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miércoles, 27 de diciembre de 2017

REVISTA CAMPO - TAPAS Y BARRAS - UN PAIS PARA COMERSELO -El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno. / EL OBJETIVO LA SEXTA - El nuevo jefe superior de Policía de Extremadura fue el responsable de Antidisturbios durante seis años ,.

TITULO: REVISTA CAMPO - TAPAS Y BARRAS - UN PAIS PARA COMERSELO - El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno.
 
REVISTA CAMPO - TAPAS Y BARRAS - UN PAIS PARA COMERSELO - El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno. , fotos.

El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno.

El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno,.

Vista general de las instalaciones del proyecto Castor frente a las costas de Vinarós (Castellón). :: efe/
Vista general de las instalaciones del proyecto Castor frente a las costas de Vinarós (Castellón). 

Le reprocha que no explicara la «urgencia» en abonar los 1.350 millones ni su cargo al sistema gasista, aunque sí valida la hibernación del proyecto


Resultat d'imatges de TAPAS Y BARRASEl Gobierno pecó de una rapidez inusitada al abonar la polémica indemnización por el fallido proyecto energético Castor, un almacén submarino de gas natural ubicado a unos 22 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón). Fue en octubre de 2014 y ahora, algo más de tres años después, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado aquella decisión justo porque el Ministerio de Energía abusó de las prisas.
Resultat d'imatges de UN PAIS PARA COMERSELOBásicamente, lo que ha resuelto el órgano máximo intérprete de la Carta Magna es que el Ejecutivo no acreditó «la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad» que justificara que optara por la vía del decreto ley para resolver este asunto, mucho más ágil pero al mismo tiempo más restrictiva de cara al debate parlamentario. El TC admite, eso sí, que «apreciar si concurren» tales circunstancias especiales «constituye un juicio político» que corresponde al Gobierno y al Congreso, pero advierte de que es precisamente él quien debe «controlar» que «no desborde los límites de lo manifiestamente razonable».
No obstante, los magistrados no entran a valorar si los 1.350,73 millones de euros abonados al consorcio Escal UGS, donde la compañía ACS era socio mayoritario, se corresponden o no realmente con la inversión realizada -el entonces ministro José Manuel Soria insistió ante el Parlamento en que era el «valor (neto) auditado»-. Tampoco discuten otros 110,7 millones de la retribución provisional ya anticipada.
Pero sí reprochan al Gobierno su prontitud excesiva en el pago, que se ordenó hacer de una sola vez y «en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor» del controvertido decreto. «Ni en el preámbulo del mismo ni en su debate de convalidación se ofrece explicación alguna de este término perentorio», se quejan los miembros del Constitucional. «En particular -continúa su crítica-, no se explica qué función cumpla ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia», esto es, el Ministerio de Energía no fundamenta qué tiene que ver «la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación (Castor)» con abonar esa suma multimillonaria en poco más de un mes y ni siquiera fraccionarla.
Tampoco ve justificado que se abusara de la vía del decreto -en vez de recurrir a una ley, de tramitación más sosegada y que da pie a cambios en el Parlamento- para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista». Se refiere el tribunal a que a cambio de hacerse cargo de la citada compensación económica, Enagas -el operador de la red nacional- obtuvo el «derecho de cobro del sistema gasista durante 30 años a partir de 2016». El Ejecutivo solo habló entonces de la conveniencia de esa solución «integral» ante un «eventual ahorro económico», pues así se evitaba que esa operación de crédito computara en términos de contabilidad nacional. Pero, ahora, los magistrados sostienen que no son «auténticas razones de urgencia».

El Gobierno defiende el pago

Aún con todo ello, el ministerio dirigido en esta legislatura por Álvaro Nadal considera que el TC «no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación». En una nota emitida ayer, sostiene que la justicia «no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento», aunque añade que «adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad» la sentencia y sus efectos. Quienes sí se han felicitado ya por el fallo son algunas asociaciones empresariales. Por ejemplo, la patronal catalana Cecot criticó que no era «de recibo» que el coste del fallido proyecto Castor «lo tuvieran que asumir los consumidores» -por la cesión de derechos del sistema gasista y su efecto en la factura-, al ser «resultado de la mala gestión del Estado».
Lo que sí respalda el Constitucional es la decisión del Ejecutivo sobre qué hacer con el almacén submarino de gas, al optar por la hibernación frente a la suspensión general de actividades. Aunque no existía regulación sobre la primera, ve apropiada su resolución «ante la imposibilidad de decidir en ese momento sobre el futuro de la instalación» por temas de seguridad. Y aquí sí ve «justificado» usar «una legislación de urgencia» (decreto) por los plazos requeridos ante una situación imprevista.

 TITULO:  EL OBJETIVO LA SEXTA - El nuevo jefe superior de Policía de Extremadura fue el responsable de Antidisturbios durante seis años ,.
 
EL OBJETIVO LA SEXTA,.

El objetivo es un programa de televisión de entrevistas y actualidad informativa, producido por Globomedia para Atresmedia Televisión y presentado por Ana Pastor García. Es el primer formato español de televisión basado en el género de la verificación de hechos o periodismo de datos. Se emite en laSexta cada domingo a partir de las 21:30 o de las 22:30 horas, según la temporada., etc.

 El nuevo jefe superior de Policía de Extremadura fue el responsable de Antidisturbios durante seis años ,.



El nuevo jefe superior de Policía de Extremadura fue el responsable de Antidisturbios durante seis años,.


José Antonio Togores./HOY
José Antonio Togores. / foto.

El nombre de José Antonio Togores Guisasola saltó a los medios en 2010, cuando contradijo al Ministro de Interior sobre un conflicto diplomático con Venezuela,.


José Antonio Togores Guisasola (Madrid, 1960) es el nuevo jefe superior de Policía de Extremadura. Ingresó en el cuerpo en 1979 y en 1993 ascendió a inspector jefe por oposición. Pese a que lleva 38 años en la profesión se considera joven para este tipo de puesto, sobre todo cuando en la región el máximo mando policial solía ser alguien cercano a la jubilación. Togores, cuyo puesto anterior estaba en Sevilla, le coge el relevo de Miguel García-Izquierdo, en el puesto desde enero de 2012 y que abandonó el cargo el pasado día 16.
El nombramiento de José Antonio Togores Guisasola se conoció este martes a través del Boletín Oficial del Estado. Hasta ahora era jefe de operaciones de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, con base en Sevilla, considerado por tanto el número dos en una comunidad que conoce bien. Anteriormente había sido comisario provincial de la Policía Nacional de Granada desde octubre de 2016.
Entre 2013 y 2016 ha sido consejero de Interior de la Embajada de España en Colombia para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, justo después de su etapa como jefe del Área de seguridad Ciudadana y Operaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Ascendió a comisario por oposición en el año 2004. Togores es tío de la reina Letizia, pero al margen de este detalle anecdótico, si hay un puesto en el que cobró notoriedad pública fue como comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial. Su estancia en el cargo coincidió con una aumento de la intensidad de las protestas callejeras tras el 15M de 2011, ya que Togores fue el máximo jefe de los antidisturbios entre los años 2006 y 2012.
Su nombre saltó a los titulares en el año 2010 cuando contradijo al Ministerio del Interior. Fue al dar su versión, al margen de la oficial, sobre un conflicto diplomático con Venezuela al haber sido retenidos y tratados inadecuadamente por el gobierno de Hugo Chávez 53 agentes españoles que formaban parte de un vuelo con escala en Caracas.
Es licenciado universitario por convalidación de carrera profesional de teniente del extinto Cuerpo de Policía Nacional desde 1984 y tiene infinidad de cursos de especialización, así como condecoraciones, felicitaciones, méritos y distintivos.

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