TITULO: LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - La banca ética no es una utopía ,.

LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - La banca ética no es una utopía , fotos,.

La banca ética no es una utopía,.

El real decreto para fomentar este tipo de finanzas entrará en vigor en primavera. Se basa en la regulación europea y en las leyes de países de nuestro entorno,.

Un anciano saca dinero del cajero en una oficina del Banco Sabadell en Barcelona.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, tras escuchar a las entidades sociales ha puesto en marcha un real decreto para fomentar las finanzas éticas. La norma entrará en vigor la próxima primavera una vez recabados los informes de otros departamentos y del Consejo de Estado. El propósito fundamental es “priorizar,.

Si en alguna de las muchas asambleas que proliferaban en España cuando estalló la crisis alguien hubiera pedido la palabra para proponer la creación de un banco propiedad de la gente que financiara las iniciativas para transformar la sociedad, lo más probable es que a más de uno se le escapase una sonrisa condescendiente. Y quizá habría incluso algún grito: “¡Y yo quiero la luna”. U otro: “¡Y jamón gratis!”.

Ahora este banco ya existe: tiene ficha del Banco de España para operar desde julio de 2014 y aquí lo hace con el nombre comercial de Fiare Banca Etica.

En España la entidad es todavía muy pequeña, con 2.400 personas y organizaciones socias —los propietarios de la entidad, que deciden las líneas maestras en la Asamblea—, 5.400 clientes y 3,1 millones de euros de capital social. Pero el banco en su conjunto, fruto de la fusión entre los proyectos hermanos de España e Italia, empieza a tener dimensiones destacables porque la experiencia italiana suma ya dieciocho años de funcionamiento exitoso: Banca Etica, que es como se llama la entidad financiera fruto de la fusión, cuenta en total con 40.000 socios, 80.000 clientes y un capital social de 60 millones. Y el 2016 cerró con 4,3 millones de beneficios, que se destinarán, como siempre, a reforzar capital y a financiar proyectos de economía social puesto que nunca se reparten dividendos.

La idea de disponer de un banco ético que fuera propiedad de los mismos socios empezó a coger fuerza a principios de la década de 1990, tanto en España como en Italia, cuando los desencantos políticos por la aparente victoria aplastante del neoliberalismo hizo que muchos de los que creían que otro mundo es posible fueran concentrando sus esfuerzos hacia proyectos más concretos y cercanos. El movimiento de las finanzas éticas, que aspira a utilizar el dinero como palanca para el cambio social de acuerdo con un código ético de actuación transparente y con participación democrática, empezó a tomar cuerpo.

Albert Gasch, que ahora lleva el área social de Fiare y es el nexo con los grupos territoriales, se acercó al movimiento atraído por el “potencial transformador que el dinero puede llegar a tener dependiendo de cómo se mueva”, una idea que había mamado de pequeño, hijo como es de abogados del Col·lectiu Ronda: “Es básico recoger ahorro para poder financiar la economía solidaria”, insiste.

La tarea era titánica y mientras que en Italia la legislación y la propia fortaleza financiera del movimiento cooperativo permitió arrancar la actividad bancaria ya en 1999, aquí el camino ha sido más tortuoso, aunque logró un impulso importante cuando los esfuerzos dispersos cristalizaron, en 2003, en la creación de la Fundación Fiare, que nació para promover las finanzas éticas y en última instancia para crear una entidad financiera. Desde el inicio, muy de la mano de la experiencia italiana. “Vamos poco a poco porque vamos lejos”, le gusta decir a Peru Sasia, cofundador de Fiare y hoy también miembro del Consejo de Administración de Banca Etica, quien añade: “No tenemos accionistas millonarios, pero sí una base madura construida desde abajo”.

Los millonarios, si estuvieran, tampoco se notaría demasiado porque ningún accionista puede tener más del 1% del banco. Y desde 2014, esta base social tan fogueada tiene también la licencia bancaria. Son los propietarios de un banco, que tiene la forma jurídica italiana de cooperativa por acciones, el equivalente a una cooperativa de crédito española.

El proceso de empezar a ofrecer servicios a particulares, combinado con la fusión con los socios italianos, aconsejaba la política cauta de ir despacio. Pero la cartera de servicios que ofrece el banco aquí empieza a ser la básica de una entidad convencional: ya puedes tener libreta de ahorros y a plazos, tarjeta de débito y de crédito, banca por Internet donde hacer transacciones, recibos domiciliados, incluida la nómina, y, desde finales del año pasado, todas las operaciones con la Seguridad Social, con la misma protección que en el resto de entidades financieras que otorga el Fondo de Garantía de Depósitos.

Cajero automático

Entre los próximos pasos que se atisban destaca la posibilidad de tener al menos un cajero automático en Bilbao, en la única oficina presencial que hay de momento —tanto en Barcelona como en Madrid hay puntos de información—, que complemente la realidad de ahora, que permite operar en toda España con los cajeros de Laboral Kutxa, Caixa d’Enginyers y la red de cajas rurales a cambio de una pequeña comisión de 80 céntimos para sacar efectivo. También están en estudio los créditos a particulares y no sólo a las entidades de economía social como ahora. En Italia, la cartera de servicios sí que ya es completa: no sólo hay préstamos a particulares, sino también hipotecas, créditos al consumo e incluso la posibilidad de invertir a través de un fondo ético, que mueve 3.000 millones con criterios muy estrictos de responsabilidad social y máxima transparencia.

Evidentemente, nadie elige tener su dinero en Fiare para pescar medio punto de interés por encima del que ofrece el banco del lado o para conseguir un televisor a cambio de domiciliar la nómina, sino que busca básicamente la “prima ética”, en expresión de Sasia: la garantía que se impulsarán proyectos que ayuden a avanzar hacia una sociedad más equitativa y ecológica y con la idea de que el dinero es un medio para conseguirlo y no un fin. Los recursos destinados a esta tarea —siempre con la supervisión de la comisión social de la entidad— empiezan a ser importantes, con un volumen de crédito que en 2016 llegó a los 970 millones de euros (18 millones de los cuales de Fiare, en España), con un aumento del 12% con respecto a 2015, y se dirigieron hacia 9.000 proyectos.

Las personas y entidades socias tienen mejores condiciones y, sobre todo, forman parte del proyecto y pueden participar con voz y voto en la Asamblea. Para ser socio, las personas físicas deben adquirir un mínimo de cinco títulos de la entidad, que hoy tienen un precio de 57,5 euros cada uno. Por tanto, la aportación inicial mínima es de 287,5 euros. Las entidades deben adquirir 10, lo que implica una inversión de 575 euros.

Estos títulos no cotizan en ningún mercado secundario y el banco garantiza su liquidez, de forma que la entidad los recompra a los socios que quieren dejar de serlo al precio que fija la Asamblea, siempre al margen de las dinámicas especulativas de los mercados. A mediados de la década pasada, los títulos tenían un precio de 52,5 euros y en 2008 subieron a 55,5, en el que se mantuvieron durante todos los momentos álgidos de la crisis, clavado mientras los mercados se desplomaban o vivían los posteriores rallies alcistas. En 2014, la Asamblea los situó en 57,5 euros, el precio actual. Alessandro Celoni, el directivo de Banca Etica que hace de enlace con Fiare y refuerza su lanzamiento en España, subraya que si se aplicasen los criterios contables clásicos y el precio dependiera del patrimonio, los títulos deberían costar 80 euros. Esta diferencia es un colchón de seguridad para el socio, que sabe que es realmente muy difícil que pierda dinero.

Títulos al alza

“Aquí la gente no viene a ganar dinero, pero tampoco va a perder y lo más probable es que gane”, señala Celoni, que tiene un máster en administración de empresas y lleva doce años en Banca Etica. La comparación entre la evolución del precio de los títulos de Banca Etica con la media de valores bancarios italianos es impresionante: desde 2006, Banca Etica se ha apreciado el 9,5%, mientras que las acciones de la banca italiana convencional han perdido de media el 81% de su valor en Bolsa.

El banco funciona con criterios muy profesionales —no se dan créditos sólo para ayudar, sino que primero debe asegurarse que el dinero no se perderá—, y al ser ajeno a las prácticas agresivas típicas de los especuladores es realmente una inversión segura. La morosidad neta es sólo del 1%, lejísima de las figuras de dos dígitos que se han convertido en habituales en la banca tradicional desde que explotó la burbuja, y a finales de 2016 tenía el 12,47% de capital de la máxima calidad (Cet1, en el argot de los reguladores internacionales), una cifra mejor que la del BBVA, Bankinter, Banco Sabadell y Banco Popular, por ejemplo.

Toda esta sucesión de cifras positivas —volumen de crédito hacia la economía productiva, beneficios, índice de morosidad, evolución del precio de los títulos, porcentaje de capital Cet1, etc.— desmiente los prejuicios que advierten de que el modelo de banca cooperativa puede ir en detrimento de la profesionalidad y, en última instancia, de la solvencia misma de la entidad en la medida que los socios no profesionales pueden acabar imponiendo aventuras perjudiciales al tener voz y voto en la toma de decisiones. En España, el modelo de cooperativas de crédito está ya muy contrastado, con entidades con mucha historia que suman activos por valor de 93.000 millones de euros, pero además este tipo de argumentos chocan con lo que ha sucedido en las últimas décadas, en que muchos profesionales adictos a las prácticas de riesgo han llevado a entidades centenarias a la quiebra.

De todas formas, son los profesionales los que llevan la batuta también de Banca Etica, lo que no es contradictorio con un funcionamiento democrático que fomenta la participación de los socios, que se pueden pronunciar sobre las líneas generales de actuación de la entidad. La Asamblea se celebra una vez al año, pero la veintena de grupos territoriales constituidos en España se encuentran periódicamente para debatir, entre ellos y también con los técnicos de la casa, de forma que a la reunión anual se llega ya con los temas muy masticados y discutidos.

Masa crítica

El momento en Fiare es especialmente excitante porque literalmente se está construyendo un banco, no en teoría sino también en la práctica y justo cuando el sector convencional no tiene otro remedio que reinventarse, atrapado por los bajos tipos de interés, la revolución tecnológica y la pesada mochila de la burbuja especulativa que tanto ayudó a propulsar. Además, ahora que empieza a haber masa crítica, algunas administraciones están decididas a impulsar la banca ética trabajando con ella —abriendo cuentas, gestionando dinero—, y algunos sectores económicos en auge encajan particularmente bien con la filosofía de las finanzas éticas, desde la agricultura ecológica hasta las energías renovables, entre otras.

Celoni admite, no obstante, que España tiene algunos obstáculos específicos para el crecimiento de bancos pequeños que se dan en Italia, como la enorme concentración bancaria y una organización territorial con normativas que pueden variar mucho de un lugar al otro. Pero Fiare Banca Etica ya circula y tiene el depósito lleno.

Cuando en alguna asamblea alguien diga que lo que hay que hacer es tener un banco ético propiedad de la gente y al servicio del cambio social, seguro que algún socio de Fiare le contestará: “¡Pero si ya existe!”.

TITULO: LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Los expertos advierten que la falta de suelo, la carga fiscal y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la vivienda, y proponen reformar la Ley de Suelo para aumentar la oferta y atraer la inversión ,.

LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Los expertos advierten que la falta de suelo, la carga fiscal y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la vivienda, y proponen reformar la Ley de Suelo para aumentar la oferta y atraer la inversión , fotos,.

Los expertos advierten que la falta de suelo, la carga fiscal y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la vivienda, y proponen reformar la Ley de Suelo para aumentar la oferta y atraer la inversión,.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado hoy una sesión centrada en el análisis de los factores que han llevado al acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, a una situación complicada –con especial atención a la problemática de la oferta– y en la definición de posibles medidas para introducir mejoras al respecto.

En relación con la vivienda en España, los expertos del Consejo General de Economistas y de Fedea consideran que el problema central es la insuficiencia de oferta, lo que ha llevado a un aumento sostenido en los precios tanto de compra como de alquiler. Esta situación se ha visto agravada por un marco normativo complejo y por la falta de estabilidad en las reglas del juego, lo que desincentiva la inversión en el sector inmobiliario. En este sentido, señalaron que la inseguridad jurídica generada por constantes cambios legislativos y la rigidez de la regulación urbanística han dificultado la puesta en marcha de nuevos desarrollos, alargando plazos y encareciendo costes.

Asimismo, la mayoría de los ponentes advirtieron que algunas de las medidas de intervención en el mercado del alquiler, lejos de solucionar el problema de acceso a la vivienda, han contribuido a reducir la oferta disponible. En particular, se destacó que la imposición de topes en los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas han generado un efecto contrario al deseado, ya que los propietarios, ante la disminución de rentabilidad y el aumento del riesgo, han optado por retirar inmuebles del mercado o endurecer los criterios de selección de inquilinos. Desde esta perspectiva, los expertos alertaron sobre el impacto de estas políticas en las familias más vulnerables, que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda en régimen de alquiler debido a la contracción de la oferta y a una mayor selección por parte de los arrendadores.

ENTRE LAS POSIBLES MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA, TANTO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN COMO DE SEGUNDA MANO, FEDEA Y EL CGE HAN DESTACADO LAS SIGUIENTES:

Reforma de la Ley de Suelo: Modificar la normativa urbanística para agilizar la obtención de suelo finalista y facilitar la promoción de nuevas viviendas, reduciendo los tiempos de tramitación y eliminando bloqueos administrativos innecesarios.

Movilización de suelos públicos: Poner a disposición de promotores públicos y privados los terrenos de titularidad pública para la construcción de viviendas asequibles.

Reducción de la carga fiscal sobre la vivienda: Disminuir impuestos como el IVA, ITP-AJD, ICIO y tasas de licencias, dado que actualmente representan hasta un 25% del precio final de una vivienda, lo que la encarece.

Impulso a la industrialización del sector y atracción de jóvenes: Modernizar el sector de la construcción mediante procesos industrializados que optimicen costes, reduzcan plazos de ejecución y aumenten la eficiencia en la edificación de viviendas. La incorporación de nuevas tecnologías y metodologías constructivas no solo mejorará la productividad del sector, sino que también lo convertirá en una opción más atractiva para los jóvenes. Esto permitirá generar oportunidades de empleo cualificado y fortalecer el relevo generacional en una industria clave para la economía y el desarrollo urbano.

Agilización de los trámites administrativos: Implementar medidas como la modificación de la Orden ECO para acelerar la concesión de licencias, la revisión de proyectos por técnicos externos y la utilización de tecnologías como BIM para optimizar los procesos.

Seguridad jurídica y estabilidad normativa: Evitar los cambios constantes en la legislación urbanística y de vivienda que generan incertidumbre y ahuyentan la inversión privada, asegurando reglas claras y predecibles a largo plazo.

Colaboración público-privada: Fomentar mecanismos de cooperación entre el sector público y el privado para incrementar la oferta de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, mediante incentivos y acuerdos estratégicos.

Mayor financiación para la vivienda asequible: Agilizar la ejecución de la línea de 4.000 millones de euros para la promoción de vivienda en alquiler asequible, reforzando el acceso a financiación mediante fondos ICO y acuerdos con el BEI para impulsar nuevas construcciones.

Ampliación del parque de vivienda social en alquiler: Aumentar significativamente el número de viviendas sociales en régimen de alquiler, garantizando una distribución equilibrada que evite la concentración en determinados barrios y favorezca la integración social.

Acuerdo político para la reforma de la normativa de vivienda: Alcanzar un acuerdo entre los principales partidos para modificar la normativa de suelo y vivienda, garantizando estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Este pacto es clave para atraer inversión, agilizar la promoción de nuevas viviendas y evitar cambios legislativos que generen incertidumbre. Además, debería reorientarse la política de vivienda hacia un menor intervencionismo, facilitando el desarrollo del mercado y mejorando el acceso a la vivienda.

Madrid, 05 de marzo de 2025.- España enfrenta serios desafíos en relación con el acceso a la vivienda. Ante el difícil panorama en que se encuentra nuestro país en esta materia tan trascendental, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han decidido centrar la segunda sesión de sus Encuentros en el análisis de los factores que han llevado a esta complicada situación –con una especial atención a la problemática de la oferta– y en la definición de posibles medidas a tomar para introducir mejoras a este respecto.

La presentación de la sesión estuvo a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. En ella intervinieron como ponentes: Jordi Jofre-Monseny, profesor del Dpto. de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) y director del Programa de Investigación de Ciudades del Instituto de Economía de Barcelona (IEB); Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas de España, y Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña). Tras las tres intervenciones, se llevó a cabo un coloquio moderado por la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera.

En la apertura del acto, Valentín Pich destacó que “la accesibilidad a la vivienda es un problema complejo que requiere una política coherente y con un marco normativo estable que favorezca la inversión. Subrayó la importancia de destinar más recursos a la promoción de vivienda asequible y a la ampliación del parque público, garantizando un desarrollo equilibrado del mercado. Asimismo, insistió en que los incentivos fiscales son más eficaces que los controles de precios, ya que estos pueden reducir la oferta y agravar la crisis del alquiler. También destacó la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, simplificar la normativa y mejorar la seguridad jurídica para atraer inversión y garantizar soluciones sostenibles. Finalmente, hizo un llamamiento a una mayor eficiencia en la gestión administrativa para agilizar licencias y desbloquear proyectos esenciales para el acceso a la vivienda.”

Por su parte, Ángel de la Fuente indicó que “la escasez de vivienda accesible se ha convertido en un grave problema. Su origen es fundamentalmente de oferta y tiene mucho que ver con una legislación muy mejorable que tiende a paralizar la construcción o, al menos, a alargar enormemente sus plazos, y con la creciente inseguridad jurídica que perciben los propietarios de inmuebles residenciales ante su puesta en alquiler. Sería muy deseable un acuerdo, al menos entre los principales partidos, para modificar la normativa, comenzando por la ley del suelo, y reorientar la política de vivienda hacia un menor intervencionismo”.

A continuación, Jordi Jofre-Monseny, Julián Salcedo y Xavier Vilajoana han presentado cada uno una breve ponencia.

Jordi Jofre-Monseny abrió la ronda de intervenciones señalando que “España está experimentando una verdadera crisis de acceso a la vivienda. Las políticas de oferta deben jugar un papel clave en el medio y largo plazo, pero es necesario implementar políticas complementarias, especialmente a corto y medio plazo. Hay que aumentar el parque de vivienda social de alquiler y expandir el mercado del alquiler residencial mediante la regulación del alquiler turístico en zonas tensionadas, una fiscalidad más favorable al uso residencial de la vivienda y la reducción de la incertidumbre con un seguro público. A corto plazo también es necesario incrementar las ayudas al alquiler para los hogares más vulnerables y seguramente sea deseable un control sobre los precios del alquiler que asegure que los precios no crecen sistemáticamente por encima de la inflación en los próximos años”.

En la misma línea, Julián Salcedo comentó que “el problema de la vivienda constituye una emergencia nacional, que terminará condicionando el crecimiento, la competitividad y la necesaria flexibilidad de nuestra economía, además de lastrar el futuro de nuestros jóvenes, con un riesgo cada vez mayor de degenerar en un conflicto social que ninguno deseamos. Por todo ello, se hace imprescindible alcanzar ya un Gran Pacto Nacional por la Vivienda. Y, también un Pacto entre los dos grandes partidos que garantice la seguridad jurídica para atraer inversión. De ello dependerá el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras empresas y del país entero”.

Finalmente, Xavier Vilajoana ha afirmado que “estamos produciendo por debajo de las necesidades de vivienda en España, incrementando el déficit existente. Tal desequilibrio entre oferta y demanda, como en cualquier otro mercado o sector, tiene un impacto directo en los precios, aumentando así el esfuerzo a realizar por las familias para la compra o el alquiler de las viviendas. Necesitamos triplicar el ritmo de construcción actual si queremos reducir esa falta de vivienda, y para eso es imprescindible atraer la inversión privada y ganar en productividad. Pero las medidas que se están tomando en los últimos son diametralmente opuestas a la consecución de estos objetivos: se está ahuyentado a la inversión privada y no se están realizando los cambios normativos de calado necesarios en el urbanismo para aumentar la oferta de viviendas de todas las tipologías”.

Antes de dar inicio al coloquio, la moderadora, Marta Vall-llossera, compartió una breve reflexión en la que destacó que “el problema de la vivienda es acuciante, y debemos salvar cada una de las barreras con las máximas garantías y seguridad jurídica. Una de ellas es la excesiva demora en la tramitación de licencias. En algunas ciudades, se superan con creces los plazos establecidos legalmente, cuando, por Ley, debe resolverse en 3 meses. Necesitamos simplificar la normativa existente y una Administración ágil, dotada de los recursos materiales y personales necesarios, para cumplir, en tiempo y forma, con los plazos legales. Esto, sin duda, contribuiría a resolver parte del problema”.

A continuación, se desarrolló el coloquio, moderado por Marta Vall-llossera, en el que Jordi Jofre-Monseny, Julián Salcedo y Xavier Vilajoana respondieron a cinco cuestiones clave.

1.- Disponibilidad y suficiencia del suelo finalista: ¿Existe suelo finalista suficiente para la construcción de viviendas? ¿Cuáles son los principales factores que restringen su disponibilidad? ¿Qué medidas concretas podrían adoptarse?

Según Salcedo, “el suelo finalista es escaso y caro, y el período para transformarlo en apto para edificar es muy lento (de media 20 años). De hecho, las grandes ciudades no disponen de suelo finalista suficiente para incrementar la construcción de nuevas viviendas, convirtiéndose así en un factor limitativo insuperable a corto y medio plazo. El urbanismo es excesivamente rígido, lento y burocratizado para proveer suelo. La complejidad normativa (17 leyes urbanísticas) no facilita la gestión del suelo. Circunstancias excepcionales, como las actuales, requieren la adopción de medidas excepcionales, la primera reducir la excesiva dependencia de las administraciones públicas, facilitar las iniciativas privadas, y acometer un proceso de liberalización de la regulación del suelo”.

Para Xavier Vilajoana, “es imprescindible la modificación de la Ley de Suelo para desarrollar eficiente y urgentemente los planeamientos urbanísticos. La mayoría de los planeamientos llevan incorporada la obligación de realizar entre un 30 y un 50% de las viviendas de protección oficial, y varios de ellos están paralizados por defectos menores subsanables. También deben movilizarse los suelos de propiedad pública y ponerlos a disposición de los promotores públicos y privados para la construcción de viviendas asequibles, sacar a concurso todos los suelos públicos disponibles para dar entrada a todo tipo de agentes de la edificación. Por último, son necesarias medidas de choque con cambios de uso de suelos para poder destinar aquellos solares vacantes a la construcción de viviendas”.

2.- Efecto de los costes de construcción y la escasez de mano de obra: ¿En qué medida están afectando el aumento de los costes de los materiales de construcción y la escasez de mano de obra al desarrollo de proyectos inmobiliarios? ¿Qué estrategias o soluciones podrían aplicarse?

Julián Salcedo considera que “el coste de los materiales ha registrado una subida del 35% o superior debido, primero al desabastecimiento debido a la pandemia, después a la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los costes de transporte debido a la subida de los combustibles y de la energía, y finalmente por la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Ciertamente, el coste de los materiales se ha estabilizado con subidas ligeramente por encima de la inflación, pero no ha retornado a los niveles previos. La mano de obra es insuficiente (ocupaba a 2,7 millones de trabajadores en 2007, mientras que en 2024 ocupaba tan solo a 1,5 millones, ha perdido 1,2 millones, el 45%, y la patronal estima que se necesitan al menos 700.000 trabajadores), está envejecida (no se produce la necesaria renovación, el sector de la construcción no resulta atractivo para los jóvenes) y los nuevos trabajadores que acceden (inmigrantes en su mayoría) carecen de la cualificación necesaria. Las soluciones pasan por la industrialización del sector, pero no se producirá a corto plazo, requiere elevada inversión y la garantía de rentabilidades acordes con el riesgo”.

Según Vilajoana, “la falta de mano de obra cualificada es un problema acuciante al que, como sector, debemos enfrentarnos: en 10 años el 60% de la plantilla estará en edad de jubilación y no hay relevo generacional suficiente para cubrir esas vacantes. Es preciso que, tanto desde las organizaciones empresariales como desde las administraciones, aunemos fuerzas e impulsemos programas para atraer al talento joven a un sector en el que la innovación y el uso de las nuevas tecnologías pueden ser factores determinantes para incorporar a los jóvenes y mujeres, entre otros colectivos. La industrialización es una buena solución para cubrir la falta de mano de obra especializada, al mismo tiempo que se promueva la dignificación de los oficios tradicionales, ya que la combinación del sistema constructivo clásico como el industrializado es imprescindible para poder asumir el reto de construcción de viviendas”.

3.- Políticas públicas y fiscales: carencias, excesos y posibles reformas: ¿Qué políticas públicas y medidas fiscales hacen falta? ¿Cuáles deberían eliminarse o reformarse? ¿Cómo repercutiría todo ello en la promoción de vivienda asequible, tanto para la compra como para el alquiler?

Jordi Jofre-Monseny considera que «es necesario ampliar la oferta en los mercados de vivienda tensionados, aunque también será imprescindible adoptar medidas complementarias, ya que, incluso en el escenario más optimista, las políticas de oferta tendrán un impacto en el medio y largo plazo. A corto plazo, es fundamental fortalecer el mercado privado de alquiler residencial, lo que implica regular el alquiler turístico en mercados tensionados, aumentar la diferencia fiscal entre el uso residencial y otros usos de la vivienda, y reducir la incertidumbre en el mercado, quizá mediante un programa de seguros públicos para el alquiler. Además, se requieren instrumentos que alivien la sobrecarga en el mercado del alquiler, dado que la investigación más reciente indica que las ayudas al alquiler para los inquilinos pueden ser una herramienta eficaz, siempre que su aplicación no sea excesivamente generalizada en el mercado. Por último, en mercados tensionados, considero que sería conveniente establecer un mecanismo de control de los precios del alquiler para garantizar que, en los próximos años, estos no crezcan sistemáticamente por encima de la inflación”.

Para Julián Salcedo, “las políticas públicas deberían enfocarse a reducir el excesivo intervencionismo, porque distorsiona los mercados, reduciendo eficiencia y pérdida de competitividad. Sé que resulta imposible pedir una política uniforme nacional, porque en el Estado descentralizado de las autonomías las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas, pero cuánto más fragmentado esté el mercado más diferencias se producirán entre unos y otros territorios. En todo caso, las políticas públicas, cualesquiera que fuesen, necesitan recursos económicos, y estos, por definición, son escasos (la contribución en España para políticas de vivienda, en términos de PIB, está muy por debajo de lo que se necesita y de lo que destinan otros países de nuestro entorno). En materia de fiscalidad, los impuestos que gravan la vivienda, en todas sus fases, son excesivos. Reducir la carga fiscal que soporta la vivienda (desde el IVA hasta otros impuestos, ITP-AJD, ICIO, Licencias) tendría un efecto inmediato a la baja en el precio”.

Finalmente, Xavier Vilajoana considera que “una regulación restrictiva y que penaliza a los promotores y/o propietarios de vivienda como la Ley Vivienda, el tope a los alquileres y la declaración de Zonas de Mercado tensionado son algunos de los ejemplos de políticas que están provocando el efecto contrario al que pretenden: están reduciendo considerablemente la oferta de vivienda de alquiler en el mercado, sin conseguir una reducción significativa de rentas. Se necesitan políticas de vivienda equilibradas, realmente efectivas y que cuenten con la dotación presupuestaria suficiente. La lentitud administrativa es otro lastre para la ampliación del parque de viviendas: no es de recibo que se tarde lo mismo en conseguir las licencias y permisos pre y post obra que la construcción de la promoción en sí misma. Y en materia de fiscalidad, el 25% del precio de una vivienda son impuestos, más que lo que se grava un producto de lujo”.

4.- Seguridad jurídica y eficacia del sistema urbanístico: ¿Cómo afectan la inseguridad jurídica y la complejidad normativa al desarrollo de proyectos de vivienda? ¿Qué reformas estructurales serían necesarias para reducir los plazos de ejecución?

Según Salcedo, “la seguridad jurídica es imprescindible para cualquier inversión. Sin seguridad jurídica no es fácil atraer inversión a ningún sector de actividad. Ejemplos de inseguridad para obtener las rentabilidades esperadas por los inversores las tenemos en la legislación aprobada, que limita el precio de los alquileres en las zonas declaradas tensionadas, que obliga a la prórroga de los contratos, que suspende los desahucios por impago, que no defiende a los propietarios para recuperar de inmediato su vivienda en caso de ocupación ilegal, etc. En el plano urbanístico, la inseguridad jurídica es una realidad reconocida por el propio Gobierno, que en abril 2024 presentó un proyecto de ley de modificación de la ley de suelo y rehabilitación urbana (que no llegó a votarse, fue retirado) para evitar la nulidad plena de los planes urbanísticos que alarga casi hasta el infinito la aprobación de los mismos por los sucesivos recursos interpuestos, de forma que se pueda decretar la anulabilidad de aquellos defectos que no sean sustanciales o esenciales, pudiendo continuar la tramitación sin tener que regresar al momento inicial. Pues bien, tras la presentación de una PNL por el PSOE (que posteriormente retiró su firma) y el PNV, el pasado día 25 de febrero fue votada en contra su toma de consideración en el Congreso de los Diputados, incluso por los propios socios del gobierno de coalición. Como se sabe, el PP ha presentado su propia PNL en el Senado, a la espera de su remisión al Congreso y que la Presidencia de la Mesa acceda a su tramitación”.

Vilajoana considera que “en los últimos 15 años se han producido varios cambios legislativos con efecto directo en la actividad promotora constructora. No podemos permitirnos cambiar constantemente las reglas de juego, ya que el periodo de maduración de cualquier operación inmobiliaria es de mínimo tres años, y se genera una inseguridad jurídica muy perjudicial y que ahuyenta el capital. En una actividad tan intensiva en capital como la promoción residencial, para mejorar la accesibilidad e incrementar el parque inmobiliario en España, necesitamos atraer inversión, ya que no disponemos del capital suficiente para realizar todas las viviendas que se necesitan y a la velocidad que se requiere”.

5.- Propuestas estructurales para mejorar el acceso a la vivienda: ¿Qué soluciones concretas podrían adoptarse en España, garantizando una oferta asequible sin distorsionar el mercado?

Para Jordi Jofre-Monseny, “es necesario expandir la oferta en mercados de la vivienda que estén tensionados. En el mercado privado, considero que es importante que la nueva construcción sea lo más compacta posible, ya que esto ofrece ventajas en términos medioambientales al reducir el consumo energético del hogar y facilitar el desarrollo de redes de transporte público. Además, expandir y mejorar la frecuencia del transporte público puede contribuir a aliviar el problema de la vivienda, ya que amplía el tamaño real de la ciudad y permite desplazar la demanda hacia zonas menos centrales. En cuanto a la oferta, también es fundamental aumentar el parque de vivienda social de alquiler. Las experiencias en otros países muestran que concentrar la vivienda social en determinados barrios estigmatiza a sus habitantes y perpetúa la pobreza, por lo que es importante buscar fórmulas de income mixing que representen estrategias de beneficio mutuo tanto para el sector como para la administración. En el mundo anglosajón, algunas de estas fórmulas han consistido en relajar normativas urbanísticas y aumentar el número total de viviendas”.

Para Julián Salcedo, “resulta duro decirlo, pero no hay fórmulas mágicas para resolverlo. Desde luego no a corto y medio plazo. Como ya ha reconocido el Gobierno, el problema de la vivienda es estructural, un problema de oferta debido a la insuficiente producción de vivienda nueva para el crecimiento del número de hogares, debido al crecimiento demográfico y la inmigración), imposibilidad de reducir el coste de producción de las viviendas (salvo una bajada excepcional de impuestos, que aliviaría a corto plazo la situación), y unos salarios bajos que imposibilitan comprar o alquilar una vivienda a los precios actuales, especialmente a los más jóvenes y el denominado acceso a la primera vivienda (la de reposición se ve favorecida por el incremento del precio de la vivienda usada, en paralelo al de la nueva). Las soluciones pasan por la inmediata puesta de suelo apto para edificar (modificando la normativa urbanística), por reducir la fiscalidad, por facilitar el acceso a la financiación (de promotores y particulares), por incentivar la colaboración público-privada y por atraer la inversión (nacional y extranjera), dándole garantías de que no se modificarán reglas del juego a mitad de partido”.

Finalmente, Xavier Vilajoana indica que “desde APCE proponemos una serie de medidas centradas en varios ámbitos clave. Es urgente aprobar la reforma de la Ley de Suelo para agilizar la obtención de suelo finalista; movilizar suelos de propiedad pública a disposición de promotores públicos y privados para construir viviendas asequibles, y la implementación de medidas de choque para permitir el cambio de uso de suelos en solares vacantes con fines residenciales. También se necesita agilizar la tramitación administrativa y modificar la Orden ECO para acelerar la concesión de licencias, entre otros. Otro ámbito destacado es la financiación: es imprescindible incrementar sustancialmente la dotación presupuestaria destinada a políticas de vivienda, así como agilizar la línea ICO de financiación a la promoción de vivienda de alquiler asequible y crear otras nuevas con el BEI. En el ámbito de la fiscalidad, proponemos revisar la tributación de las entidades acogidas al régimen de arrendamientos, analizar la fiscalidad del IVA en operaciones de vivienda asequible y establecer un IVA reducido del 4% en la venta de vivienda asequible para jóvenes. En definitiva: más suelo finalista, agilizar trámites administrativos, más presupuesto para vivienda, aprobar urgentemente la reforma de la Ley de Suelo y un nuevo Plan de Vivienda consensuado y suficiente, y recuperar la seguridad jurídica para dar estabilidad al sector y atraer la inversión privada”.

Por último, Valentín Pich y Ángel de la Fuente han cerrado el coloquio, resumiendo en su intervención final las PRINCIPALES CONCLUSIONES. Ha quedado claro que el principal problema del acceso a la vivienda en España es la insuficiencia de oferta, acentuada por la inseguridad jurídica y un marco normativo complejo que desincentiva la inversión. Para abordar esta situación, se ha subrayado la necesidad de reformar la Ley de Suelo y agilizar la tramitación urbanística, eliminando bloqueos administrativos que retrasan el desarrollo de nuevas promociones. También se ha destacado que algunas medidas de control de precios en el alquiler han generado efectos adversos, reduciendo la oferta disponible, por lo que sería recomendable reconsiderar su aplicación y apostar por incentivos fiscales. Asimismo, se ha insistido en la importancia de atraer inversión privada mediante reglas estables y predecibles. Por último, se ha señalado la necesidad de ampliar el parque de vivienda social y fortalecer la colaboración público-privada para mejorar el acceso a la vivienda de manera sostenible.

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LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - El Show de Bertín recibe - Jesulín de Ubrique,. ,. fotos,.

El Show de Bertín recibe Jesulín de Ubrique,.

Bertín retará a Jesulín a un duelo de cocina: preparar el mejor roscón de Navidad salado.

Atentos todos al programa de este viernes porque se adelantan los Reyes Magos y traen al Show a un invitado muy especial: Jesulín de Ubrique, que llega como un niño cargado de ilusión para contarnos sus proyectos y sus deseos para este nuevo año.

Esta semana arrancaremos el programa sorprendiendo a Bertín con nuestro increíble desfile de Sus Majestades los Reyes de Oriente, guiados por una particular Estrella de Belén. Además de recibir a los Reyes Magos, conoceremos los mejores trucos para ir a la cabalgata gracias al kit imprescindible que nos traerá 'El Sevilla´.

Del mismo modo, se nos hará la boca agua con la visita de Domi Vélez, nombrado Mejor Panadero del Mundo, que nos explicará los orígenes del tradicional roscón de Reyes y algunos de los secretos que esconde su elaboración.

En una distendida charla del ubriqueño con Bertín, veremos algunas entrevistas inéditas recordando su juventud, conoceremos un poco más sobre la relación de Jesulín con su mujer y relatará cuál ha sido el peor día de su vida hasta hoy. Además, el torero se atreverá a cantar un tema al piano y nos contará dónde utilizó por primera vez su mítico “En dos palabras: im-presionante”, que se hizo viral cuando todavía no existían las redes sociales.

Y como Jesús y Bertín son de buen comer, ambos se retarán en un duelo de cocina para preparar el mejor roscón de Navidad salado, que todos querremos replicar en casa.

La nota musical del programa la pondrá el invitado, que no le teme a nada. El ubriqueño tarareará algunos de los temas musicales más conocidos para que Bertín y los colaboradores, además de pasarlo en grande, adivinen las canciones que propone el torero en 'Dando el cante´.