LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - La subida de los alimentos, en récord, ahoga a las familias ,. / LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Primer mandato al INE: incluir tarifas libres de luz para contener la inflación,. / LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - El Supremo que cambió Estados Unidos,.

 

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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS   -La subida de los alimentos, en récord, ahoga a las familias  , fotos,.

 

 

La subida de los alimentos, en récord, ahoga a las familias,.

La elevada inflación se enquista en la economía y muchos hogares reconocen no poder afrontar gastos básicos,.

 

Los precios han cogido carrerilla y ya ningún analista se atreve a vaticinar cuándo tocarán techo. El pasado mes de marzo la tasa de inflación (IPC) llegó al 9,8% y el Ejecutivo prometía que ese iba a ser el tope. Abril y mayo les dio la razón pero en junio la situación se ha descontrolado. Por primera vez en cuatro décadas el IPC ha superado los dos dígitos, y más que la cifra en sí (10,2%, según los datos que ofreció el miércoles el INE) lo que asusta es hasta dónde llegaremos. 

 

No hay más que ir a la frutería para darnos una sorpresa al pasar por caja. Las patatas, los tomates, los pimientos o la cebolla, productos básicos de la cesta de la compra de cualquier familia española por los que ahora hay que pagar entre un 8% y un 10% más que hace solo un año. Entre los básicos, los que más ha subido son los huevos (+25%), llegando a marcar más de 2 euros la docena de media.

El aceite es otro de los productos que todos han notado la subida, de nada menos que del 45% en un año, hasta pagar 3,90 euros el litro, cuando hace doce meses no subía de 2,70. Pero sin duda una de las protagonistas de la semana ha sido la sandía, una fruta típica del verano por la que los españoles están teniendo que pagar más de 5,30 euros el kilo después de que se haya encarecido más de un 20%.

Situación vulnerable

La pandemia dejó a muchas familias españolas en una situación muy vulnerable, familias que ahora se sienten completamente ahogados por la situación económica. Un informe de la consultora Kantar advierte que el 4% de los hogares ya no se puede permitir ni siquiera comprar los alimentos más primarios de la cesta de la compra, cuando antes de la pandemia y la elevada inflación no tenían estos problemas. Y no solo la alimentación, el consumo está frenado por los elevadísimos precios: un 8% no puede afrontar las facturas del hogar, un 14% no se plantea ni tomarse un café en un bar y un 9% comer en un restaurante.

La estadística es reveladora a la hora de plantearse grandes gastos como tener que cambiar un electrodoméstico (un 27% asegura que ahora mismo no se lo pueden permitir), un nuevo teléfono móvil (29%) o cambiar de coche, una compra para la que el 55% de los españoles confirma que no podría afrontar ahora ese desembolso porque está destinando la mayor parte de sus recursos a lo básico.

En las casas ya sale más de lo que se ingresa. Así lo reflejan las estadísticas del primer trimestre, que apuntan a que mientras que el gasto en consumo final se incrementó un 14%, la tasa de ahorro cayó al -0,8% de su renta disponible (7,5% eliminando efectos estacionales).

¿Pero cuál es la razón de esta subida desbocada de los precios? Principalmente la guerra de Ucrania, aunque desde antes de que estallara el conflicto ya se observaba una tendencia alcista por el 'boom' de la demanda tras la pandemia.

Los expertos consultados reconocen que la falta de cereal proveniente de Ucrania está colapsando el mercado de la alimentación. Por un lado, porque todos los productos derivados del cereal (harinas, pastas, bollería, pan, pizzas...) han disparado sus precios por la caída de las importaciones. Ylo seguirán haciendo en los próximos meses, asegura Juan Carlos Higueras, profesor experto en sector agroalimentario de EAE Business School.

Además, los agricultores tienen que asumir una subida de costes por los fertilizantes y carburantes que está disparando los precios de la fruta y las verduras.

Y por otro, porque los ganaderos tienen que afrontar una subida de costes porque el pienso de los animales (derivados del cereal) está encareciendo sus producciones hasta un punto en el que algunos se plantean reducir o dejar el negocio.

La solución en las cosechas

«Los ganaderos pagan mucho más caro el pienso para sus animales, lo que encarece a su vez los precios de la carne», explica Higueras, que prevé que después del verano faltará carne de pollo en los supermercados porque son animales que comen mucho cereal y los ganaderos ya están saliendo a pérdidas, lo que «reducirá la producción y elevará muchísimo los precios».

Si se observa la evolución desde 2021, ya se estaba produciendo un alza de los alimentos agrícolas que un informe de Allianz calcula en un 31%, algo que la guerra ha hecho saltar por los aires, augurando que se incrementen otro 23% en 2022 por el alza de los insumos (combustible, electricidad, fertilizantes...).

Pese al incremento de los alimentos, la firma calcula que los precios minoristas se han ajustado solo un 6%, lo que significa que aún no se han trasladado al consumidor final ni la mitad del incremento de precios de los productores.

Entonces, ¿la solución es cultivar más? No es tan fácil. Nuestro país cosecha 25,4 millones de toneladas de grano al año, pero los españoles consumen 36, lo que nos convierte en un país importador neto de cereal.

Y Bruselas ha abierto la mano para que se puedan cultivar las tierras que obligaba a mantener en barbecho, pero se trata solo de 600.000 hectáreas que ni siquiera se sabe si los agricultores querrán trabajar por el alza de los costes de producción. «Cultivar el barbecho significa rotar más la tierra, lo que la agota para nuevas cosechas. Necesitas más fertilizantes y probablemente con los precio actuales no sale rentable», comenta el profesor de EAE Business School.

Cereal de Sudamérica

Por su parte, la PAC también cedió a flexibilizar temporalmente los requisitos fitosanitarios (insecticidas) para la importación de cereal desde países donde antes estaba mucho más vigilado, como Argentina y Brasil. Algo que «amortiguará el efecto» de la falta de grano ucraniano, pero no dará para cubrir toda la caída, a lo que hay que añadir los precios a los que se importa este producto desde el otro lado del mundo, con barcos de mercancías que atraviesen el Atlántico.

En 2021, cuando solo Putin sabía que la invasión se producirá pocos meses después, España importaba cereales sobre todo de Francia, Ucrania y Brasil, con un volumen de compras de 3.343 millones de euros. Pero el conflicto estalló y cambió todo.

Mientras que en enero y febrero nuestro país posicionó a Ucrania como principal proveedor de cereal (222,5 y 198 millones de euros, respectivamente), casi doblando las compras a Francia, en marzo comenzó la tendencia a la baja que hizo terminar abril con solo 5 millones de euros de importaciones ucranianas de grano. Desde el Club de Exportadores, su presidente Antonio Bonet comenta que desde el comienzo del siglo XXI Ucrania se ha erigido, junto con Francia, en el principal proveedor de este producto para España, alternando entre ambas la primera y segunda posición. 

 

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Primer mandato al INE: incluir tarifas libres de luz para contener la inflación,.

Desde enero, Economía insiste en la necesidad de calcular el IPC con todos los recibos, un proceso que Estadística no ha logrado completar,.

 

 La vicepresidenta económica, Nadia Calviño,.

El presidente que en unas semanas sea designado por el Ministerio de Economía para ponerse al frente del INE(Instituto Nacional de Estadística) tendrá que hacer frente a uno de los cambios de datos más importantes que el Ejecutivo quería impulsar con su sucesor, aunque finalmente no ha sido posible: la incorporación de las tarifas libres de luz al cálculo del IPC (Índice de Precios al Consumo) para actualizar el dato; ajustarlo a la realidad; o, básicamente, mejorar los registros de la inflación. 

 

La abrupta salida de Juan Rodríguez Poo de Estadística, por «motivos personales», aunque tras varios meses de desencuentros con el departamento que dirige Nadia Calviño, se saldará con un nuevo cargo que tendrá en el IPC y en el PIB sus dos grandes retos. 

 

El dato que mensualmente publica el INE sobre la inflación sigue sin reflejar una buena parte del precio que pagan millones de consumidores por la luz. Y siendo la electricidad el producto que más ha tirado de la cesta de la compra hacia arriba, el organismo viene trabajando desde hace meses en la fórmula para incluir todos los contratos eléctricos en el registro oficial del IPC. 

 

No es técnicamente fácil, tal y como ha reconocido siempre la institución. Tanto es así, que el INE quería incorporar esos contratos del mercado libre al dato de la inflación oficial el pasado mes de enero. Y seis meses después sigue sin hacerlo. Entonces «no fue posible», indican fuentes de Estadística.

La cuestión no es baladí. Al no incluir los contratos libres, se deja una parte de los precios fuera de los registros. Hasta ahora, el INE solo tenía en cuenta el precio que pagan los usuarios del mercado regulado (unos 10 millones en toda España) al tener constancia del coste exacto que abonan por la luz, esto es, el euro por kwh. Una cifra que en el caso de los contratos libres aún no ha conseguido, porque depende de la información que le proporcione cada compañía.

La propia vicepresidenta Calviño considera que esta situación se traduce en «una rápida transmisión en la inflación». Cada euro que sube el kwh de la tarifa regulada (PVPC), sube directamente el IPC. Supone «una sobreponderación» de una tarifa concreta, según Calviño.

Para incorporar esa masa de contratos (superan los 16 millones en toda España) es necesario que las eléctricas aporten sus datos. Y al no haberlo hecho aún, Calviño ha aprovechado alguna ocasión en el último mes para realizar un llamamiento a la responsabilidad de las empresas, sobretodo las energéticas, para que «arrimen el hombro», rebajen el precio de la electricidad y faciliten al INE los datos que se les ha reclamado para acabar con la sobreponderación del precio del gas en el IPC y que éste pueda reflejar fielmente el precio de la electricidad.

De hecho, el dardo lanzado por Calviño tenía en aquel momento un destinatario, Iberdrola. Tras los meses que se llevan trabajando para tener este detalle, dijo que «hay una empresa que no ha dado los datos y necesitamos que todo el mundo ayude para que baje el precio de los carburantes para que baje el precio de la energía en el mercado mayorista y para que el IPC refleje bien los precios reales».

Un proceso complicado

La incorporación de las tarifas libres no tiene por qué suponer una rebaja drástica de la inflación, menos aún en un contexto de alzas de precios energéticos. Aunque, en parte, puede sostener el dato del IPC.

Dada la complejidad de los datos, las compañías llegaron a pedir una ampliación del plazo otorgado y espera que la información la tenga el INE en el menor tiempo posible. Pero ese día no termina de llegar. Las empresas eléctricas llevan más de dos años planteando la desagregación del IPC teniendo en cuenta los contratos a precio fijo y no solo la tarifa regulada.

Los contratos libres de electricidad se caracterizan por la estabilidad en los precios que aplican las compañías a sus clientes, aunque depende de cada caso. Su vigencia es a un año vista habitualmente, frente a la variación los regulados. 

 

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 LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea -  El Supremo que cambió Estados Unidos,. , fotos.

  El Supremo que cambió Estados Unidos,. 

La supermayoría conservadora del alto tribunal no ha perdido el tiempo en perfilar al país a su imagen y semejanza,.

 

 Un grupo de mujeres protesta en Virgina contra la abolición del derecho a abortar,.

 

Para la mayoría ocurrió de la noche a la mañana. En apenas dos semanas las sentencias emitidas por el Supremo de Estados Unidos han transformado radicalmente el país, con un giro tan conservador que ningún presidente hubiera podido lograrlo. El tribunal ha expandido el derecho a portar armas libremente, ha restringido severamente el del aborto hasta quedar completamente anulado en algunos Estados, ha difuminado la separación entre Iglesia y Estado, ha fortalecido el poder policial y ha impedido a la Administración regular la industria del carbón para luchar contra el cambio climático. Feliz cumpleaños, América. 

 

El lunes las barbacoas de este 4 de Julio serán un aquelarre en el que las mujeres quemen el calendario de sus menstruaciones, los hombres saquen brillo a sus pistolas y los evangélicos recen desafiantes. Sobre la llama, carbón. Negro, oscuro, muy contaminante. Nadie puede impedirlo. El Supremo es la última instancia. Miles, millones de estadounidenses reirán y bailarán alrededor de la hoguera que ha de trasladar al país a un tiempo pasado que muchos añoraban. El que les prometió Donald Trump cuando les hablaba en la campaña de los «viejos buenos tiempos». Ésos en los que la policía «hubiera sacado en camilla» a los manifestantes de Black Lives Matter que interrumpían sus mítines y las mujeres vivían alzadas en sus tacones para adornar al macho alfa. 

 

Con el ramillete de sentencias bomba que ha emitido, la nueva supermayoría conservadora ha dado instrucciones a todos los jueces del país sobre cómo tienen que fallar: apegados a la Constitución con la que se fundó Estados Unidos hace 234 años y enraizados en la 'tradición'. No la de hace medio siglo, cuando sus antepasados aprobaron el derecho al aborto en Roe contra Wade, sino la de 1868, cuando se aprobó la 14 enmienda constitucional, que es «como los Estados regularon el aborto», escribió la opinión mayoritaria en su fallo de la semana pasada. 

 

Los tres jueces progresistas disintieron airadamente en todas estas sentencias, calificando el apego «originalista» de su colegas de «acartonado y agarrotado». Los padres fundadores, interpretan ellos, «definieron los derechos en términos generales para permitir la futura evolución de los mismos en alcance y significado». Estados Unidos ya no es el país el Salvaje Oeste de entonces, ni los soldados llevan mosquetones. La Carta Magna puede guardarse en formol para que no evolucione, pero los mosquetones se han convertido en rifles de asalto automático que disparan cien balas por minuto. Y quienes los utilizan no se defienden de los soldados británicos ni de los indios, los cuáles, por cierto, también se han llevado un golpe del tribunal esta semana.

Al fallar el caso de Oklahoma contra Castro-Huerta, la mayoría conservadora ha mermado la soberanía de los nativos americanos en sus reservas, donde tienen control jurídico desde su fundación, según los tratados firmados. Los magistrados consideran ahora que el Estado de Oklahoma podrá juzgar a los que no sean nativos americanos por crímenes que cometan dentro de las reservas tribales, donde tienen su propia Policía y sistema judicial. «Uno solo puede esperar que las ramas políticas y los tribunales futuros honren las promesas que esta nación le hizo a los nativos, aunque hoy les hayamos traicionado nosotros», lamentó el juez conservador Neil Gorsuch.

Contra la jurisprudencia

En todos estos casos se fallaba en contra de una jurisprudencia ya existente. Fue el propio Gorsuch el que en 2020 escribió la opinión mayoritaria a favor de McGirt contra Oklahoma, en la que se negaba a ese Estado la oportunidad de detener y juzgar por crímenes cometidos «dentro de la jurisdicción de la reserva de una tribuna reconocida federalmente». De acuerdo a eso, casi la mitad de Oklahoma, incluyendo parte de Tulsa, escaparía del poder del gobernador republicano Kevin Stitt, que el 26 de mayo firmó la primera ley del país que prohíbe completamente el aborto, con la única excepción de salvar la vida de la mujer o en casos de violación o incesto previamente denunciados.

«La mayoría del tribunal ha anulado Roe contra Wade por una sola razón: porque siempre la han despreciado y ahora pueden votar para descartarla», escribieron al unísono los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Esa oportunidad se la proporcionó el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, que en 2016 negó a Barack Obama el legítimo derecho de nombrar al sucesor del juez Antonin Scalia, fallecido en febrero de 2016. McConnell abusó de su poder para establecer la agenda del Senado y se negó a poner en ella la confirmación del juez Merrick Garland al que Obama había elegido, con el argumento de que faltaba «tan poco» para las elecciones que debía reservarse esa nominación al futuro presidente. Pudo haber sido Hillary Clinton, en cuyo caso las mujeres de EE UU no estarían ahora en las calles reclamando su derecho al aborto, pero fue Donald Trump, a pesar de que obtuvo menos votos que ella. Eso le permitió nombrar al juez Brett Kavanaugh, firmante de la opinión que esta semana ha robado soberanía a los nativos americanos.

El mismo argumento no sirvió para cederle a Joe Biden el honor de elegir a la sucesora de la jueza adalid del feminismo Ruth Bader Ginsburg, que falleció inoportunamente mes y medio antes de las elecciones. McConnell apresuró el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, a la que Trump juró en el cargo seis días antes de perder las elecciones. Muchos lo consideran «un golpe de estado del poder judicial en marcha», denunció la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. «Si el presidente y el Congreso no lo frenan ahora, el tribunal está señalando que lo próximo serán las elecciones», advirtió.

En efecto, la corte anunció el jueves que revisará el caso de Moore contra Harper, una disputa sobre la potestad de la asamblea legislativa de Carolina del Norte para redistribuir los distritos electorales de una forma totalmente partidista que favorece electoralmente a la formación republicana. Tanto que el Supremo de ese Estado revirtió la decisión y estudia un mapa revisado. Si se impide que el Supremo de un Estado ponga freno a los abusos partidistas, como ya han avanzado que harán los jueces más conservadores, los partidarios de Trump podrían haber logrado que no se certificasen los resultados electorales de Pensilvania, por ejemplo, sin el cual Biden no estaría hoy en la Casa Blanca.

Elecciones de 2000

Paradójicamente, fue el Supremo el que intervino en las elecciones de 2000, llevándole la contraria a la máxima autoridad judicial de Florida y forzando el final del recuento de votos que separaba a Al Gore de George W. Bush por apenas 537 sufragios. Bush, otro presidente que no obtuvo la mayoría del voto popular, tuvo la oportunidad de nombrar a dos jueces del Supremo, Samuel Alito y John Roberts, que junto a los tres nombrados por Trump y el elegido por su padre, el juez Clarence Thomas, forman hoy la supermayoría de 6-3 que decide inevitablemente el rumbo de las sentencias, incluso si alguno de ellos no está de acuerdo.

Roberts, que se inclinaba por permitir que Mississippi limitara el aborto a las primeras quince semanas de gestación, pero no en anular la jurisprudencia de Roe contra Wade, es quien asestó esta semana el golpe a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). «Otro fallo devastador que hará retroceder al país», lamentó el presidente Biden, que pierde el poder para liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático. El Supremo ha considerado que no tiene autoridad para regular las emisiones de carbono de las eléctricas, que según la meta de su Gobierno tendrían que generar cero contaminantes para 2035. «Se me ocurren pocas cosas más escalofriantes», escribió la jueza Elena Kagan al criticar a sus compañeros.

Hay algunas. La nueva camada de jueces que la Sociedad Federalista ha logrado colocar en el máximo tribunal, influyendo a presidentes conservadores, tiene entre 50 y 57 años. Pasarán décadas transformando la vida de varias generaciones en las que, por primera vez en la historia, las mujeres de EE UU tendrán menos derechos que sus madres.