«El compromiso de prevención y formación en este ámbito ha sido grande», ha dicho el secretario general de la CEE,.
Las oficinas de protección de menores de las diferentes diócesis
españolas «han recabado 186 nuevos testimonios de abusos entre 1945 y
2022», según ha informado el secretario general de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), César García Magán, durante la rueda de prensa
celebrada a la conclusión de la reunión de la Comisión Permanente que ha tenido esta semana.
La mayoría de ellos se refieren a casos ocurridos entre los años 60 y
70, aunque también «hay un ligero repunte en el año 2022, cuando se
recogieron 16 testimonios», ha detallado García Magán, que ha lamentado
estos hechos al mismo tiempo que ha querido ponerlos en contexto: «El
año pasado, según la Fiscalía, hubo 6.500 denuncias de abusos en España.
Es decir, ha habido un crecimiento de casos generalizado. De todos
ellos, solo un pequeño porcentaje afecta a la Iglesia, lo que no quita
ninguna responsabilidad ni gravedad al tema, pero sí habla de la
dimensión del problema».
Estos nuevos 186 casos —70 de ellos conocidos a través de las
oficinas antiabusos diocesanas y 116 a través de las oficinas de las
distintas órdenes religiosas— se suman a la lista que ya manejaba la CEE
y hacen un total de 706 testimonios. «Algunos de ellos pueden estar
duplicados, porque se han presentado en distintas oficinas, pero no
hemos querido hacer ninguna discriminación», ha advertido el secretario
general, que también ha explicado que habla de «testimonios» y no de
«denuncias», porque «las oficinas no son órganos de juicio, sino de
recopilación de datos, testimonios, acompañamiento y acogida».
A pesar de los datos, «el compromiso de prevención y formación en
este ámbito ha sido grande», ha dicho el también obispo auxiliar de
Toledo. Un trabajo con el que se ha llegado a más de 150.000 personas.
Durante el año 2022, por ejemplo, se han impartido charlas en las que
participaron 103.000 niños y adolescentes. También han recibido
formación 21.195 profesores y 18.239 padres y madres. Al margen del
ámbito escolar, 4.932 monitores, 2.926 catequistas y 2.724 sacerdotes
fueron instruidos en esta materia.
Además, las oficinas están trabajando en el desarrollo de protocolos
de prevención y actuación. «Algunas de estas oficinas han acogido los
elaborados por CONFER y por la CEE. En la actualidad, 123 diócesis y
congregaciones disponen ya de uno en vigor», ha destacado. También se
están desarrollando los códigos éticos y de buenas prácticas para la
atención a las víctimas.
Reunión cordial con Gabilondo
Como adelantó el presidente de la CEE, Juan José Omella, todo este
trabajo se ha puesto por escrito y se le entregó este miércoles al
Defensor del Pueblo. «Le dimos un informe de más de 2.000 páginas y seis
tomos, que hemos elaborado por iniciativa propia en el marco de la
colaboración y cooperación a la que nos comprometimos» con esta entidad,
ha apuntado el secretario general.
La reunión, según el prelado, fue «muy cordial». En ella, Gabilondo
«mostró su gratitud por la elaboración de este informe», que tiene como
título Para dar luz y un propósito muy claro: «Luchar contra la lacra social de los abusos sexuales».
Reservas contra la gestación subrogada
Más allá de los abusos, García Magán ha abordado otras cuestiones de
actualidad. De hecho, ha iniciado la rueda de prensa hablando del
traslado al hospital del Papa, por el que ha pedido oraciones. «Es un
momento para estar cerca de él con la oración y el afecto, pidiendo su
restablecimiento». Asimismo, se ha referido a la actualización del
acuerdo entre la Santa Sede y España, por el que la Iglesia ha renunciado a la exención del Impuesto sobre Construcciones. «Se ha dado este paso a iniciativa de la Iglesia como gesto de nuestra dimensión de servicio a la sociedad», ha subrayado.
Preguntado por los periodistas, también ha hablado de la gestación
subrogada, un tema que ha vuelto a la actualidad política y social a
raíz del reciente caso de Ana Obregón. «Es un tema que tiene distintas
perspectivas», ha dicho en un primer momento. «Es un dolor comprensible
el de las madres que quieren tener hijos y no pueden», ha dejado claro
García Magán, pero «hay que tener en cuenta que la maternidad no es
estrictamente un derecho, sino que se trata de un don».
Por otro lado, ha añadido, «está también la madre gestante, a la que
no se le puede considerar como una incubadora. Es una persona, con
dignidad, y con una relación única y singular, que va más allá de la
química, con su hijo», que también «tiene derecho a conocer a sus padres
biológicos».
Por último, el prelado ha resaltado la contradicción del Gobierno, que considera la gestación subrogada de «violencia contra la mujer».
«El Ejecutivo justifica el aborto afirmando que la mujer es dueña de su
cuerpo, pero este mismo derecho no lo aplica en el caso de la gestación
subrogada. Hay una contradicción que hay que aclarar», ha recalcado.
En cualquier caso, ha mostrado sus reservas contra esta práctica y ha
confirmado que la Iglesia no tendría ningún problema en bautizar a la
niña. «Toda persona, nazca en las circunstancias que nazca, tiene toda
la legitimación y los derechos del mundo», ha asegurado, al mismo tiempo
que ha recordado que «se está aplicando el bautismo a los hijos de
parejas del mismo sexo».
Nueva oficina tecnológica
En otro orden de cosas, César García Magán ha anunciado la creación
de una Oficina de Innovación Tecnológica para las Entidades Diocesanas,
que será dirigida por José Antonio Márquez, laico de la diócesis de
Almería. Se trata de una idea presentada a los obispos por el
vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.
Sus funciones serán el «desarrollo de la herramienta que ofrece la
CEE a las diócesis para su gestión integral; el desarrollo de
herramientas que permitan la mejor gestión y tratamiento de los datos
para la elaboración de informes y de las memorias parroquiales y
diocesanas, así como de la memoria de la Iglesia en España; la
integración del portal donoamiiglesia.es
y de otras herramientas de captación de recursos dentro de los sistemas
anteriormente indicados; y el diseño, coordinación y/o dirección de
proyectos de desarrollo informático de las distintas instituciones
diocesanas».
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