la AAO es partidario de una reforma legislativa para atajar un fenómeno extendido por todo el país, aunque con zonas 'más calientes' que otras.
Por ejemplo, Cataluña, «donde los alcaldes no pueden negarse a empadronar a okupas, siguiendo las directrices de la Generalitat». También en Madrid, en Andalucía, en Murcia. Y alerta sobre lo que está pasando en Galicia, «donde a este problema se suma un aumento de la violencia empleada contra los legítimos moradores, muchos enviados al hospital de una paliza sólo por pedir explicaciones a quien les violenta la casa».
El catálogo de despropósitos no es pequeño. «Acabo de visitar en Vallecas a un hombre que lleva sufriendo siete años. Su casa no está ocupada, pero su bloque y el aledaño sí. Su barrio de toda la vida es ahora una ciudad sin ley en manos de clanes dedicados al tráfico de drogas. Perdió la pareja, el trabajo, está de baja por depresión, los vecinos se han ido hartos de líos... Está solo».
La cosa se complica cuando las víctimas no sólo no pueden ejercer su derecho sobre el piso, sino que entran en costes. Impuestos, el suministro de agua y luz que se sigue girando a los dueños, los destrozos causados en el interior y las consiguientes reparaciones, las propiedades arrebatadas... Además, estas viviendas se deprecian en el mercado. «Hablamos de pérdidas que pueden rondar los 40.000 euros, dependiendo del tiempo que se prolongue la situación», calcula Miranda. Un trago amargo, lo suficiente como para no deseárselo ni al peor enemigo.
TITULO:
Equipo de investigación - El deporte se relaja con la cocaína . , Viernes -18- Diciembre ,.
Este viernes -18- Diciembre ,. a partir de las 22.30, 'La Sexta, foto. siempre dirigido por Gloria Serra , fotos.
El deporte se relaja con la cocaína,.
Uso social. La Agencia Mundial Antidopaje aprueba un nuevo código donde la droga que destruyó a Maradona se tolera como una «sustancia de abuso» que apenas será sancionada. Tampoco la heroína ni el éxtasis,.
Cundió el estupor cuando las autoridades de las federaciones europeas encargadas de luchar contra el doping deportivo leyeron la palabra «cocaína» entre las sustancias a las que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rebajará las penas de manera considerable a partir del 1 de enero de 2021. En su nuevo código, la máxima entidad internacional para garantizar la «limpieza» en el deporte ha creado una categoría para las «sustancias de las que se abusa con frecuencia en la sociedad en contextos distintos a los deportivos». Como es costumbre, la AMA rubrica dos documentos por separado. Uno con las normas y otro con el nombre de las sustancias prohibidas. En contacto permanente con los países miembros durante la redacción del código, la agencia había incluido en el primer texto la novedosa clasificación de «sustancias de abuso» cuyo consumo, a pesar de seguir prohibido durante la competición, tendrá menos penalización, con una suspensión máxima de tres meses, frente a los dos años de la norma vigente. Es decir, ocho veces inferior, siempre que el deportista no tenga la «intención» de engañar y se use en «un contexto sin relación con la actividad deportiva». La condena podrá incluso quedar en un solo mes si el culpable sigue «de manera satisfactoria un programa contra el uso indebido de sustancias».
Conocida la norma, entre las autoridades de las federaciones nacionales había expectación por saber qué fármacos o drogas gozarían de tal permisividad. Pero la confección de la nómina de sustancias prohibidas es hermética. De ese dinámico inventario de tabúes, en permanente revisión, ya han caído en anteriores modificaciones elementos como la cafeína y el alcohol, ambos despenalizados. Para dar una idea de la importancia de este catálogo, cualquier entrada o salida de un fármaco puede hacer que varíen los tratamientos médicos a los que se somete un atleta.
Cuando por fin se desveló el novedoso listado, las «sustancias de abuso» eran cuatro. Cocaína, cannabis, heroína y éxtasis. «Hemos visto con un poquito de sorpresa que esté la cocaína», confirma José Luis Terreros, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), organismo que depende del Consejo Superior de Deportes. «Más que no estar de acuerdo, lo vemos con preocupación. La cocaína como sustancia de abuso con rebaja de sanción está en entredicho. Pero, como es el primer año que existe esta definición, tenemos que ver qué sucede. No existe una opinión contraria ni tampoco hay un enfrentamiento».
La cocaína, una droga con la que han tropezado figuras como la número uno del tenis femenino Martina Hingis, el astro futbolístico Diego Armando Maradona o el campeón de salto Javier Sotomayor, era considerada hasta ahora como una «sustancia prohibida estimulante». En los casos mencionados, al encontrarse el alcaloide en sus muestras de orina durante un control antidopaje, estos ídolos fueron apartados de la competición entre doce meses y dos años. La cocaína, advierte Joaquín Lucena, experto forense, desaparece del organismo en doce horas, pero a partir de la segunda hora ya podría empezar a pasar desapercibida.
La polémica con la cocaína, frente a los otros tres estupefacientes ahora tolerados en el mundo deportivo, está en su cualidad estimulante. «La cocaína es un potentísimo estimulante del sistema nervioso central que provoca desinhibición, disminución de la sensación de fatiga y aumento de agresividad, ente otros efectos, lo que permite mantener una elevada intensidad de esfuerzo», describe Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). «Esta decisión es un enorme retroceso en los ideales del deporte, representados por el movimiento olímpico de juego limpio, salud, honestidad y limpieza. La Agencia Mundial Antidopaje toma decisiones controvertidas y ésta es una de ellas, que está en contradicción con sus propias normas». Según explica la AMA, una sustancia se prohíbe si mejora el rendimiento deportivo, representa un riesgo real o potencial para la salud del deportista o vulnera el espíritu deportivo.
«Entre el código actual y el próximo no hay grandes cambios, pero sí existe una nueva tipificación que ha remodelado algunas de las conductas que constituyen dopaje», sentencia Alberto Palomar, experto en derecho del deporte y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. «El código evoluciona y hace perder gravedad a determinadas conductas, mientras se endurece en la competición. Todo va a más, salvo esa parte de las sustancias de uso social, que ha ido a menos. Pero no se trata de lo que parezca bien o mal socialmente, sino de evaluar su consumo en función de la mejora de la capacidad física».
Posición española
El código de la AMA, y su vinculación al listado de sustancias prohibidas, ha sido recogido en España por completo en el anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, que se podría comenzar a discutir en el Parlamento antes de que acabe el año. En el apartado de «sustancias de abuso» no hay ningún cambio con respecto a la indicación internacional, tal como impone la AMA, que elimina cualquier margen de modificación o interpretación en la mayoría de sus directrices.
Pero en el caso de la 'dama blanca' o 'nieve' había un resquicio para que cada país endureciera las medidas punibles o preventivas para evitar su consumo. «Una federación internacional podría decidir, por motivos de reputación o de salud, establecer una norma de conducta que prohibiera a un deportista el uso o la posesión de cocaína fuera de competición», admite la AMA en letras pequeñas. Ahora bien, continúa, ninguna federación puede imponer sanciones distintas a las suyas, aunque tenga el derecho a controlar el cumplimiento de su norma interna en eventos internacionales.
La posición española ha sido trasladar las normas a su ley sin modificaciones sustanciales, más allá de algunos eufemismos, como «aumento de proporcionalidad» para hablar de la disminución de penas para el consumidor de cocaína, cannabis, éxtasis o heroína. «Sería enormemente injusto que hubiera sanciones diferentes por los mismos motivos», opina Manonelles. «El Gobierno tiene que aprobar las normas obligatoriamente y aplicar las sanciones establecidas en el código como parte de la lógica armonización que tiene que existir a nivel mundial».
Desde 2021, por tanto, habrá más tolerancia con estas drogas, y las agencias antidopaje de cada país tendrán que evaluar si elevan una opinión contraria a la reciente decisión de la AMA, lo que inicia un proceso burocrático repleto de escalones. Ahora bien, si las autoridades españolas detectaran que este cambio de criterio desenfrena el comportamiento deportivo y conduce a niveles de riesgo, ¿exigiría a la AMA volver a endurecer las reglas? «La palabra exigir no cabe aquí», asegura Terreros. «Lo que deciden esas personas va a misa. Una vez que determinan qué sustancias están en qué categoría sólo queda aceptarlo y publicarlo. Es el único estándar que está completamente cerrado y es imposible hacer ninguna modificación».
Durante el periodo de alegaciones y comentarios de este año sí hubo, sin embargo, una petición que afectó el listado final de sustancias prohibidas y prorrogó un año la autorización a administrar corticoides por infiltración. «Hubo una negociación porque íbamos a encontrarnos con una gran cantidad de positivos injustos».
Después de dos años de revisión, tres fases de consultas y más de 2.000 comentarios recibidos, el código, concebido para «proteger los derechos de los atletas limpios en todo el mundo», fue aprobado por unanimidad. Pero la permisividad con la cocaína es una mancha en un nuevo protocolo que endurece el castigo para los colaboradores necesarios del dopaje, con «sanciones mucho más graves para quienes administran o trafican sustancias dopantes con menores y personas con discapacidad, y otorga mayor protección a los que dan información y a los agentes que hacen los controles», explica Terreros. «El código nuevo es más justo, pero con la cocaína se relaja». En los mentideros deportivos, el término «sustancias de abuso» ya ha sido rebautizado como «sustancias de uso social».
Fútbol
Diego Armando Maradona
Cuando jugaba con el Nápoles en la liga italiana, en 1991, el futbolista fue suspendido 15 meses por consumo de cocaína. Tres años después, en el Mundial de Estados Unidos volvió a dar positivo en un control realizado tras el partido de Argentina contra Nigeria. Esta vez las sustancias eran estimulantes como la efedrina. Con otros 15 meses de sanción, ese doping marcó su final deportivo. «Tenía 24 años cuando consumí por primera vez. La droga es el problema más grande, la droga mata».
Boxeo
Mike Tyson
Dio positivo por cannabis en un control antidopaje en 2000, después de una pelea contra Andrew Golota y fue condenado a pagar una multa de 200.000 euros. Cuatro años después perdió un combate contra Larry Sloman y sostuvo después que se había drogado antes de subir al ring. «Yo era un cocainómano en toda regla, incluso la consumí antes de algún combate», mantuvo Tyson en 'Toda la verdad', su autobiografía.
Salto de altura
Javier Sotomayor
Había ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en Canadá, al saltar 2,30 metros de altura en 1999. Tras la prueba dio positivo en cocaína, con altos niveles en el organismo. La sanción inicial fue de dos años sin competir, pero fue reducida a la mitad. El atleta mantuvo su inocencia.
Tenis
Martina Hingis
Sucedió en Wimbledon en 2007. Martina Hingis dio positivo por cocaína en un control de rutina y fue suspendida de las competiciones por dos años. La jugadora negó que consumiera drogas y mantuvo su inocencia. Al conocerse los resultados del test, ella anunció su retiro y tuvo que devolver unos 100.000 euros en premios. «Yo no me dopé, soy inocente. Tengo pánico al consumo de drogas. Que yo sea sospechosa es terrible y he decidido marcharme»
Fútbol
Dani Benítez
Jugaba en Primera División con el Granada cuando dio positivo en cocaína a principios de 2014. Recibió dos años de sanción y el club rescindió su contrato. Cumplida su pena, volvió al fútbol profesional y vistió varias camisetas sin recuperar su mejor nivel. Ahora es centrocampista en Tercera. «Estaba en casa con unos amigos. Había bebidoy así no podía entrenar. Consumí cocaína porque quería entrenar. Aguanté como pude y entrené».
Ciclismo
Luca Paolini
Finalizada la cuarta etapa del Tour de Francia de 2015, Luca Paolini dio positivo en cocaína. El equipo Katusha lo suspendió de sueldo y recibió una sanción de 18 meses sin competir. El ciclista no negó que consumiera el alcaloide pero dijo que era para remediar otra adicción previa a un relajante, la benzodiazepina.
El cannabis, el ciclismo y la muerte súbita
Con la invención de las «sustancias de abuso», el mundo del deporte rompe la burbuja que resguardaba el cuerpo humano para ejecutar hazañas. La imposición de sanciones ejemplares a quien tuviese cualquier tentación de buscar atajos, garantizaba la salud necesaria para batir récords.
El deportista debía dar ejemplo dentro y fuera del estadio. Pero con la nueva legislación mundial, se reconoce la diferencia entre vida personal y vida deportiva, al separar en el código antidopaje a los fármacos que mejoran el rendimiento corporal de las drogas recreativas. «La diferencia es sustantiva porque en el dopaje se utiliza un producto legal, mientras que en la droga social se trata de un producto ilegal», opina Alberto Palomar, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. El nuevo criterio de la AMA es similar al que sigue la Guardia Civil, cuyas investigaciones en el deporte, para detectar el uso de anabólicos y hormonas, no incluye las drogas, explica una fuente de esa institución.
Aun en la práctica privada, el cannabis y la cocaína también pueden causar situaciones de peligro mortal. En el mayor estudio sobre muerte súbita en el deporte, se encontró que en el 7% de los casos se había consumido cannabis y, en menor medida, cocaína, probables «factores precipitantes de la arritmia letal». «Me extraña que sustancias que son tan cardiotóxicas se permitan en el deporte», afirma Joaquín Lucena, jefe del Servicio de Patología Forense de Sevilla y coautor del estudio. «No entro en el tema deportivo, pero estas sustancias de uso social son peligrosas y se debe saber». La mayoría de los que murieron de parada cardiorrespiratoria practicaban ciclismo.
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