El perfil de las mujeres adictas a las drogas es distinto al de los drogodependientes varones,.

La exclusión y las drogas se ceban con las personas con menos recursos de la sociedad española. Más del 60% de los hombres que en 2014 solicitaron ayuda para superar una adicción estaban en paro, según el informe de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). En el caso de las mujeres, la cifra llega al 50%. En conjunto, más de la mitad de este colectivo solo había cursado estudios primarios. Tan solo un 6% de hombres y un 7% de mujeres tenían formación universitaria.
El desglose por género es una peculiaridad de este nuevo informe, que busca «identificar el perfil del consumidor de manera más precisa para optimizar el tratamiento», explica la investigadora Celia Díaz, una de sus autoras. El perfil de las mujeres adictas a las drogas es distinto al de los drogodependientes varones. Cada año son más las que caen en la drogadicción y muchas consumen multitud de sustancias como el alcohol, el cannabis o los psicofármacos. Además, «nueve de cada diez mujeres que solicitan ayuda en los centros de la UNAD -260 repartidos por toda España- son o han sido víctimas de la violencia de género», afirmó el presidente de la ONG, Luciano Poyato.
Otra circunstancia que han identificado es el nexo entre el ejercicio de la prostitución y el consumo de drogas. Las mujeres atendidas por la UNAD presentan un mayor índice de enfermedades -entre ellas el VIH- que los hombres.

TÍTULO: UN PAIS PARA COMERSELO, Al ritmo actual, la restitución de tierras tardará más de cinco siglos,

Gerardo Vega, presidente de Forjando Futuro. :: pedro urresti

UN PAIS PARA COMERSELO, Al ritmo actual, la restitución de tierras tardará más de cinco siglos, fotos,.

Al ritmo actual, la restitución de tierras tardará más de cinco siglos,.

El abogado busca apoyos para el proceso de devolución de las propiedades usurpadas a los pequeños campesinos,.
Gerardo Vega Presidente de la colombiana Fundación Forjando Futuro,.
Hace siete años, la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras alentó la esperanza del regreso a un hogar para aquellas familias colombianas que se vieron despojadas de sus posesiones o debieron malvenderlas por presiones de los grupos armados. Pero el proceso es lento y cuenta con fuertes oposiciones de aquellos que se beneficiaron del abuso de las armas. El abogado Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuro, es uno de los promotores de esta causa. Ahora está en España para recabar apoyos internacionales.

La tierra es un actor esencial del conflicto de su país.
Las guerrillas crecieron alrededor de la lucha por la tierra porque es una reivindicación social. Está concentrada en muy pocas manos. Unos 40 millones de hectáreas se hallan en manos de la ganadería extensiva, generando un producto que, con mejor tecnología, no precisaría de más de 11 millones. Existe un uso indebido del suelo. En los acuerdos de Cuba se habla de restitución de tierras, redistribución del suelo y desarrollo rural.

¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno de la restitución?
Se calcula que 6,5 de las 114 millones de hectáreas del país han sido despojadas o abandonadas y deben ser devueltas. Las estimaciones oficiales hablan de 360.000 casos, lo que supone remitirnos a otras tantas familias que reclaman tierras o bienes inmuebles.

¿Cuentan con un perfil del reclamante?
Es una nueva generación que reclama lo que perdieron sus padres desde 1991 hacia acá. La propiedad del 21% de los litigantes estudiados era inferior a una hectárea y el 56 entre 1 y 10%. Nos referimos a campesinos pobres, con pequeñas extensiones y estudios básicos. Además, el 63% de las 100.000 hectáreas restituidas eran tierras entregadas por el Estado a pequeños campesinos a lo largo de los últimos 40 años. En suma, tratamos con gente sin tierra a la que se dio y quitó.

Hablamos de un proceso justo, ¿pero también factible?
Necesitamos mayor voluntad del Gobierno para cumplir con esa meta. En tres años y medio se han dictado 1.324 sentencias y a ese ritmo nos demoraríamos cinco siglos y veintinueve años para completarlo. Esta ley es de justicia transicional, lo que requiere que sea rápido para salir del momento excepcional del conflicto. Tiene diez años de vigencia y prorrogarla implica volver a la injusticia como un daño permanente.

¿Los actuales propietarios van a ceder lo que consiguieron de forma generalmente violenta?
Ha habido oposición a la implementación y cumplimiento. Desde 2008, 69 reclamantes han sido asesinados y el último perdió la vida el pasado día 8 de junio. Si el Gobierno no se empeña con la ley y el poder coercitivo, se van a imponer quienes se han opuesto a la ley. Los avances son cortos y, además, hay un decreto que exige el permiso de las fuerzas militares cuando el terreno sufre problemas de orden público. El 84% de las solicitudes carece de la valoración favorable del Ejército.

¿Quiénes atentan contra los solicitantes?
Bandas patrocinadas por grupos que dicen ser empresarios del banano, la palmicultura, la ganadería o la minería. Diez personas en todo el país representan el 50% de las oposiciones judiciales a la restitución. Se ha intentado instalar la tesis de que hay falsas víctimas, pero nosotros decimos que lo que hay son testaferros y despojadores de mala fe. El 98% de los solicitantes de las 1.000 sentencias que hemos estudiado son verdaderas víctimas, mientras que el 89% de los actuales propietarios se aprovecharon de la violencia para hacerse con la propiedad.

No se trata de un proceso cerrado, aún hoy siguen produciéndose desplazamientos.
Todo eso pasa mientras no cese el conflicto armado, pero debe garantizarse la restitución de igual manera. Que se haga más difícil es otra cosa. La ley establece que si no es posible devolver la tierra por cuestiones de orden público, el juez debe compensar con tierra de otra parte o dinero. Es injusto que esas familias y descendientes pierdan la oportunidad de tener un recurso propio.

Incentivos económicos

Plantear una demanda no es sólo peligroso para el solicitante, también para quienes lo apoyan y representan en el tribunal.
Los opositores crean organizaciones para enfrentar a las víctimas entre sí, dan incentivos económicos o llevan a cabo campañas de desprestigio. A nosotros se nos ha acusado de promover falsas víctimas, de injuria, calumnia o terrorismo. Son elites regionales que acosan a víctimas y grupos de derechos humanos. Llevamos trece procesos judiciales y hemos vencido en los cinco concluidos. Hay nueve empresas que se aprovecharon de la violencia para adquirir tierras y títulos mineros, entre ellas, las multinacionales Continental Gold, la Anglo Gold Ashanti, o la Chiquita Brands, que financió con 40 millones de dólares (36 millones de euros) a grupos paramilitares, y pagó, por ese motivo, una multa de 25 millones (22 millones de euros) en USA, mientras que en Colombia no ha podido ser juzgada. Estas firmas impiden nuestra labor y si no te matan físicamente, tratan de matarte moralmente. Por eso estoy en España buscando apoyos internacionales, porque hablamos de un acto de justicia, no de una cuestión de ideología.

¿Qué ha ocurrido con los actores del conflicto colombiano? Usted fue un guerrillero, miembro del Ejército Popular de Liberación, una milicia que se desmovilizó en 1991, aunque aún permanece un remanente al que se relaciona con el tráfico de drogas.
Todas las luchas militares largas degradan el conflicto y Colombia cuenta con más de medio siglo de enfrentamientos.

Muchos de aquellos que dejaron las armas y buscaron una carrera en el ámbito público fueron asesinados. ¿Se considera un superviviente?
Me he dedicado al trabajo de los derechos humanos y a buscar compensación por el daño que pudimos cometer. Durante este tiempo ha habido muchos intentos para acallarnos, incluso dos planes para atentar contra mi vida.