LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - El control de los alquileres, una medida quirúrgica de corto plazo y que llega tarde,. / LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Magdalena Valerio . / LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - Cuando El Empecinado llenó Cáceres de terror y las bibliotecas quemadas ,.

 

TITULO: LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS - El control de los alquileres, una medida quirúrgica de corto plazo y que llega tarde ,.

 LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS -El control de los alquileres, una medida quirúrgica de corto plazo y que llega tarde ,.  , fotos,.

 

El control de los alquileres, una medida quirúrgica de corto plazo y que llega tarde,.

El sector alega que las rentas ya están bajando y hay evidencias de que una intervención sostenida tiene efectos negativos,.

 

Dos mujeres miran anuncios en el escaparate de una inmobiliaria ,.

Unidas Podemos arrancó al PSOE el compromiso de regular los alquileres, lo que propició el acuerdo para los Presupuestos que se aprobaron el martes en Consejo de Ministros. En tres meses el Gobierno tendrá que aprobar una Ley de Vivienda que incluya la intervención en las rentas y en cuatro meses ese proyecto deberá llegar al Congreso.

La primera herramienta para ese fin está lista: el índice de precios del alquiler que diseñó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que hará posible que autonomías y ayuntamientos determinen dónde están las zonas donde los precios se han extralimitado y, por tanto, las que se verán sometidas a contención o incluso bajadas. El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla además la contención de «las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos», para lo que se tomará como referencia el precio del contrato anterior.

La noticia causó controversia en el sector. Desde Tectum Global Management valoran que regular los precios reducirá la oferta, elevará los precios y ralentizará el alquiler. Desde el consejo general de los agentes de la propiedad, Jaime Cabrero asegura que las rentas ya están bajando hasta un 10% por la crisis económica y sin necesidad de regulación.

Ferrán Font, director de estudios de pisos.com, añade que la medida llega tarde. Apunta además que si bien «la diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas», «limitar las rentas no es la solución». Según Font, «las medidas deben ir enfocadas a mejorar la situación económica de los inquilinos y a aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada, como en Viena o Sidney».

Experiencia internacional

Pero España no es el único país en el que se plantean controles. Y hay experiencias variadas. En Alemania se llevan aplicando desde 2015: la legislación capacita a los gobiernos de los estados federados a permitir que sus municipios establezcan controles en las zonas tensionadas y, a la vista de que los problemas de acceso a la vivienda persistían, en este 2020 en Berlín se marcó un precio máximo y congelación de las rentas.

En EE UU también hay nuevas medidas de control. Así, en California se limitan desde 2020 y durante diez años las subidas de los alquileres a un 5% anual más la inflación. En Los Ángeles, en particular, se limita el aumento entre un 3% y un 4%, aunque sólo a viviendas no unifamiliares y que se hayan construido antes de 1978. También en Nueva York el control se circunscribe a las viviendas más antiguas. Y en la capital del país, Washington D. C., el tope de subida es del 10%.

En Francia, desde 2012, algunos municipios –París entre ellos– vincularon el precio del alquiler de un nuevo inquilino a la renta del anterior para limitar las subidas al índice de revalorización de los arrendamientos vigentes y sus renovaciones. En 2014 se estableció la posibilidad de marcar límites a las subidas en las ciudades y en 2019 tomó el relevo otra normativa para acotar el encarecimiento a un 20% sobre un nivel de precio de referencia.

Otra modalidad rige en Países Bajos, donde los precios se regulan por un sistema de puntos sobre la calidad del piso (tamaño, equipamiento o localización). Y en Suecia hay una especie de negociación colectiva entre los representantes de los inquilinos, las empresas municipales de vivienda y los propietarios privados.

Efectos de los controles

El Banco de España ha evaluado los efectos de todas estas medidas y ha concluido que si bien «han sido efectivas para moderar a corto plazo el precio del alquiler en el segmento regulado», al mismo tiempo, pueden causar subidas en los segmentos no regulados. El organismo valora que los controles de precios tienen el atractivo de dirigirse de forma inmediata y directa a los problemas de accesibilidad. Pero advierte de que, mantenidos a largo plazo, aparecen efectos adversos, como la segmentación de la población según sus condiciones económicas.

A cambio, el organismo cree que el aumento de la oferta pública de alquiler a precios asequibles se centra en la causa que subyace tras el aumento de los precios: la insuficiencia de pisos en alquiler. Pero avisa de que supone un esfuerzo presupuestario amplio –España destaca por estar a la cola en vivienda social en renta– y que lleva tiempo desarrollarlo. De ahí que surja la idea de la colaboración público-privada para elevar la oferta. Pero desde el Sindicato de Inquilinos la rechazan. Javier Gil, su portavoz, cree que la solución a corto plazo del problema del acceso a la vivienda es el control de los precios, no el aumento de la oferta, un remedio «de mercado» que, a su juicio, sólo incrementa la dinámica de los ciclos económicos y la oportunidad de negocio del sector privado. Augura, además, presiones, para que el Gobierno desista de regular los precios.

Más de 2.200 millones para políticas de vivienda en 2021

El presupuesto de vivienda y agenda urbana alcanzará en 2021 los 2.250 millones de euros, de acuerdo con los Presupuestos aprobados este martes en Consejo de Ministros. La cifra multiplica por cinco a la que recogían las últimas cuentas públicas y, además, es la más alta de la historia. El grueso, 1.650 millones, irá destinado a la rehabilitación de viviendas y barrios, mientras que 215 millones de euros se dedicarán al plan de vivienda para el alquiler asequible, además de otros 350 millones, que se aplicarán al programa vigente en estos momentos.

Uno de los problemas de la política de vivienda que el ministro José Luis Ábalos se ha encargado de señalar en los últimos meses es que el parque de vivienda social de titularidad pública existente en España se limita a las 290.000 viviendas (180.000 de titularidad de las comunidades autónomas y el resto, de los ayuntamientos). Es una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas entre 1981 y 2019. Y ello se atribuye a que las casas de protección oficial han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, con lo que la promoción de vivienda pública destinada al alquiler ha tenido muy poco peso, no sólo en términos absolutos, sino también relativos en el ámbito europeo e incluso mundial.

Por ello, en la nueva Ley de Vivienda –que copropondrán la vicepresidencia de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– se contemplarán medidas para «promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables».

En cuanto al control de los precios de los alquileres, Ábalos se comprometió a que el capítulo de la ley que lo recoja mostrará un «respeto absoluto y escrupuloso de las competencias de las administraciones autonómicas». No hay casi ningún país que cuente con marcos estatales, sino que las competencias suelen ser regionales y la aplicación corresponde a los ayuntamientos. Pero desde Derechos Sociales admiten que el debate de si se debe obligar a todas las administraciones a intervenir los precios se tendrá que dar en las próximas semanas.

 

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 Magdalena Valerio ,.

Hay que reforzar las pensiones con impuestos si queremos que sean sostenibles»,.

Magdalena Valerio, presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, aboga por llevar a cabo una potente reforma fiscal y luchar sin cuartel contra el fraude para mejorar los ingresos de la Seguridad Social,.

 

Magdalena Valerio posa para esta entrevista en el Congreso de los Diputados,.

Concita simpatía allá donde va. Esa cordialidad, naturalidad y vehemencia que desprende Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) puede haber sido una de las claves para haber logrado, diez años después, un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, tras más de cuatro años de intenso trabajo. Y lo ha conseguido en apenas diez meses al frente y con unas condiciones muy difíciles: con un Parlamento más fragmentado que nunca y con una pandemia que ha puesto el país patas arriba. 

 

 

Su trayectoria además la hacía una candidata inmejorable para este puesto de presidenta del Pacto de Toledo: jurista y funcionaria de carrera de la Seguridad Social, ha pasado por casi todos los escalones de la clase política, incluido el de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Y no ha decepcionado, como así se demostró en la sesión de la aprobación del acuerdo del Pacto de Toledo, donde todos los grupos políticos sin excepción alabaron su buen hacer. 

 

 

–Enhorabuena, presidenta. Era éste un acuerdo muy esperado, pero complicado. Y lo ha conseguido en unos pocos meses de presidencia y en un momento muy complicado. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es el secreto?

–Es verdad que con la que está cayendo oír hablar de la palabra acuerdo es bastante difícil, pero es que estamos en el Pacto de Toledo. Si en el Pacto de Toledo no somos capaces de ponernos de acuerdo fuerzas políticas de distinto signo en aras de algo tan importante como es garantizar el presente y el futuro del sistema de bienestar... Hemos puesto muchas dosis de paciencia, ha habido un debate relajado, tranquilo, debate en el que evidentemente se ha podido discrepar, pero no ha existido el insulto. Habiendo un buen clima de trabajo es mucho más fácil encontrar puntos de encuentro, porque todo el mundo tiene que ceder.

–¿Confía en que cuando este acuerdo llegue al Parlamento reciba un apoyo mayoritario?

–Como mínimo me gustaría que recibiera el mismo apoyo que ha recibido en la comisión. Ahora bien, espero que pueda obtener alguno más, pero 30 votos a favor de 37 es una mayoría muy cualificada. Si una reforma de las pensiones se asienta en dos pilares: acuerdo en el Pacto de Toledo y acuerdo en el diálogo social, las posibilidades de que permanezca en el tiempo son mucho mayores que la que se genera de manera unilateral por un partido político sin acuerdo.

–Hay voces críticas a este documento por ser –dicen– un pacto de mínimos.

–A mí me parece que se avanza en muchas cuestiones y es un logro el haber conseguido un apoyo mayoritario. Nosotros no legislamos, solo recomendamos, marcamos unas directrices, pero tiene que ser el Gobierno el que haga las propuestas y presente los proyectos de ley.

–¿Qué diferencias tiene este documento respecto al de febrero de 2019, cuando el acuerdo que se creía inminente saltó por los aires?

–No han sido muchas. La filosofía se mantiene. Lo que se ha hecho a veces es aligerar un poco el texto, porque era bastante largo. Más que cambios de fondo en muchas recomendaciones ha habido sobre todo un cambio de forma. Sí ha habido por ejemplo un cambio en la recomendación 12, que habla de la edad de jubilación. Hemos pedido que en el plazo de tres meses el Ministerio haga un análisis en profundidad de las jubilaciones anticipadas con coeficiente reductor, deslindar cuáles han sido voluntarias y cuales forzosas por la situación de crisis anterior por si hubiese que rectificarlos para evitar inequidades. La propuesta de alguna asociación es quitarlos totalmente, pero bueno, en todo caso que se analice todo esto en profundidad y se determine qué colectivos son los afectados.

–¿Pero la postura de la comisión entonces es favorable a solucionar esos casos injustos de personas abocadas a la jubilación con fuertes recortes?

–Sí, sí, en efecto. Luego ya la solución la tendrá que poner el Gobierno encima de la mesa.

–¿Apoya la decisión anunciada por el ministro Escrivá de penalizar las jubilaciones anticipadas?

–No quiero dar opiniones personales. No todas las jubilaciones son iguales y tienen que regularse las jubilaciones anticipadas de los colectivos con tareas penosas o insalubres. También de las personas con discapacidad. Y luego hay personas que sin formar parte de estos colectivos tienen problemas de salud y para eso existe la pensión de invalidez o gran invalidez. A veces se busca como opción la jubilación anticipada cuando lo que hay que hacer es concederle una pensión de invalidez, si está justificado desde el punto de vista médico. Por otro lado, no se va a incrementar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años, pero sí queremos ir yendo poquito a poco haciendo cuadrar la edad de jubilación real a la legal. Por eso también instamos a incentivar que aquellas personas que quieran puedan alargar la edad legal de jubilación.

– Y si lo que se busca es alargar, ¿no es incongruente que el Pacto de Toledo mantenga los privilegios de los funcionarios de clases pasivas a jubilarse a los 60 años?

– Ya, pero es que en la vida cuando uno accede a algo tiene unas condiciones, tiene unos derechos adquiridos que la recomendación pide que se respeten.

–Una de las medidas acordadas y que ya se ha iniciado es traspasar todos los gastos que no sean pensiones al Estado para terminar con el déficit de la Seguridad Social, pero esto solo traslada este problema a otra parte.

–Los trabajadores de este país, con cotizaciones, han contribuido a que la sanidad sea la que es, han contribuido a que existan complementos a mínimos, a que haya prestaciones no contributivas, prestaciones de maternidad y paternidad... Hemos ayudado a muchas políticas sociales y resulta que llega un momento de crisis, bajan los salarios y las cotizaciones, ya no tenemos para pagar lo nuestro pero seguimos pagando cosas que se tenían que pagar con impuestos. Todo esto hay que clarificarlo y luego solo cumplir la ley, que dice que las prestaciones no contributivas se financian exclusivamente con los presupuestos generales del Estado y las contributivas se financian básicamente con cotizaciones, pero también se pueden inyectar impuestos.

–Es decir, que harán falta más impuestos para pagar las pensiones.

–Si queremos hacer el sistema de pensiones sostenible, hay que hacer muchas cosas. Más empleo y empleo de más calidad, reordenar todos los gastos y todos los ingresos de la Seguridad Social, controlar el fraude... Y luego, evidentemente, reforzar los presupuestos de la Seguridad Social primero con transferencias del Estado para acabar con el déficit y luego en un futuro probablemente habrá que reforzarlo como están haciendo otros países: vía impuestos. Esto es así y eso implica que hay que hacer una reforma fiscal potente, porque en nuestro sistema fiscal tenemos varios puntos menos que en otros países de la UE equiparables. Luego además hay que hacer una lucha sin cuartel contra el fraude laboral, contra el fraude a la Seguridad Social y contra el fraude fiscal. Con el plan director que pusimos en marcha siendo yo ministra se consiguieron aflorar 187.000 puestos de trabajo, lo que implicó una recaudación de más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social.

–Hay quien interpreta que el Pacto de Toledo abre la puerta a crear un impuesto a los robots.

–No se dice eso, pero sí se dice que el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social más allá de las cotizaciones para corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones en un contexto productivo y demográfico muy distinto al del sigo XX. Así se reforzaría la estructura financiera del sistema. A lo mejor no es un impuesto a los robots, pero a lo mejor sí a las empresas que estén muy mecanizadas, muy robotizadas, que tengan que hacer un plus de contribución.

–Pese a la recomendación del Pacto de Toledo y a la mala prensa que genera, en 2021 volverá a utilizarse la figura del préstamo para pagar las pensiones. ¿Considera que habría sido mejor eliminarlo ya este año?

–Los ciudadanos de a pie lo que quieren es seguir cobrando sus pensiones puntualmente todos los meses. ¿Que sería ideal que el año que viene no hubiese prestamos? Sí, pero estamos en covid- 19, el impacto de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social está siendo muy dañino, y en estos momentos no se puede. Hay que reorientar el trasatlántico de la Seguridad Social, pero es de tal envergadura que no se puede ni debe dar un volantazo. Y lo esencial es garantizar que todos los pensionistas cobren puntualmente su pensión.

–El actual documento deja más abierta la recomendación sobre el fondo de reserva. ¿Por qué se ha eliminado que tenga un mínimo del 7% del gasto anual en pensiones contributivas?

–Sinceramente, no hemos querido poner ningún porcentaje porque en estos momentos no hay excedentes. Pudiéramos haber puesto el que nos dé la gana, pero no se va a poder cumplir en estos próximos cinco años. Por eso hemos considerado de forma unánime que había que eliminar ese porcentaje. El fondo de reserva hay que mantenerlo porque a nivel público pasa igual que a nivel privado: es bueno tener unos ahorros porque dan mucha tranquilidad.

«No nos podemos plantear qué hacemos con las pensiones de viudedad hasta que no haya igualdad»

– Se ha generado cierta alarma en torno a las pensiones de viudedad al instar a llevar a cabo una reformulación integral. ¿Hay razones para ello?

– Creo que no genera mucha alarma porque se deja apuntado pero sin profundizar. Y en la comisión se tiene claro que no se puede plantear qué hacemos con las pensiones de viudedad y si se condicionan a rentas o se hace incompatible con otra pensión hasta que en este país no haya una equiparación laboral entre hombres y mujeres, hasta que no sean siempre las mujeres las que tienen más precariedad laboral, más contratos a tiempo parcial, hasta que no haya una corresponsabilidad real dentro de las casas y tengan a igual trabajo igual salario, hasta que no consigamos acabar con la brecha de género en pensiones. A lo mejor ya cuando nos hayamos equiparado todos y todas en el mercado de trabajo y en las pensiones y todas las mujeres tengan una pensión de jubilación, a lo mejor en ese momento se puede plantear qué hacemos.

– Otra de las puertas que dejan abiertas es establecer cuál es una pensión digna y fijar un mínimo. ¿No debería haber hecho ya este trabajo la comisión?

– El Pacto de Toledo llega a un punto de encuentro de todos, pero luego tiene que ser el Gobierno de turno el que haga un análisis para ver cómo se tiene que hacer esto. Sería bueno tener referenciadas las pensiones igual que se recomienda que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. Por otro lado, se dice que hay que analizar también el tema de la pensión máxima y la cotización máxima, porque la cotización máxima es bastante superior a lo que luego puede quedar de prestación máxima. Hay que establecer también una ratio de pensión máxima y cotización máxima para no quebrar muchísimo el principio de contributividad.

 

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 Cuando El Empecinado llenó Cáceres de terror y las bibliotecas quemadas,.

 

Pasada la una de la tarde, Caridad siempre hace lo mismo. «Voy a ver el parte de Guerra», dice, y mira en Hoy.es la información diaria de la Junta de Extremadura con los muertos en las últimas 24 horas por coronavirus, indicando los fallecidos en cada una de las ocho áreas de salud de Extremadura. Luego se levanta renqueante de la silla de ruedas y, apoyándose en los muebles, se acerca a un tablón para apuntar los muertos en un estadillo. Ahí lo tiene todo detallado, desde la primera muerte de Arroyo de la Luz, el 11 de marzo, hasta los más de 400 que llevamos. El pasado jueves, tras apuntar, hizo un triste resumen: «Ya han caído en esta guerra 407 personas en Extremadura, 208 son del área de salud de Cáceres, más de 90 en residencias de ancianos de la ciudad de Cáceres. ¡Maldita guerra!».

 

 

Como estaba viendo que se me andaba alterando, me acordé de lo que me dijo la compañera María Fernández: «Engánchale a la serie El Ministerio del Tiempo, que va de historia de España y le va a gustar». Le puse el primer capítulo, y empecé a planchar ropa, viendo que el remedio estaba siendo peor que la enfermedad.

 

 

En el primer capítulo, gente actual del Ministerio se trasladan a la España de 1808, e intentan que no muera antes de tiempo El Empecinado, ya que tiene que vencer a los franceses con su guerra de guerrillas, y convertirse en un héroe de la Guerra de la Independencia Española. Cuando trasladan en el tiempo a un equipo de UCI móvil para curarle, Caridad, que llevaba tiempo removiéndose en su silla de ruedas, comenzó a gritar:

 

 

–¡No le salvéis! ¡Dejarle que se muera! Que bastante nos la lió en Cáceres.

 

 

–Pero ¿Qué pasa? ¿Es que no puedes ver la televisión sin alterarte? – dije dejando de planchar el envés del cuello de una camisa.

–Es que este hombre – señaló con una mano al protagonista que estaba como agonizando mientras le ponían un gotero –. Ese de ahí, organizó una matanza en Cáceres que ni pa qué, hace de ello casi dos siglos, en octubre de 1823. ¿No sabes que El Empecinado estuvo aquí?

–¡Qué va a saber este juntaletras! – dijo entonces el difunto Sanjosé, que no me había dado cuenta de que estaba viendo también la serie repantigado en el sofá.

–Vaya. El que faltaba – dije temiéndome lo peor.

Los dos empezaron a hablar de Juan Martín Díez, llamado El Empecinado, un personaje que no sabía yo que para unos era un héroe y para otros un villano. «En la serie que en 1976 hizo Antonio Gala para Televisión Española – dijo Sanjosé –, que creo que se llamaba Paisaje con Figuras, Gala lo describió de una manera curiosa: 'Español de los pies a la cabeza, inculto y prodigioso. El mejor guerrillero de la Guerra de la Independencia'. Benito Pérez Galdós también le dedicó una novela en sus Episodios Nacionales».

Dijeron que había nacido en 1775 en Castrillo de Duero, un pueblo de Valladolid, y que siendo labriego en 1808 empezó a luchar contra los invasores, después de matar a un soldado francés que había violado a una vecina. Luego fue ganando eficacia en sus guerrillas, hasta llegar a mandar a 6.000 hombres. Los franceses intentaron capturarle deteniendo a su madre. La respuesta del hijo fue que si no la soltaban fusilaba a 100 soldados franceses... y la soltaron.

Terminó la Guerra siendo ascendido a mariscal. Era enemigo de Fernando VII, que le desterró a Valladolid, pero volvió a las armas para apoyar el levantamiento militar de Riego, y enfrentarse al peor rey de España.

–Pero bueno - dije yo un poco cansando de tanta historia –. ¿Qué es lo que hizo en Cáceres?

–Pues en 1823 vino a Extremadura escapando de los Cien mil hijos de San Luis, que pusieron al inútil de Fernando VII en el trono como rey absoluto – explicó el compañero enfermo –. El 12 de octubre llegó con sus tropas a Aldea del Cano, y al día siguiente vino a Cáceres, pero aquí ya estaba un gobierno partidario de Fernando VII, y después de andar batallando seis horas, El Empecinado se retiró a Casar de Cáceres. Pero volvió el 17 de octubre y se lió gorda.

–¿Qué pasó? – pregunté.

–Pues por la mañana, a las nueve y media, sus jinetes quemaron el monasterio de San Francisco; para luego atacar por el lado opuesto, por San Blas, por donde llegaron hasta el consistorio, en la Plaza Mayor. A las cuatro de la tarde la ciudad ya estaba vencida, al rendirse los últimos en la calle Moros (ahora General Margallo). Empezaron entonces los fusilamientos de cacereños, y las violaciones a las mujeres.

–Hay historiadores como Publio Hurtado – añadió Sanjosé –, que cuentan que mataron a niños de pecho junto a sus madres. Que se encontraron cadáveres sin ojos y algunos a los que les habían cortado sus órganos genitales para ponérselos en la boca. Un horror que duró tres días, porque no se fueron hasta el día 19 por la mañana. Dejaron aquí 36 muertos, 75 edificios incendiados y 43 casas saqueadas, muchas de ellas eran palacios.

Caridad me enseñó una foto de 1886 de la Plaza Mayor. «Mira, en esta casa apuntalada – me dijo señalando un edificio – estaba la cárcel de la villa. Aquí tuvieron presos a varios realistas, a los que sacaron a las ocho de la mañana del día 18, y los fusilaron justo al lado, en donde ahora están las escaleras del Ayuntamiento. Por cierto, cuando ocurrió la masacre no estaba el edificio, porque se inauguró en 1869».

Contaron que El Empecinado se escondió en Portugal, y que llegaron los realistas otra vez a Cáceres. Se detuvo a 17 liberales que terminaron en el patíbulo; menos uno, un tal Juan Crisóstomo Rubio que logró morir envenenado en la cárcel. No debió ser muy listo El Empecinado, porque hubo una amnistía en 1824. Preguntó al Gobierno si podía volver a España después de todo lo que había hecho. Le dijeron que sí y él, creyéndolo, pisó tierra española y fue apresado, ajusticiándole en Roa de Duero (Burgos) el 20 de agosto de 1825. Tenía 49 años. Le ahorcaron como si fuera un bandolero, cuando él quería morir fusilado como un militar.

Se enfrascaron entonces los dos amigos en ver cuál fue la peor guerra para Cáceres: si aquella de hace dos siglos, o esta del coronavirus, y los dos llegaron a la conclusión que esta. «Mirad – dijo Sanjosé –Hubo una buena consejera socialista de Acción Social en Extremadura, María Ángeles Bujanda, que murió en accidente de tráfico el 29 de enero de 1988. Me acuerdo que cuando yo trabajaba no se cansaba de repetirme lo importantes que son los ancianos, y me repetía una frase de Amadou Hampâté, un escritor de Malí del siglo XX: 'cuando un anciano muere, una biblioteca arde'. Con El Empecinado en Cáceres hubo muertes, sí; pero no tantas como ahora, cuando vemos que el fuego está acabando con cientos de bibliotecas a nuestro alrededor».