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 La retribución al accionista, un colchón de seguridad,.

 

Existe la creencia de que las compañías con elevada rentabilidad por dividendo resisten mejor los periodos de caídas bursátiles. Ello obedece a dos razones: los inversores son más resistentes a vender, dado que cuentan con el incentivo del dividendo; y, por otro lado, las empresas que se pueden permitir retribuir a sus inversores suelen ser más estables y menos sometidas a los vaivenes del mercado. 

 

 

 

Así lo afirma Javier Molina, portavoz de eToro en España: el dividendo actúa como colchón de protección y contribuye a que el rendimiento final que obtiene un inversor que apueste por compañías con elevada rentabilidad por dividendo pueda ser mayor -o menos malo- que el del conjunto del mercado, sobre todo cuando vienen mal dadas en Bolsa. Ello, porque en los momentos positivos para la renta variable, las empresas que sacan más partido son las de crecimiento que, como su propio nombre indica, suelen destinar sus recursos a invertir y a crecer, más que a repartirlos entre los inversores.

En todo caso, según las estadísticas de Allianz, el dividendo, al menos en Europa, ha sido un componente decisivo de la rentabilidad total obtenida por los inversores en las últimas décadas. Hasta tal punto que, en los primeros años 2000, logró mermar los números rojos cosechados por las acciones y en el quinquenio siguiente hizo posible que la inversión bursátil batiera a la inflación.

No hay que olvidar, sin embargo, la recomendación de Jesús de Blas, de Bankoa: hay que ver si toda la rentabilidad por dividendo corresponde a una retribución en especie y no a pago en acciones, recompra de títulos.

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España, al acecho de los grupos extranjeros por las empresas estratégicas,.

Energéticas, tecnológicas y transportes, cubiertos con el escudo anti-OPA de la pandemia para evitar que la economía caiga en manos foráneas,.

 

Oficinas de Naturgy en Madrid,.

Hace ahora un año, pocos pensarían que el Estado podría vetar una oferta de una empresa extranjera sobre otra española. O, al menos, que podría hacerlo con una ley en vigor que se lo permitiera, sin usar subterfugios y negociaciones que en otras épocas marcaron algunos de los asaltos —o conatos de asalto– más conocidos en la historia reciente económica de España. 

 

 

Con los mercados desplomándose (la Bolsa cayó un 40% en apenas un mes), el Ejecutivo aprobó un decreto que le permitía paralizar el desembarco de cualquier compañía ajena a la UE en uno de los negocios nacionales considerados como «estratégicos». Y lo podían haber hecho, porque los precios de muchas multinacionales del país estaban a verdadero precio de ganga. 

 

 

 

El tiempo pasó. Y el temor a un caballo de Troya sobre algún sector clave para la economía, también. Han tenido que transcurrir nueve meses para que los miembros del Consejo de Ministros ya estén pensando qué posición tomarán ante la OPA parcial que un fondo australiano (IFM) ha lanzado sobre casi el 23% de Naturgy. La eléctrica es «estratégica», como anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Dejaba claro que Moncloa tendrá la última palabra. 

 

 

Entre las firmas españolas, ya hay posiciones clave de firmas extranjeras tanto en las eléctricas como en la banca, pasando por las aerolíneas y los negocios de telecomunicaciones. Pero hasta ahora no había llegado ninguna oferta de calado para hacerse, como en el caso de la gasista, con casi una cuarta parte de su accionariado.

Es la nueva vuelta de tuerca que el virus ha dado al mercado. Los Estados tienen ahora beneplácito para participar, bien con rescates, bien con vetos, en determinadas actividades. «Los países deben poner en valor sus empresas y protegerlas, ya que no todos juegan con las mismas reglas», explica Diego Pitarch, profesor del Master in International Finance del IEB. «No es una vuelta atrás», matiza. «Pero sí que deben motivar y hacer crecer las empresas nacionales, sin intervención directa, dejándolas operar y tomar sus decisiones». «Que el Estado actúe como hermano mayor no es algo negativo», apunta Pitarch.

De EE UU a Europa

Todos los vecinos europeos –también al otro lado del Atlántico, como en EEUU– lo están haciendo. Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School, aclara que el actual contexto «lo que nos dice es que el sector privado no es capaz de financiarse de por sí sin una sinergia de lo público», afirma. Este experto considera que el paso de la Administración sobre una determinada compañía debe ser «temporal». Y, sobre todo, que se mantenga ajeno a la gestión.

En el radar de fondos y corporaciones extranjeras hay siempre varias compañías españolas. Aunque no están identificadas en el decreto que el Gobierno aprobó en pleno primer estado de alarma, las firmas estratégicas españolas «son las que sirven para defenderte y evitar que te controlen el país», asume Cermelli. En este selecto grupo ultra-protegido se encuentran todas las del sector energético, las tecnológicas y de telecomunicaciones, infraestructuras y construcción, así como los bancos y el turismo.

En el último año,Alemania ha rescatado a su aerolínea de bandera Lufthansa;Italia aprobó en febrero un decreto similar al que después se instauró en España;y Francia acaba de vetar la OPA de un grupo canadiense sobre Carrefour. «En realidad, el mercado no está respondiendo mal ante estas circunstancias porque no hay nada más solvente que un Estado», explica Joaquín Robles, analista de XTB.

Toda una Administración detrás –total o parcialmente– de una compañía tampoco supone un hándicap para el erario público: si se opone a una operación, se asegura mantener el control de un sector clave en la actividad del país ante posibles contingencias inesperadas, como ha demostrado el coronavirus.

Y si entra en el accionariado, obtendría dividendos y hasta mejorará la recaudación. España lo hará en breve en el sector bancario en CaixaBank, a través de su 60% actual en Bankia, nacionalizada en plena crisis de 2012.

 

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  La solidaridad,.

 

 

 La Consejera de Estado de Myanmar Aung San Suu Kyi,.

 

 

 La solidaridad, la tolerancia y la justicia son valores imprescindibles para lograr una sociedad mejor para todos. Somos ciudadanos del mundo con el derecho a vivir y a ser respetado. Este blog quiere ser lugar de encuentro entre la Psicología y la Vida de todos los que lo deseen. Es posible hacer un mundo más justo. 

 

 

 

Poco antes de que los recién elegidos miembros del parlamento de Myanmar, la antigua Birmania, juraran hoy su cargo, los militares han detenido a la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, al presidente, Win Myint, y a otras figuras destacadas del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

 

 

Posteriormente los militares han anunciado que tomarán el control del país durante doce meses y han declarado el estado de emergencia. Se trata de un golpe de Estado, con independencia de que los militares usen o no ese término.

 

 

Unas elecciones conflictivas y acusaciones de fraude

En noviembre, la LND y Suu Kyi obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones generales. En estos comicios, además, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), apoyado por el ejército, obtuvo malos resultados en sus principales feudos electorales.

Humillado por el resultado, el PUSD denunció que en las elecciones se había producido un fraude masivo. Sin embargo, todos los observadores internacionales, entre los que se incluían miembros del Centro Carter, de la Red Asiática para unas Elecciones Libres así como una misión de observación electoral de la UE, afirmaron que habían sido unos comicios limpios. En el informe preliminar de la misión de la UE un 95% de sus observadores calificaron el funcionamiento del proceso electoral como «bueno» o «muy bueno».

Organizaciones locales con una sólida reputación, como la Alianza Popular para unas Elecciones Limpias (APEL), respaldaron la opinión de los observadores. Todas estas organizaciones publicaron un comunicado conjunto el 21 de enero en el que afirmaban que los resultados de las elecciones son fiables y reflejan la voluntad de la mayoría de los votantes.

Sin embargo, y tomando como ejemplo al presidente Donald Trump, el PUSD realizó acusaciones de fraude sin ninguna prueba sólida en una maniobra diseñada para dañar la legitimidad de las elecciones.

Al principio los militares no respaldaron las denuncias del PUSD, pero poco a poco fueron apoyando a dicho partido al punto de que durante la pasada semana el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, evitó descartar la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado.

Un día después las autoridades electorales del país rompieron un silencio que había durado semanas para rechazar de forma tajante las denuncias de fraude generalizado del PUSD, lo que allanó el camino para que se produjera lo que el historiador local Myint-U denomina la mayor crisis constitucional [de Myanmar] desde la abolición de la antigua Junta en 2010.

El acuerdo entre civiles y militares para compartir el poder

Es muy difícil adivinar de qué modo podrían los militares beneficiarse de las acciones que están llevando a cabo, pues el acuerdo para el reparto de poder que alcanzaron con la LND bajo el mandato legal de la Constitución de 2008 ya les permitió aumentar su influencia y su poder económico dentro del país.

Los militares ya gobernaron Myanmar durante medio siglo, tras el golpe de Estado de 1962 liderado por el general Ne Win. En 1988 un nuevo grupo de militares se hizo con el poder en lo que fue calificado como un «auto-golpe». Esta nueva Junta, encabezada por el general Than Shwe, permitió que en 1990 se celebraran unas elecciones, en las que se impuso de forma arrolladora el partido de Suu Kyi. Los líderes militares, sin embargo, se negaron a reconocer los resultados.

En 2008 la Junta elaboró una nueva Constitución que reservaba el 25 % de los escaños del parlamento nacional a los militares y les permitía nombrar al vicepresidente del país así como a los ministros de Defensa, Asuntos Fronterizos e Interior. Las elecciones de 2010 fueron boicoteadas por la LND, pero dicha formación obtuvo una victoria arrolladora en los siguientes comicios, celebrados en 2015.

Desde comienzos de 2016 Suu Kyi ha sido la líder de facto de Myanmar, aunque hasta ahora no ha existido una autoridad civil capaz de fiscalizar al ejército. Hasta la semana pasada las relaciones entre las autoridades civiles y militares eran tensas en ciertos momentos, aunque en líneas generales estaban marcadas por la cordialidad. Se basaban en el reconocimiento mutuo de intereses coincidentes en ciertas áreas clave de la política del país.

De hecho, este pacto para el reparto de poder ha sido extremadamente cómodo para los militares debido a que les daba una total autonomía en asuntos de seguridad y les permitía mantener sus enormes intereses económicos.

Este acuerdo permitió que en 2017 los militares realizaran «operaciones de limpieza» contra el estado de Rakáin, lo que provocó un éxodo a Bangladesh de 740 000 personas, la mayoría musulmanes rohingyas.

Al principio de dichas operaciones, Suu Kyi defendió con intensidad tanto a su país como a los militares ante la Corte Internacional de Justicia. Pero la reputación de Myanmar (y la de la propia Suu Kyi) se vio gravemente afectada, y nunca volvió a recuperarse.

Sin embargo, había un desacuerdo clave entre la LND y los militares: las prohibiciones constitucionales que impedían que Suu Kyii ocupase de forma oficial el cargo de presidenta del Myanmar. Además, algunos líderes de la LND habían manifestado su honda preocupación por el hecho de que el Ejército tuviera el papel de árbitro permanente en todo tipo de cuestiones legales y constitucionales.

Un paso atrás para Myanmar

Con independencia de cómo se desarrollen los acontecimientos durante esta semana y en el futuro, la frágil democracia de Myanmar ha sufrido un duro golpe como consecuencia de la acción de los militares.

Es cierto que el Gobierno de la LND ha cometido errores, pero un golpe militar es un claro paso atrás para el país (y supone además una mala noticia para la democracia en la región).

Es difícil ver esta maniobra como algo distinto a un intento por parte del general Min Aung Hlaing de mantener su destacada posición en la política nacional, y que es que está obligado a retirarse este año, cuando cumpla los 65 años. Dado el escaso éxito electoral del PSSD, parece que no hay otras vías posibles para conservar el poder que llegar a la presidencia de este modo.

El golpe será contraproducente para los militares por diversos motivos. Habrá Gobiernos en todo el mundo que ahora serán más proclives a aplicar (o ampliar) sanciones contra miembros del ejército. De hecho, Estados Unidos ha publicado un documento en el que afirma que «tomará acciones» contra los responsables del golpe. También es probable que se desplome la inversión extranjera en el país (con la posible excepción del dinero procedente de China).

Además, dado que los ciudadanos de Myanmar han disfrutado de una década de libertades políticas cada vez más amplias, parece poco probable que ahora quieran colaborar con un nuevo Gobierno impuesto por los militares.

Las elecciones generales de 2020 volvieron a hacer patente tanto el descontento con el papel del ejército en la política nacional como el hecho de que Suu Kyi sigue manteniendo su popularidad. Su arresto daña la frágil coalición que estaba conduciendo a Myanmar en este periodo lleno de riesgos, y podría además provocar que saltase por los aires la beneficiosa distensión entre el poder civil y las fuerzas armadas.