La venta de libros de texto en centros concertados indigna a los libreros,./ LA CHICA VIERNES, MARIA DEL CARMEN FRAILES,. HASTA ENERO NO SE SABE SI ME DARÁN UNA VIVIENDA O NO,.

TÍTULO: La venta de libros de texto en centros concertados indigna a los libreros,.

El gremio acusa a los colegios de competencia desleal mientras que los padres de alumnos defienden el ahorro que estas tiendas generan a las familias,.foto,.

 «Los libros se tienen que vender en las librerías, igual que los medicamentos se venden en las farmacias». José María Casado, de la librería Universitas de Badajoz, resume así una de las cuestiones que más indignación causa entre los miembros de su gremio. La venta directa de libros de texto en los centros concertados de todo el país tiene en alerta a un sector en recesión.

• Sonrisas y lárimas en el primer día de colegio

A la crisis económica, se suman las profundas heridas provocadas por la piratería y el nuevo mercado del libro digital. Para el gremio, la venta de libros de texto fuera de sus dominios ha puesto sal en esas llagas abiertas. «Si antes nos podíamos mantener todo el año solo con estas ventas, ahora llegan los colegios concertados y se ponen a vender», sentencia José Luis García, de la placentina Librería Mayorga., etc.

 TÍTULO:  LA CHICA VIERNES, MARIA DEL CARMEN FRAILES,. HASTA ENERO NO SE SABE SI ME DARÁN UNA VIVIENDA O NO,.
 

«Hasta enero no se sabe si me la darán o no», apunta. Pero no puede aguantar más. La situación es tan desesperada que su hijo ha escrito ...foto,.

 María del Carmen Frailes es una de las más de cien personas que esperan que el Consistorio termine el proceso de adjudicación de viviendas,.

María del Carmen Frailes está separada y no tiene trabajo. Cobra 426 euros de la Renta Activa de Inserción, que se concede a parados de larga duración que han agotado sus prestaciones por desempleo. Además, tiene reconocida una dispacacidad física y psíquica (está diagnosticada de depresión) del 50%. Si quiere pagar una casa no puede hacer frente a gastos como el material escolar necesario para que su hijo de 9 años pueda empezar hoy las clases. Pero el mes que viene termina esta ayuda. De ahí que necesite de forma urgente una vivienda social.
Según afirma, lleva tres años que esperando una casa, para lo que ha acudido tanto al Ayuntamiento de Mérida como a la Junta de Extremadura. En agosto del pasado año le indicaron en la Consejería de Fomento que su caso sería evaluado para una adjudicación directa cuanto terminara el proceso de entrega de 40 viviendas sociales en la ciudad. Se sortearon entre 288 personas que cumplían los requisitos. Ahora hay una nueva convocatoria en marcha, con otras 20 viviendas para unos 110 aspirantes. Aún no se ha solucionado el problema de Carmen.
«Hasta enero no se sabe si me la darán o no», apunta. Pero no puede aguantar más. La situación es tan desesperada que su hijo ha escrito una carta al presidente de la Junta, José Antonio Monago, en la que le pide que «deje de inaugurar tantas carreteras, edificios y hacer tantos viajes con dinero de la gente» y que «escuche al pueblo».
«Mi madre no vive con mi padre y es una luchadora porque nadie le hace caso y está enferma, pero sigue luchando por mí y por nuestra tranquilidad», continúa la carta.

Pendientes del Consistorio

María del Carmen Frailes está a la espera de que el Ayuntamiento de Mérida resuelva el nuevo proceso de adjudicación de viviendas, que se está alargando más de la cuenta por diferencias entre los partidos con representación municipal.
La delegada de Servicios Sociales, Ana Blanco, indica que tras la celebración de la Comisión Local, el pasado 25 de agosto, el proceso se encuentra paralizado «por culpa de IU Mérida y el PSOE». El objeto de dicha comisión era aprobar la lista provisional de los solicitantes que cumplen con los requisitos. Después de resolver incluso los recursos de alzada, se cuantifican en 109 los aceptados de los 175 que se presentaron. «Se puso en entredicho el procedimiento al considerar que debe ser la Comisión Local la que los seleccionase», indica Blanco. Añade que por eso la delegación ha puesto a disposición de los miembros los expedientes para que consulten lo que quieran. «Lo que supone un auténtico retraso», recalca Blanco.
Por su parte, tanto PSOE como IU Mérida denuncian que el procedimiento no se ajusta a la normativa vigente que regula las adjudicaciones. Según el PSOE, deberían haber estado presentes desde el inicio de los trámites. Por su parte, IU señala que las valoraciones de las solicitudes no era un trabajo de los técnicos de Servicios Sociales, sino de los miembros de la comisión.
Ambos solicitan a la delegada un informe jurídico que avale el trabajo realizado hasta ahora y que la comisión se reúna de nuevo para valorar las solicitudes. Trabajo, que según la concejala socialista Carmen Yáñez podría haber sido ya impugnado por no ajustarse a la normativa. «Hemos sido flexibles precisamente por la emergencia social».